Una mirada al Marco Fiscal de Mediano Plazo (2021)

Una mirada al Marco Fiscal de Mediano Plazo (2021)

Una mirada al Marco Fiscal de Mediano Plazo (2021)

 

Por: Juan Camilo Rojas Arias: Abogado candidato a Doctor, con Máster en derecho económico y políticas públicas e internacional (LLM), Especialista en derecho comercial con profundización en el área de derecho económico, internacional y de la administración pública. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la nueva versión del Marco Fiscal de Mediano Plazo (en adelante MFMP) – Articulo 1 Ley 819 de 2003-. Este es uno de los documentos más importantes de la política económica en Colombia, ya que por ley debe detallar la visión de las autoridades sobre el rumbo de las finanzas públicas al año presente como en los próximos 10 años. Visión hoy en día muy observada bajo un escenario de suspensión de la aplicación de la regla fiscal, con lo cual, se dejaron de tener metas para el balance del Gobierno Nacional Central (GNC) dificultando la observación de la gestión fiscal de la nación, de tal suerte, las señales contenidas en el MFMP adquieren especial trascendencia en la coyuntura actual.

Este MFMP recién sacado del horno por el Ministerio de Hacienda, resulta muy interesante de analizar dado que se estructura sobre una coyuntura bastante retadora, en donde las proyecciones, los análisis y los supuestos de funcionamiento económico de la nación y la gestión fiscal se realizan en escenarios de alto dinamismo político dado el eventual proceso legislativo de Congreso y Presidencia que se dará en el 2022, el cierre de una pandemia, procesos de vacunación disimiles a nivel mundial -la proyección en Colombia es que al final del 2021 el 70% de la población este vacunada-, reactivación económica, gasto social creciente, medidas de ajuste tributario, estrategias de enajenación de activos, política exterior y cooperación internacional entre otros.

Así las cosas, para 2021, los ingresos totales del GNC serían de $179,23 billones -16,2% del PIB-. De estos, los ingresos tributarios serían por un valor de $151 billones y $28 billones por otras fuentes de recursos. Los gastos se totalizaron por $274,9 billones - 24,8% del PIB-, este concepto desagregado se podría ver así: Por intereses se deberá asumir $36,7 billones; por gastos de funcionamiento $197 billones; por inversión $30,08 billones y los gastos que se mantendrían por cuenta del Proyecto de inversión social serian de la magnitud de $11,11 billones.

En términos generales se pueden extraer algunas conclusiones importantes; por ejemplo, se reconoce la importancia de una visión gradual del ajuste fiscal -empezaría en 2023 recogiendo el proceso de recuperación económica que inicia este 2021-, en la medida que el gasto público no se puede contraer de forma inmediata al proceso de reactivación económica -que no se da de rebote inmediato-, sino que los apoyos sociales deben extenderse al 2022 a fin de proteger a los más vulnerables y no afectar el proceso de recuperación económica. En esta vía, puede ser inquietante el optimismo excesivo plasmado sobre el potencial recaudo esperado de la reforma fiscal -Ley de Inversión Social- que se está discutiendo actualmente, la cual, en si depende de eventos cuya realidad no es predecible de forma certera y sobre esto se proyecta un recaudo mas elevado en promedio que las últimas reformas realizadas – el recaudo proyectado es de 13,6% del PIB para el año 2021, 14,2% del PIB para el 2022 y 15,8% del PIB  para el 2023, sobre la base que la actual Ley de Inversión social incremente el recaudo en 1,2% del PIB-.

Por su parte, el financiamiento ha sido y será la mejor carta estratégica del gobierno -de ahora y de antes- aliviando los riesgos de liquidez a los que se enfrenta en el cumplimiento de sus obligaciones.

Un aspecto a resaltar en esta edición del MFMP es la tendencia de mayor transparencia al abrir mas datos de sus proyecciones de ingresos y gastos, así mismo, a no incluir dentro de los datos del balance del Gobierno Nacional Central los ingresos eventuales y no recurrentes que pueden distorsionar las proyecciones de ingresos -ejemplo: la estrategia de enajenación de activos-.

Finalmente, se resaltan que la mayor parte del reajuste fiscal luego de la expansión del gasto social y de reactivación económica recaerá en el próximo gobierno, lo cual, si bien no es nuevo, ya que ha sido una tendencia tradicional de la gestión fiscal colombiana distribuir las cargas presentes con los gestores futuros, esta decisión sobre el margen del actual gobierno, si pone sobre la mesa elementos de análisis político y sociales preponderantes que se decantaran alrededor del proceso electoral del año 2022. La voluntad popular, el cumplimiento de los hechos que fundamentan las perspectivas económicas y el programa de inversión, gasto y disciplina fiscal que se ponga sobre la mesa en el debate político, nos marcará el camino de preocupación o alegría sobre las perspectivas del país, al final, no solo se trata de favorecer la percepción de los agentes externos y de las calificadoras, sino el rumbo de las finanzas públicas en los próximos años y de la sostenibilidad de la económica, las empresas y de un mejor funcionamiento Estatal que priorice la productividad, el empleo, la reactivación económica y la equidad a través del gasto social.

 

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