¿Por qué la separación de poderes es indispensable para garantizar la libertad y la justicia en una sociedad democrática?

¿Por qué la separación de poderes es indispensable para garantizar la libertad y la justicia en una sociedad democrática?

¿POR QUÉ LA SEPARACIÓN DE PODERES ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA?

Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes. 

Es común pensar que la mayoría de los colombianos comprendemos claramente la razón por la cual, en los países donde se practica la democracia como sistema de gobierno, se establece la separación de las tres ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Sin embargo, al leer los mensajes que circulan en redes sociales y en algunos periódicos, nos sorprendemos al descubrir que esto no es así.

La separación de poderes viene desde la antigua Grecia y Roma, ya que ellos pensaban que la existencia de diferentes órganos de gobierno podía ayudar a evitar la concentración de poder y la tiranía. En la época moderna (1748) fue el filósofo francés Charles-Luis de Secondant, Barón de Montesquieu, en su obra: “El espíritu de las Leyes”, quien argumentó que el poder debía ser dividido entre diferentes ramas del gobierno para evitar su abuso y garantizar la libertad y la justicia. Esta teoría fue incorporada en las constituciones de los hoy llamados países democráticos, incluyendo los Estados Unidos de América y obviamente Colombia.

No practicar este sencillo principio de gobierno trae graves y funestas consecuencias para una sociedad, de lo cual tenemos espejos muy cercanos.  Por ejemplo, en Cuba; a pesar de que su Constitución establece formalmente la separación de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en la práctica estas ramas del gobierno están subordinadas al Partido Comunista de Cuba y al Consejo de Estado, lo que limita su independencia y autonomía. El resultado es la desaparición de la oposición política, solo existe un partido, el partido Comunista, además desapareció la prensa libre, la libre empresa, y los cubanos perdieron su libertades individuales y colectivas, prueba de ello es que están secuestrados en su propio país, no pueden salir al extranjero sin autorización del gobierno, tramitando la llamada “tarjeta blanca”, documento prácticamente imposible de obtener.

Otro ejemplo cercano de ausencia de separación de poderes se puede observar en Venezuela, donde el poder ejecutivo ha logrado controlar tanto el poder legislativo como el judicial. Bajo el Chavismo, se ha consolidado una estructura de poder altamente centralizada que ha generado consecuencias similares a las ya mencionadas de Cuba.

La sabiduría de los Antiguos Griegos y Romanos, pasando por el Barón de Montesquieu, queda demostrada con este par de ejemplos, pero en la historia de la humanidad y en la actualidad existen muchos más. Una diferencia importante entre una tiranía o dictadura y una democracia, es sin duda, la separación de los tres poderes.

En Colombia, así como en la mayoría de países democráticos, pese a existir la separación de poderes, el ejecutivo y sus ministros, tradicionalmente redactan y proponen los proyectos de ley que se tramitarán en el Congreso de la República. Esto no implica romper la independencia del poder ejecutivo y el legislativo, siempre y cuando este último pueda, aprobar, modificar o rechazar dicho proyecto con total autonomía, respetando los fueros de cada institución.

En un estado democrático, es importante que las presiones que el poder ejecutivo ejerce sobre el poder legislativo sean transparentes y públicas, y que se basen en argumentos sólidos y objetivos que busquen el beneficio social. Estas presiones no deberían estar motivadas por dádivas, promesas de puestos burocráticos o cualquier otra forma de corrupción, como ha sucedido en algunos casos en Colombia, donde se ha popularizado el término “mermelada”, lo cual no habla para nada bien de los valores de nuestros políticos.

Todas las propuestas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro, tienen una marcada orientación estatista, ya que busca ampliar la participación del Estado en la gestión del sistema de salud, el sistema de pensiones y el incremento del proteccionismo hacia los empleados. En este sentido, se ha propuesto un mayor control y regulación por parte del Estado, en lugar de fomentar la iniciativa privada y la libre competencia en estos ámbitos. Si bien este enfoque podría tener algunos beneficios, no se han considerado los posibles impactos negativos que podrían tener en términos de eficiencia, calidad y sostenibilidad de los servicios y prestaciones que se pretenden modificar.

Es fundamental garantizar que las decisiones políticas sean tomadas con total imparcialidad, y en beneficio de toda la sociedad, y no a favor de intereses particulares, o de grupos privilegiados, incluidos los partidos políticos. No obstante, es importante aclarar que la existencia de un sistema público, no implica que no puedan coexistir empresas privadas que presten servicios y obtengan ganancias a través de su operación en dicho sistema, tal como sucede en el actual sistema de salud. En innegable que los recursos económicos y humanos son mejor administrados por el sector privado, pero también es necesario que la obtención de ganancias no vaya en detrimento de la calidad y accesibilidad de los servicios que se ofrecen. Si bien el sistema capitalista ha demostrado ser el más efectivo para estimular el crecimiento económico y la innovación, aún tiene desafíos que enfrentar para garantizar la equidad y la justicia social en el acceso a los recursos y oportunidades que genera.

Durante este gobierno, seguramente comprobaremos como nunca antes lo hemos hecho, qué tan sólida es nuestra democracia, y qué tan independientes son nuestros poderes públicos, ya que la personalidad mesiánica del presidente Petro, buscará a toda costa aprobar sus propuestas, tensionando las cuerdas al máximo. Es bastante probable que apele a todas las herramientas que le ofrece nuestra constitución: declarar la emergencia económica, proponer una constituyente o un plebiscito, además de marchas, mermeladas y todo tipo de componendas y jugadas políticas. Si salimos bien librados de esta prueba, aprobando reformas que realmente ayuden al crecimiento económico, generación de empleo y un sistema pensional más eficiente y equitativo, seguramente nuestra democracia resultará fortalecida y al final tendremos un mejor país. Amanecerá y veremos.

 

 

 

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