¿Por qué la evaluación Ex Post es la clave de una regulación inteligente en la calidad normativa en Colombia?

¿Por qué la evaluación Ex Post es la clave de una regulación inteligente en la calidad normativa en Colombia?

¿Por qué la evaluación Ex Post es la clave de una regulación inteligente en la calidad normativa en Colombia?

 

 

POR: JAIR ANDREY BARRAGÁN

Abogado Editor E. Notinet

 

Por años, la calidad normativa en Colombia ha enfrentado un desafío estructural: la falta de mecanismos sistemáticos para revisar y mejorar las regulaciones una vez han sido implementadas. Aunque el país ha avanzado tímidamente en la implementación del Análisis de Impacto Normativo (AIN) —un procedimiento ex ante—, sigue rezagado en establecer con fuerza y permanencia la evaluación ex post, herramienta clave para verificar si las normas cumplen sus objetivos, detectar fallos o externalidades no previstas, y aplicar correctivos. En este contexto, la institucionalización de la evaluación ex post no es una opción técnica secundaria, sino una necesidad inaplazable para fortalecer la gobernanza regulatoria, aumentar la eficacia de las políticas públicas y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

La evaluación ex post, tiene el mérito de vincular el ciclo normativo con un enfoque de mejora continua. Su aplicación permite no solo juzgar retrospectivamente la efectividad de una norma, sino también generar evidencia empírica para decisiones futuras. Sin embargo, su impacto depende de que las entidades públicas la adopten como una herramienta estratégica, y no como una formalidad ocasional. Esto solo será posible si se institucionaliza: es decir, si se convierte en una práctica regular, con reglas claras, responsabilidades definidas, y recursos técnicos y financieros suficientes.

Uno de los elementos más críticos en este proceso es el establecimiento de una entidad rectora. Así como el DNP o el Ministerio de Hacienda lideran marcos de seguimiento de políticas públicas o disciplina fiscal, Colombia necesita un ente con la competencia de coordinar el sistema de evaluación ex post, emitir lineamientos, apoyar el desarrollo de capacidades institucionales y ejercer control de calidad sobre los informes que elaboren otras entidades. Idealmente, este rol debería coincidir con el organismo que lidera el sistema AIN, para generar sinergias entre los análisis ex ante y ex post, y cerrar el ciclo regulatorio. Además, se debe evitar que cada entidad actúe de manera aislada, con criterios dispares y sin un marco común de evaluación.

No basta con crear estructuras administrativas: también es indispensable invertir en capacidades humanas. Una evaluación de calidad no se improvisa. Requiere personal capacitado en metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo, conocimiento jurídico, entendimiento sectorial, y habilidades para la gestión participativa. De ahí que un sistema robusto de evaluación ex post deba prever programas permanentes de formación para los servidores públicos, incluyendo diplomados, guías técnicas, espacios de intercambio de buenas prácticas y, por supuesto, recursos presupuestales para su implementación efectiva.

Otro componente central de la institucionalización es la transparencia y la participación. Las evaluaciones deben ser públicas, claras y accesibles, no solo para los órganos de control, sino para la ciudadanía en general. Incorporar consultas públicas desde la planificación hasta la validación de resultados permite mejorar la calidad del análisis, legitimar las decisiones posteriores y generar confianza. La evaluación ex post, lejos de ser un ejercicio cerrado entre expertos, debe transformarse en un canal de diálogo democrático sobre los efectos reales de la regulación.

Además, el principio de proporcionalidad debe guiar la implementación del sistema. No toda regulación amerita el mismo nivel de profundidad. Evaluar exhaustivamente una norma de escaso impacto puede implicar costos innecesarios y desviar recursos de otras evaluaciones más relevantes. Por eso, es fundamental que los lineamientos institucionales definan criterios objetivos para priorizar las regulaciones a evaluar, basados en su impacto social, económico o ambiental, en los costos identificados en el análisis ex ante o en la aparición de problemas en su implementación.

En definitiva, sin una institucionalidad fuerte, la evaluación ex post corre el riesgo de ser un saludo a la bandera. No se trata simplemente de aplicar una lista de chequeo, sino de construir un verdadero sistema de aprendizaje normativo. Esto exige voluntad política, liderazgo técnico y compromiso institucional. El país tiene la oportunidad de consolidar un instrumento que puede marcar un antes y un después en la forma de legislar y regular. Una herramienta que permita corregir errores, desmontar normas ineficaces o costosas, y adaptar la regulación a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Pero para lograrlo, no se puede dejar en manos de la improvisación. Se requiere una institucionalidad sólida, articulada y con visión de largo plazo.

La calidad normativa es un pilar del Estado de derecho. Evaluar las leyes y regulaciones que nos rigen no es un lujo técnico, sino una responsabilidad democrática. La evaluación ex post debe ser parte integral del ADN institucional del país, no solo para mejorar la eficacia del aparato estatal, sino para garantizar que la regulación esté siempre al servicio del bienestar común. Colombia necesita dejar atrás la lógica de legislar y olvidar, para entrar de lleno en la era de legislar, evaluar y mejorar.

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