Dictaduras con Constitución

Dictaduras con Constitución

Dictaduras con Constitución: el riesgo de abrir una Constituyente sin límites claros

 

Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes.

La historia reciente muestra que los mayores riesgos para la democracia no siempre vienen de golpes militares, sino de procesos constitucionales que, invocando al pueblo, terminan debilitando al Congreso, capturando la justicia, rediseñando los órganos electorales y prolongando proyectos personales o partidistas en el poder. Colombia no está condenada a repetir esos casos, pero sería ingenuo ignorar sus lecciones.

En esta editorial vamos a hacer un repaso mundial de países que siguieron este camino, el de reformar su constitución, para concentrar el poder en el ejecutivo, y en que terminaron. Al final podemos sacar conclusiones, cada uno por su cuenta y obviamente la nuestra.

 

1. Hungría: nueva Constitución para blindar un proyecto.

Viktor Orbán y su partido Fidesz lograron una supermayoría parlamentaria en 2010 y aprobaron una nueva Constitución en 2011. El análisis del Journal of Democracy sostiene que esa mayoría permitió imponer un nuevo orden constitucional y dejar al gobierno con pocos controles efectivos, además de ubicar aliados en cargos institucionales de largo plazo. Esto ocasionó que Orbán se mantuviera en el poder por 16 años consecutivos, y su democracia fue catalogada por numerosos observadores como una democracia liberal debido a la erosión de los contrapoderes y los medios de comunicación.

Este caso es muy útil porque muestra algo clave: no se necesita cerrar el Congreso ni cancelar elecciones para degradar una democracia. Basta con cambiar reglas electorales, órganos de control, cortes y organismos autónomos para que la competencia siga existiendo, pero en condiciones desiguales.

 

2. Turquía: reforma constitucional para convertir el presidencialismo en poder dominante

En Turquía, Recep Tayyip Erdogan impulsó el referendo constitucional de 2017 para pasar de un sistema parlamentario a uno presidencial fuerte. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa advirtió que esas reformas eliminaban controles necesarios y podían llevar a un sistema presidencial autoritario.  Recep Tayyip Erdogan es presidente de Turquía desde el 2014 hasta la actualidad.

La democracia en Turquía se clasifica como un autoritarismo competitivo. Aunque el país mantiene elecciones competitivas y una participación electoral alta, el sistema sufre de una severa erosión institucional, con una gran concentración de poder en el ejecutivo y fuertes restricciones a la libertad de prensa y expresión.

Este ejemplo sirve para advertir sobre reformas que se presentan como eficiencia institucional: menos bloqueo, más gobernabilidad, más decisión. Pero, en la práctica, pueden concentrar el poder ejecutivo, debilitar al legislativo y reducir la independencia judicial. El argumento de la eficacia del gobierno puede convertirse en la justificación perfecta para desmontar los frenos al poder.

 

3. Rusia: la Constitución como mecanismo para perpetuarse

En 2020, Rusia aprobó reformas constitucionales que, entre otras cosas, reiniciaron el conteo de mandatos de Vladimir Putin, permitiéndole permanecer en el poder potencialmente hasta 2036. Un análisis del Parlamento Europeo destacó que la reforma abrió la puerta a que Putin siguiera 12 años más después de 2024. Otro estudio resume que el cambio puso en cero los límites presidenciales previos y consolidó el régimen construido durante dos décadas.

 

4. Túnez: de promesa democrática a concentración presidencial

Túnez fue durante años el ejemplo positivo de la Primavera Árabe. Pero en 2021 el presidente Kais Saied suspendió el Parlamento y luego impulsó una nueva Constitución en 2022. Tras el referéndum en 2022, se implementó una nueva Constitución que reduce drásticamente los poderes del Parlamento y del poder judicial, concentrando la autoridad en la figura presidencial. Represión a la sociedad civil: Existe una persecución activa contra organizaciones clave y figuras políticas de oposición. Destacan los arrestos de opositores y las restricciones a entidades históricas que lideraron la transición democrática en el país.  Descontento ciudadano: La erosión democrática ha enfrentado poca resistencia inicial debido a la frustración pública generalizada con la crisis económica, el desempleo y la corrupción que marcaron la década de transición política. La democracia en Túnez se encuentra gravemente debilitada, habiendo transitado hacia un modelo autoritario.

Una democracia puede retroceder rápidamente cuando un líder se presenta como intérprete único de la voluntad popular.

 

5. Venezuela: Asamblea Constituyente y poder total e ilimitado

Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con legitimidad electoral y con un discurso de refundación del Estado. Convocó una Asamblea Constituyente que terminó funcionando no solo como órgano redactor, sino como poder superior a las instituciones existentes. Estudios sobre el caso venezolano señalan que la Constituyente de 1999 reemplazó autoridades de distintas ramas del poder, intervino el sistema judicial, el electoral, la Fiscalía, la Contraloría y terminó disolviendo el Congreso elegido, asumiendo funciones legislativas.

La lección venezolana es durísima: el autoritarismo no siempre nace con tanques en la calle; a veces nace con votos, referendos, discursos populares y reformas constitucionales. En Venezuela, la erosión democrática se hizo bajo una apariencia constitucional y electoral. La literatura lo describe como un camino de populismo constitucional o autoritarismo constitucional, donde las instituciones siguen existiendo formalmente, pero dejan de limitar al poder.

Además, en 2017 Nicolás Maduro convocó otra Asamblea Nacional Constituyente en medio de la crisis política. La oposición la boicoteó, el oficialismo terminó controlándola por completo y fue ampliamente cuestionada por falta de condiciones libres y justas.

 

6. Bolivia: refundación, hegemonía y tensión con la alternancia

Evo Morales impulsó una Asamblea Constituyente que desembocó en la Constitución de 2009. El proceso tuvo legitimidad social importante, especialmente por la inclusión indígena y la refundación del Estado como plurinacional. Sin embargo, con el tiempo el proyecto político del MAS utilizó esa nueva arquitectura para consolidar poder, tensionar los límites de la reelección y debilitar la alternancia.

El punto más delicado fue que, después de que un referendo en 2016 rechazó habilitar una nueva reelección de Evo Morales, el Tribunal Constitucional abrió la puerta a su candidatura argumentando derechos políticos. Ahí aparece una alerta clave: cuando el proyecto constituyente termina capturando o alineando tribunales, los límites constitucionales pueden reinterpretarse a favor del gobernante.

El problema no fue que Bolivia reconociera nuevos derechos o identidades; el problema fue que el poder constituyente terminó sirviendo de base para prolongar un proyecto político más allá de los límites originalmente aceptados por los ciudadanos.

 

7. Ecuador: hiperpresidencialismo bajo discurso de cambio

Rafael Correa convocó una Asamblea Constituyente en 2007 y promovió la Constitución de 2008. El proceso también tuvo un discurso de transformación social, crítica a la partidocracia y promesa de una democracia más participativa. No terminó en una dictadura abierta como Venezuela, pero sí en un modelo de fuerte concentración presidencial, presión sobre medios, conflictos con cortes y debilitamiento de contrapesos, lo que mantuvo en el poder a Correa durante 10 años y 4 meses.

 

8. Conclusiones

Estas experiencias internacionales deberían servirnos a los colombianos para reflexionar con serenidad, pero también con firmeza, sobre los riesgos de una Asamblea Nacional Constituyente en el contexto actual.

La pregunta no es solamente si una Constituyente es jurídicamente posible. La pregunta de fondo es: ¿para qué se quiere convocar?, ¿con qué límites?, ¿con qué reglas?, ¿con qué composición?, ¿sobre qué temas tendría competencia?, ¿quién garantizaría que no se convierta en un poder absoluto por encima de las instituciones existentes?

Por eso, frente a la propuesta promovida por el presidente Gustavo Petro y acogida o respaldada por sectores cercanos a su proyecto político, incluido el candidato Iván Cepeda, resulta indispensable exigir claridad. En temas de esta magnitud no puede haber ambigüedad.

¿Se busca concentrar más poder en el Ejecutivo? ¿Se pretende asumir funciones del Congreso para aprobar reformas sin los controles ordinarios? ¿Se quiere modificar el papel del Banco de la República? ¿Se busca limitar o transformar la Corte Constitucional? ¿Se pretende rediseñar los órganos electorales, los organismos de control o las reglas de permanencia en el poder?

Son preguntas legítimas y necesarias.

Una Constituyente sin límites claros puede convertirse en una caja de Pandora institucional. Y una vez abierta, nadie puede garantizar que quienes la promueven tengan la capacidad —o la voluntad— de cerrarla.

La democracia colombiana tiene problemas profundos, sin duda. Hay corrupción, desigualdad, inseguridad, desconfianza ciudadana y reformas pendientes. Pero corregir esos problemas no exige destruir los contrapesos que todavía protegen la libertad política.

La historia enseña que las democracias no siempre mueren de golpe. A veces se apagan lentamente, artículo por artículo, reforma por reforma, referendo por referendo, hasta que un día la Constitución sigue existiendo, pero la democracia ya no.

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