¿Otra protesta? Un instrumento cada vez menos social y más político

Opinión

¿Otra protesta? Un instrumento cada vez menos social y más político

¿Otra protesta? Un instrumento cada vez menos social y más político 

 

Por: Juan Camilo Rojas Arias: Abogado candidato a Doctor, con Máster en derecho económico y políticas públicas e internacional (LLM), Especialista en derecho comercial con profundización en el área de derecho económico, internacional y de la administración pública.

 

Sorteando el día a día me encontré con una nueva convocatoria de paro para el día 19 de noviembre, con extensiones para los días 21 y 25 de este mes. Aun cuando resulte un poco extraordinario el anuncio de una protesta en estos tiempos de tantos retos e incertidumbre, resulta interesante reflexionar sobre el avance y rol de la protesta en nuestra realidad social y jurídica.

 

En la actualidad la protesta social reviste una de las finalidades constitucionales más importantes que trajo la Constitución del 91- artículo 37- dado nuestro modelo de democracia representativa y participativa, como respuesta a que la anterior Constitución del 86 no tenía prevista la protección constitucional de la protesta social, dejando la potestad de limitarla a las autoridades nacionales. Este cambio de paradigma con enfoque social y participativo, ha traído consigo una creciente conciencia y valor social de los derechos políticos de los ciudadanos y, por consiguiente, un aumento en su ejercicio.  

 

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido una extensa jurisprudencia en torno al tema, en donde prevalece la protesta social como un derecho de especial protección que no puede –ni debe- ser limitado, ni por el Congreso ni por el Ejecutivo, y solo establece como limitante condicional, su finalidad pacífica y su protección al medio ambiente. A pesar de lo pacífico de su interpretación, auspiciada por el espíritu pluralista de la Constitución y al amparo reforzado de un bloque de constitucionalidad en la materia, el desarrollo jurisprudencial ha sido reiterado y profuso, pero a su vez, poco ponderado y proporcional. 

 

El derecho constitucional parece insuficiente para procesar de una forma sistémica la protesta social como fenómeno socio-político, especialmente entre sus realizadores y el resto de la población pasiva que no participa en ella, pero que debe incorporar en su realidad los costos derivados de su realización, tales como: restricción a la libre movilidad, afectación del servicio público de transporte, a la seguridad personal, al trabajo, a la estabilidad económica, a la propiedad privada, entre otras afectaciones. 

 

Adicional a lo anterior, en momentos de grandes afujías y presiones fiscales derivadas de la bien conocida pandemia, la contracción económica y los desastres naturales, no deja de rondar en mi cabeza la legitimidad social de una protesta en estos difíciles momentos. ¿Hasta qué punto es aceptada por el colectivo que la asumimos?, en especial, en momentos donde las aglomeraciones se deben evitar y los recursos del Estado deben emplearse de formas más eficientes, por ejemplo: evitando gastos asociados en proteger un derecho a manifestarse a fin de poderlo emplear en auxilios económicos a familias en umbrales de pobreza. Al final, pareciera, en estos momentos, que la protesta social tiene más agenda política de cara al 2022, que ser una respuesta oportuna a necesidades sociales.

 

Al hilo de la reflexión anterior, me resulta inevitable no acudir al razonamiento desarrollado por el psicólogo Shafir y el economista Mullainathan sobre los efectos en el razonamiento individual y colectivo de la escasez – (Scarcity 2013)- , en especial en estos momentos, donde abundan las perspectivas negativas, hay escasez de positivismo, de contacto físico, de empleo, de recursos disponibles, ya que esta percepción de escasez afecta la mente y las decisiones de las personas, en otras palabras, la percepción de escasez hace que las personas actúen diferente, de manera que las personas tienden a desarrollar una gran habilidad gestionando problemas en el corto plazo haciendo que desaparezca la perspectiva a largo plazo.

 

En consecuencia me pregunto, ¿a largo plazo lo mejor para todos es el desarrollo de la protesta, como un móvil social con pretextos aparentemente más políticos que sociales?, por qué no le metemos al discurso de innovación empresarial un poco de innovación social. Realmente ahora, más que nunca, necesitamos más cohesión que separación. Menos adalides premonitorios del desastre y prometedores de utopías basadas en desarrollos energéticos con Bolivia, requerimos más líderes de a pie que se sumen a construir una realidad incluyente, social y benéfica para todos. En suma, necesitamos aprender, en una de las peores crisis de la humanidad, a pensar en más allá del día presente y sobre todo pensar en el colectivo, cambiar es posible, como dijo el célebre economista Keynes “la dificultad no estriba en las ideas nuevas, sino en escapar de las viejas”.

 

 


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