Estos son los Retos y compromisos del nuevo Presidente de Colombia 2022 - 2026
Estos son los Retos y compromisos del nuevo Presidente de Colombia 2022 - 2026
Tras su posesión el pasado 7 de agosto, el nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro, no solo se impone unos retos y compromisos, sino que asume aquellos que han venido quedado pendientes de los anteriores mandatarios.
Históricamente es un momento importante para el país, teniendo en cuenta los impactos dejados por la pandemia, la crisis mundial energética y de combustibles, la Guerra de Rusia contra Ucrania, junto con temas económicos, tributarios y sociales, que se afrontan con paliativos, sin asumir una posición frontal definitiva. En este momento se cursa una versión de la Reforma Tributaria, que considero es la columna vertical del proceso, la cual atenderá, de ser aprobada adaptada al momento actual, muchos de los componentes para seguir adelante sin números rojos.
En su primer año de gobierno, Petro está llamado a la negociación, algo que desde ya está haciendo. El pasado mes de junio, el nuevo mandatario se reunió con el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, de cuyo encuentro resaltó la apertura de un “canal de diálogo” para llegar a un “gran acuerdo nacional” en diferentes sectores. De igual manera en materia de política exterior, se perfila de una manera muy particular, el impulso de tratados y el robustecimiento de relaciones con los países gobernados por la izquierda, así como la promoción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac) en detrimento de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En materia de seguridad Petro ha sido mucho más polémico, tras proponer la eliminación del escuadrón antidisturbios (Esmad) o la reasignación de los departamentos de la policía dentro del Ministerio del Interior o de Justicia, quitándole sus competencias al Ministerio de Defensa. Además, buscará impulsar una reforma militar y reducir el gasto público en las ramas castrenses.
A nivel de Justicia, Petro promete reformar el sistema penal colombiano, apostando a la rehabilitación de los criminales, el denominado y controvertido “perdón social”. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el presidente prevé hacerles frente “de manera pacífica”, identificando sus acciones, financiadores y lazos con el Estado. Seguirá apoyando la sustitución de los cultivos de droga, pero impulsará la investigación de usos alternativos del cannabis y la cocaína.
En el apartado económico prevé proporcionar un sistema de entrega de alimentos puerta a puerta a las comunidades más vulnerables, aumentar los aranceles a los productos agroalimentarios, establecer un aumento progresivo del salario mínimo, así como una reforma agraria y una de pensiones que obligue a todo trabajador a cotizar en el sistema. También apuesta por la subida de impuestos a los ricos y a los latifundios improductivos, a través de una exhaustiva reforma fiscal.
No obstante, también se prevé que en todo el país Petro impulse la propiedad comunitaria de tierras y medios de producción, por lo que analistas políticos consideran que los altos tributos harán que los propietarios cedan sus tierras, por temor a la expropiación.
Ante su postura férrea contra las “actividades extractivistas”, es muy posible que prohíba las exploraciones de nuevos pozos petroleros y la minería a cielo abierto. Limitará las reservas de hidrocarburos al consumo interno, y comenzará a emprender acciones para acelerar la transición energética y digital, aupando el uso de energías renovables y la diversificación de la economía.
En este sentido, el plan de gobierno de Pacto Histórico desglosa la defensa y protección del medioambiente y la biodiversidad, en detrimento de las grandes explotaciones de ganado y de hidrocarburos, cuyos dueños a partir de ahora deberán garantizar la rehabilitación de las áreas intervenidas y la descontaminación de los ríos.
En el apartado social, Petro impulsará una red sanitaria pública que desplace a las clínicas privadas, garantizará la escuela primaria universal, subsidios al transporte, programas de becas, entrega de bonos a las familias y extenderá las jornadas educativas, así como promoverá una educación más inclusiva. Hablando de ello, el 50 % de los cargos públicos serán ejercidos por mujeres, se garantizará el aborto como derecho constitucional, se respetarán y promoverán los derechos a la transición de género y se perseguirán los obstáculos burocráticos que enfrentan las familias homoparentales para acceder al matrimonio y a la adopción.
También se implementará un plan de protección a las comunidades vulnerables como indígenas, afrodescendientes, gitanas y campesinas, en las que los ciudadanos venezolanos tan solo figuran bajo el término de “migrantes” en general, sin estrategias o medidas específicas para mejorar su calidad de vida o asimilación en la sociedad colombiana, más allá de la lucha contra la xenofobia.
Y finalizando, en materia de vivienda, aunque no ha generado un pronunciamiento amplio al respecto, sectores como Camacol, el Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, y la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, manifiestan que lo más urgente es mantener los bajos costos de la construcción y las tasas de interés para créditos hipotecarios, pues el panorama inflacionario pone en riesgo la meta de que el país atienda su déficit habitacional, que supera los cinco millones de hogares. Tras amplios estudios estas entidades señalan que son tres los ámbitos en los que debería manifestarse esta mejora:
El primero es el individual, dejando atrás las viviendas tipo a las que las familias tienen que adaptarse, pasando a un modelo en el que las viviendas se adaptan a las necesidades de las familias.
El segundo ámbito es el de la comunidad, lo que implica espacios donde los habitantes de un sector se encuentren e incluso puedan desarrollar actividades productivas sin que haya conflictos con los demás integrantes ni con el medio ambiente.
Y el tercero es el de ciudad, en donde se busca que las familias residan en zonas próximas a servicios y equipamientos altamente demandados, como hospitales, centros de educación, lugares de esparcimiento, comercios y demás sitios de interés. Espacios a los que se pueda ir caminando o en transporte a no más de quince minutos (el famoso concepto de las ciudades de quince minutos).
Todo esto significa que en materia de Vivienda debe hacerse una reforma completa e integral a la política pública y virar hacia la calidad, atendiendo las necesidades de los usuarios, mas que a la cantidad de viviendas que se entregan.
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