Comentarios sobre el levantamiento de la Regla Fiscal

Julio 2020

Comentarios sobre el levantamiento de la Regla Fiscal

 

Comentarios sobre el levantamiento de la Regla Fiscal

 

Por: Juan Camilo Rojas Arias: Abogado candidato a Doctor, con Máster en derecho económico y políticas públicas e internacional (LLM), Especialista en derecho comercial con profundización en el área de derecho económico, internacional y de la administración pública.

Ante la crisis económica que desató el coronavirus en Colombia y el mundo, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal permitió el aplazamiento de la Regla Fiscal durante el año 2020 y 2021 – artículo 11 de la Ley 1473 de 2011-, decisión que mayoritariamente ha contado con todo el apoyo de diversos sectores, no obstante también ha suscitado ciertas incertidumbres que conviene prever a efectos que situaciones externas a una medida necesaria terminen por anular los efectos positivos de su implementación.

Sea lo primero por identificar que en términos generales la regla Fiscal busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, haciendo evidente signos de una buena administración y de una clara seriedad en el manejo de los asuntos públicos financieros, lo cual se traduciría en algunos beneficios, tales como: la posibilidad en el corto, mediano y largo plazo de acceder a diversas fuentes de financiamiento a buen costo, lo que supone también a su vez la sostenibilidad en la estructura de ingresos del país - estabilidad tributaria - entre otros de orden macroeconómico.

Lo anterior, en el marco de la coyuntura actual debe enmarcarse en una situación bastante excepcional, ya que para conjurar los efectos sobre la economía, se deben activar medidas expansivas –Keynesianas- de gasto en momentos donde los ingresos están y se proyectan disminuidos, acá está el quid y el reto para el Ministerio de Hacienda, ya que como rector de la economía y las finanzas públicas, en un escenario tan atípico como necesario en incremento del gasto, deberá mantener una flexibilidad segura en cuanto a topes, gastos y endeudamiento.

En virtud de lo anterior se debe estructurar el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-, instrumento de planificación financiera del sector público -Ley 819 de 2003 y 1473 de 2011- que sobre  las estimaciones del año en curso, la coyuntura - condiciones internas y externas-, delimitará la hoja de ruta del gasto público de la Nación, bajo una visión de factibilidad y de cierto equilibrio con los ingresos acorde con lo preceptuado por la Constitución Nacional teniendo en consideración el impacto económico y el déficit proyectado.

No obstante, aunado a las propias presiones de gasto que existen en el ejecutivo por las diferentes carteras en sus sectores y finalidades, es evidente que se requerirán más recursos para funcionar en esta coyuntura, por ejemplo, la salud demandará más recursos para la atención integral de la pandemia, el sector comercio, industria, turismo y cultura generarán más presión de gasto para reactivar o aumentar las probabilidad de sostenibilidad de estos sectores durante estos tiempos de estancamiento económico, así mismo, el gasto social también cobrará una gran cuota de presión para suplir la inactividad económica – transferencias a las familias de menos recursos, apoyos al sector informal de la economía, entre otros-.

Adicionalmente, no se debe perder de vista que la gestión financiera de la Nación ha estado históricamente más relacionada con el cumplimiento de mandatos legales que con la adecuación del presupuesto a la realidad, situación que ha caracterizado las políticas de este corte más hacia lo procíclico que lo contracíclico. Las coyunturas políticas, las leyes, los grupos de presión y las agendas políticas y territoriales, hacen que la gestión financiera en el sector público sea mucho más difícil y compleja, haciendo aún más evidente el principal problema del cualquier sistema de presupuestación financiero y es que los recursos siempre serán inferiores a las necesidades, especialmente en esta coyuntura, en donde al no existir una regla fiscal la presión de gasto se puede desbordar bajo un escenario de fuerte presiones políticas y técnicas sobre las necesidades presentes y proyectadas.

No olvidemos que el proceso presupuestario de Colombia tiene 2 condiciones particulares, (i) las inflexibilidades -gasto predeterminado y rentas de destinación específica- que no admiten modificación alguna y ya suponen una carga fiscal fija para cada periodo y (ii) las condiciones de economía política del proceso presupuestal, donde cabe recordar que su proceso de formulación, aprobación y ejecución es, por definición, un proceso político en el que participa una diversidad de actores con intereses heterogéneos y en el que los resultados dependen de una gran cantidad de normas y prácticas por parte de los órganos ejecutores.

Estas reglas determinan los incentivos y restricciones que cada participante en el proceso tiene, el ejecutivo, el legislativo, los grupos de presión del sector privado y las entidades territoriales, cuyo escenario de expresión democrática son los debates de la ley de presupuesto, en donde cada parte, como es natural y ha pasado en anteriores oportunidades tirará para su lado, exigiendo más recursos de acuerdo con su interés o necesidad, solo que en esta oportunidad no habrá un techo de gasto en la negociación, lo cual supondrá un reto político y técnico enorme en el trámite de la ley presupuestal para el año 2021.

Quizás lo más significativo de esta puja política es que sus resultados tienen consecuencias sobre todos los miembros de una sociedad, de esta forma, el reto del Gobierno Nacional no es menor en esta coyuntura, ya que deberá equilibrar sabiamente las principales necesidades de la población, que se ha visto afectada por medidas necesarias pero restrictivas sobre las personas y los mercados, sumado a las necesidades sociales, ya que las posibilidades de asumir las medidas de confinamiento preventivo varían en torno a la renta disponible de las familias. Así mismo, aun cuando se haya levantado la regla fiscal, existen objetivos de estabilidad y consistencia macroeconómica a mediano plazo, situación que deberá dirigirse, en los próximos presupuestos a enfocar el gasto como instrumento de estabilización económica - adaptarlo a las condiciones de la actual coyuntura-.

Superado el gran reto conciliatorio de delimitar la formulación del presupuesto y los intereses en cuanto al techo de gasto, el siguiente paso está en la focalización y priorización del gasto por sectores o finalidades, en donde las presiones de las entidades territoriales así como de los grupos de interés serán el punto de discusión todos los días, en esta dimensión, el Gobierno Nacional deberá hacer un esfuerzo muy grande en asignar los recursos a las actividades de mayor rendimiento social –acción nada fácil de determinar y definir-.

Finalmente y no menos importante está el control a la ejecución, no solo se trata de formular y asignar, la ejecución es el ciclo de cierre que materializará los beneficios de todas estas medidas, por lo cual, ante un gasto creciente, se deberá ejercer un mayor control para asegurar la ejecución a través de mecanismos idóneos, sin perder de vista la capacidad real de ejecución de las entidades públicas, para lo cual se deberá tener un equilibrio entre el control y la ejecución, de forma que tanto control, traducido en reportes, solicitudes de información, auditorias, no anule la iniciativa de gasto, volviéndose en una traba administrativa adicional, ya que la ecuación en estos momentos no solo se trata de más recursos, sino de eficiencia en su ejecución, que lleguen de forma fluida y pertinente a las familias y las empresas.

Pocas situaciones en nuestra historia han sido tan retadoras, por lo cual, se requieren medidas diferentes y excepcionales por parte del gobierno nacional, adicional a las mencionadas se debe considerar mecanismos de gasto colaborativo con el sector privado, en donde se prevean pactos de control y eficiencia entre lo público, lo privado y los entes de control, con miras a obtener la tan anhelada eficiencia administrativa y económica con miras a conjurar uno de los más grandes retos que hemos tenidos en todos los planos de nuestra realidad: personal, social, económico, político y público.

 

 

 


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