Vivienda en la campaña presidencial: promesas abundantes, soluciones escasas

Vivienda en la campaña presidencial: promesas abundantes, soluciones escasas

Vivienda en la campaña presidencial: promesas abundantes, soluciones escasas

 

Lidya Mabel Castillo Sanabria Doctora por la Universitat Rovira i Virgili (España)/Abogada de la Universidad de la Sabana (Colombia)

En cada campaña presidencial colombiana los candidatos prometen resolver los grandes problemas sociales del país. La seguridad, la corrupción, el empleo o la salud suelen dominar el debate público. Sin embargo, hay un tema estructural que afecta directamente la vida cotidiana de millones de familias y que rara vez ocupa el centro de la discusión política: la vivienda.

Hoy Colombia enfrenta un déficit habitacional que, aunque ha mostrado algunas mejoras recientes, sigue siendo estructural. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, en 2024 el país registró un déficit habitacional del 26,8 % de los hogares, equivalente a cerca de 4,9 millones de familias que carecen de una vivienda adecuada. Dentro de esa cifra, alrededor del 6,8 % corresponde a déficit cuantitativo - hogares que simplemente no tienen vivienda- y el 20 % a déficit cualitativo, es decir, viviendas precarias o sin condiciones básicas de habitabilidad. Aunque el gobierno actual ha destacado avances -como la salida de cerca de 300 mil personas del déficit habitacional en 2024- la magnitud del problema sigue siendo enorme.

En este contexto, las elecciones presidenciales de 2026 se convierten en un escenario clave para debatir cómo enfrentar uno de los desafíos sociales más persistentes del país. Sin embargo, al revisar las propuestas de los principales candidatos, surge una conclusión incómoda: la mayoría de los discursos se mueven entre la retórica social y la fe en el mercado, pero pocos presentan una estrategia estructural de largo plazo.

 

Tres visiones de país, tres formas de entender la vivienda

Aunque en la contienda hay cerca de una docena de aspirantes, la discusión pública se concentra en figuras como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Luis Gilberto Murillo. Cada uno representa una visión distinta sobre el papel del Estado, el mercado y la política social.

En el sector progresista, Iván Cepeda plantea un enfoque donde la vivienda se entiende como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. En esta perspectiva, la política habitacional debe ampliarse a través de subsidios, programas de vivienda de interés social y proyectos de desarrollo urbano que integren transporte, servicios y espacio público. La idea de fondo es que el mercado inmobiliario por sí solo no ha sido capaz de resolver el déficit habitacional, especialmente en los sectores más vulnerables.

Sin embargo, esta visión enfrenta una pregunta inevitable: ¿tiene el Estado colombiano la capacidad fiscal para asumir un rol más amplio en la provisión de vivienda? En un país con presiones fiscales crecientes y limitaciones presupuestarias, ampliar de manera significativa los programas de subsidios podría convertirse en una promesa difícil de sostener.

En el otro extremo del espectro político aparecen propuestas como las del abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia. Desde esta perspectiva, el problema de la vivienda no radica en la falta de intervención estatal, sino precisamente en su exceso. Los trámites urbanísticos, la inseguridad jurídica sobre el suelo y los costos regulatorios se identifican como barreras que encarecen los proyectos inmobiliarios y frenan la construcción. La apuesta de esta visión consiste en estimular el mercado: menos burocracia, más seguridad jurídica para la inversión inmobiliaria y mayores incentivos fiscales para la construcción de vivienda. El Estado actuaría como facilitador y no como protagonista.

Pero esta postura también enfrenta un dilema evidente. El mercado inmobiliario colombiano ha crecido durante décadas bajo esquemas de incentivos y subsidios, y aun así millones de hogares siguen sin acceso a vivienda formal. Confiar exclusivamente en el dinamismo del sector privado podría reproducir el mismo problema estructural que hoy se intenta resolver.

 

El centro político: equilibrio o ambigüedad

Entre estas dos visiones se ubican candidaturas como las de Sergio Fajardo, Claudia López y Luis Gilberto Murillo, que suelen proponer una combinación de instrumentos estatales y de mercado. En teoría, este enfoque busca equilibrar subsidios para los sectores más vulnerables con incentivos para el desarrollo inmobiliario. Se habla de mejorar la planificación territorial, modernizar el catastro, impulsar vivienda social y fortalecer alianzas público-privadas.

El problema es que, en muchos casos, estas propuestas terminan siendo más conceptuales que concretas. El país ya ha aplicado durante décadas políticas híbridas de subsidios y mercado, y aun así el déficit habitacional sigue afectando a millones de hogares. En otras palabras, el centro político corre el riesgo de ofrecer una respuesta políticamente cómoda pero técnicamente insuficiente.

 

El problema de fondo: suelo, ciudad y desigualdad

Más allá de las diferencias ideológicas entre candidatos, el debate sobre vivienda en Colombia suele ignorar tres problemas estructurales.

El primero es el precio del suelo urbano. En muchas ciudades colombianas el costo del suelo se ha convertido en el principal factor que encarece los proyectos de vivienda. Sin una política clara de gestión del suelo -que incluya planificación urbana, densificación inteligente y captura de plusvalías- cualquier política habitacional seguirá enfrentando límites estructurales.

El segundo problema es la informalidad urbana. Durante décadas el crecimiento de las ciudades colombianas ha ocurrido a través de asentamientos informales. Millones de familias han construido sus viviendas sin planificación urbana, servicios públicos adecuados ni títulos formales de propiedad. Resolver esta realidad implica mucho más que construir viviendas nuevas; requiere políticas de mejoramiento urbano, titulación de predios y desarrollo de infraestructura.

El tercer problema es la desigualdad económica. Para amplios sectores de la población, el acceso a crédito hipotecario sigue siendo limitado. El crecimiento del sector inmobiliario no necesariamente se traduce en mayor acceso a vivienda, especialmente cuando los ingresos de los hogares crecen a un ritmo menor que el precio de los inmuebles.

 

Más allá de las promesas electorales

La política de vivienda en Colombia ha estado marcada históricamente por programas de corto plazo vinculados a ciclos políticos. Cada gobierno lanza nuevos subsidios, modifica esquemas de financiación o anuncia metas de construcción que rara vez se sostienen en el tiempo. El resultado es una política pública fragmentada que cambia cada cuatro años y que dificulta la consolidación de una estrategia habitacional de largo plazo.

El verdadero debate que debería ocupar la campaña presidencial no es simplemente cuántas viviendas se construirán durante el próximo gobierno. La pregunta de fondo es mucho más profunda: qué modelo de ciudad quiere construir Colombia en las próximas décadas. La vivienda no puede seguir siendo tratada como un tema sectorial limitado al Ministerio de Vivienda. Es, en realidad, un problema que involucra planificación territorial, movilidad urbana, infraestructura, empleo y sostenibilidad ambiental.

Si la campaña presidencial de 2026 se limita a repetir las promesas habituales de subsidios o incentivos al mercado, el país seguirá atrapado en el mismo ciclo de soluciones parciales. Porque, al final, el debate sobre vivienda no es solamente una cuestión económica. Es, sobre todo, una discusión sobre dignidad, equidad y el tipo de sociedad que Colombia quiere construir.

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