Ley 100 versus reforma pensional: lo que cambia cuando se mira la sostenibilidad de largo plazo
Ley 100 versus reforma pensional: lo que cambia cuando se mira la sostenibilidad de largo plazo
Un ejercicio de simulación actuarial compara la nueva reforma pensional con distintos escenarios económicos y con un contrafactual de continuidad de la Ley 100. La conclusión central es sencilla: el riesgo no está en una crisis inmediata, sino en una presión fiscal que puede crecer durante décadas.
Más allá de las posiciones políticas que ha generado la reforma pensional, hay una pregunta que debería interesar a todos: ¿qué puede pasar con las finanzas públicas y con las pensiones de los colombianos durante las próximas décadas? Ese es el punto de partida de este ejercicio.
La reforma contenida en la Ley 2381 de 2024 cambia de manera profunda la forma como se distribuyen las cotizaciones entre Colpensiones y los fondos privados. Por eso, para entender su impacto no basta con mirar cuánto recauda el sistema el próximo año. Hay que proyectar qué ocurrirá cuando millones de trabajadores envejezcan, alcancen la edad de jubilación y comiencen a recibir una pensión durante muchos años.
Con ese propósito construimos un modelo actuarial agregado hasta 2065. El ejercicio compara cuatro escenarios: uno optimista, uno base, uno crítico asociado a un deterioro del empleo por el avance de la inteligencia artificial y un escenario contrafactual que intenta responder qué habría ocurrido si Colombia hubiera continuado con el esquema de la Ley 100, con coexistencia entre el Régimen de Prima Media y el ahorro individual.
Es importante aclararlo desde el comienzo: esta no es una proyección oficial del Gobierno, de Colpensiones ni de la Superintendencia Financiera. Es una simulación construida con información pública, datos oficiales y supuestos que pueden modificarse. Su utilidad no está en afirmar que una cifra exacta ocurrirá en 2040 o en 2065, sino en mostrar cómo cambia el resultado cuando cambian el empleo, la formalidad, la edad de los afiliados, las semanas cotizadas, los salarios y el número de pensionados.
Un punto de partida más realista
Una de las mejoras más importantes del modelo fue reemplazar estimaciones generales por información de 2025. Con datos de la Superintendencia Financiera para los fondos privados y cifras de Colpensiones, la base utilizada quedó en aproximadamente 26,33 millones de afiliados de 20 años o más.
La composición por edades también arroja datos relevante. Cerca del 22,9% de los afiliados está entre 20 y 29 años; 30,2% entre 30 y 39; 20,8% entre 40 y 49; 20,3% entre 50 y 59; y 5,8% tiene 60 años o más. En otras palabras, alrededor de una cuarta parte de la población afiliada de 20 años o más ya tiene 50 años o más.
Este dato es crucial. Significa que durante los próximos diez o veinte años una porción importante de los afiliados actuales entrará en la etapa de retiro. El sistema, por tanto, debe prepararse para una transición en la que crecerá el número de pensionados mientras la base de nuevos trabajadores dependerá de factores como la natalidad, la formalización laboral, el crecimiento económico y la tecnología.
La densidad de cotización: una variable decisiva
El modelo también utiliza la llamada densidad de cotización. En términos sencillos, esta variable busca medir qué tan constante es una persona al aportar al sistema pensional. Una mayor densidad significa más meses o semanas cotizadas; una menor densidad refleja interrupciones por desempleo, informalidad o inactividad.
Con la información disponible para 2025, las densidades observadas en las distintas bandas de edad están alrededor del 82% al 86%. Sin embargo, aquí hay una advertencia técnica importante: estos porcentajes son una aproximación construida a partir de la relación entre cotizantes y afiliados activos en un corte determinado. No equivalen necesariamente a la densidad histórica de toda la vida laboral de una persona.
Esta diferencia importa mucho. Si una persona aparece como cotizante hoy, eso no significa que haya cotizado de manera continua durante veinte o treinta años. Si la densidad histórica real fuera menor que la utilizada en el modelo, una parte de los trabajadores acumularía menos semanas, menos personas alcanzarían los requisitos para pensionarse y cambiarían tanto el costo futuro del sistema como el valor de las prestaciones. Por eso esta es una de las variables que más conviene seguir refinando.
La inteligencia artificial entra en la ecuación
El futuro del empleo agrega una incertidumbre que hace pocos años era mucho menor. La inteligencia artificial y la automatización pueden elevar la productividad, crear nuevas ocupaciones y mejorar salarios; pero también pueden reemplazar tareas, reducir algunos puestos de trabajo y aumentar la presión sobre trabajadores que no logren adaptarse con suficiente rapidez.
Para medir ese riesgo se construyó un escenario crítico, no como una predicción, sino como una prueba de estrés. Allí se supone, entre otros efectos, una reducción acumulada de hasta 5% en el empleo formal atribuible a la IA, una caída adicional en actividad y formalización y una reducción de 10% en la densidad de cotización. También se supone un menor crecimiento del salario real y del PIB.
La lógica es sencilla: un sistema pensional de reparto necesita cotizantes. Si disminuye el empleo formal, baja el número de personas que aportan. Si además los trabajadores cotizan de manera más intermitente, el recaudo se debilita todavía más. Una diferencia relativamente pequeña cada año puede convertirse, después de varias décadas, en una brecha fiscal considerable.
¿Qué muestran los cuatro escenarios?
El escenario base de la reforma muestra que la presión fiscal no se concentra en los primeros años. El modelo identifica alrededor de 2030 como el comienzo de una fase de mayor aceleración y proyecta que la brecha fiscal relativa continúa aumentando hasta 2065.
“Brecha fiscal sobre PIB” no significa que todo el gasto pensional represente ese porcentaje de la economía. Es la diferencia estimada entre las obligaciones públicas del modelo y los recursos que el sistema recauda para financiarlas, expresada como proporción del PIB.
En el escenario base, la brecha alcanza aproximadamente 6,43% del PIB en 2065. En el escenario crítico asociado a la IA, sube a cerca de 7,77%. La diferencia muestra cuánto puede pesar el mercado laboral sobre la sostenibilidad pensional: si hay menos empleo formal, menos cotización y menor crecimiento económico, el Estado termina asumiendo una mayor presión relativa.
El escenario optimista tampoco significa que el problema desaparezca. Incluso con mayor formalización, crecimiento y productividad, la presión continúa porque una economía más próspera también genera mejores salarios y puede aumentar el número de personas que logra pensionarse. La diferencia es que existe una base económica más amplia para financiar esas obligaciones.
El contrafactual de la Ley 100
El escenario más exigente del ejercicio es el que pregunta qué habría ocurrido si Colombia hubiera continuado bajo la lógica de la Ley 100 y una alta proporción de afiliados con posibilidad legal de traslado hubiera elegido el Régimen de Prima Media cuando este ofreciera una pensión más favorable.
Aquí aparece un concepto clave: la selección adversa. Si las personas que esperan obtener una mejor pensión en Colpensiones tienen incentivos para trasladarse hacia el régimen público, el Estado recibe inicialmente sus ahorros y sus nuevas cotizaciones. Esa entrada de dinero mejora la caja en el corto plazo. Pero al mismo tiempo el sistema adquiere una obligación de pagar una pensión vitalicia.
Por eso el modelo separa dos conceptos. La brecha de caja descuenta el capital que llega desde los fondos privados y muestra cuánto dinero faltaría efectivamente en ese año. La brecha estructural, en cambio, observa el costo permanente del sistema sin tratar esos traslados de capital como si fueran ingresos recurrentes.
Esta diferencia puede ser engañosa si solo se mira el corto plazo. Un año con fuertes traslados puede mostrar una caja relativamente saludable, aunque debajo se esté acumulando una obligación pensional que aparecerá años después. En el escenario crítico utilizado, la brecha estructural de la continuidad de la Ley 100 alcanza aproximadamente 10,75% del PIB en 2065, muy por encima del escenario base de la reforma.
¿Significa esto que la reforma resolvió el problema?
No. La simulación sugiere que la reforma reduce algunos riesgos, especialmente el de selección adversa entre regímenes, pero no elimina el problema demográfico ni la presión fiscal de largo plazo.
La sostenibilidad seguirá dependiendo de cuántas personas trabajen formalmente, cuánto tiempo coticen, cuánto crezcan los salarios, cuánto crezca la economía, cuántos años vivan los pensionados y qué proporción de trabajadores alcance efectivamente los requisitos para obtener una pensión.
En otras palabras, una reforma pensional no puede compensar por sí sola un mercado laboral débil. Si Colombia no logra ampliar el empleo formal y la continuidad de las cotizaciones, cualquier sistema tendrá dificultades. El reto pensional es, en buena medida, un reto de empleo, productividad y demografía.
El problema no es inmediato, pero sí estructural y creciente. En el escenario base, el modelo ubica hacia 2030 el inicio de una etapa de mayor aceleración del estrés fiscal, aunque la presión más fuerte se concentra mucho después: el mayor deterioro anual se registra hacia 2060, y la brecha fiscal relativa continúa ampliándose hasta 2065, año en el que el resultado base arroja una brecha cercana al 6,43% del PIB.
Esto no implica que el sistema "quiebre" en 2030, sino que desde esa década se hace cada vez más evidente la combinación de: el envejecimiento de los afiliados, un mayor número de personas alcanzando la edad de pensión, la acumulación del stock de pensionados, y el crecimiento de las obligaciones a un ritmo superior al de la capacidad de financiación del sistema.
En consecuencia, el modelo describe una presión fiscal progresiva más que una crisis abrupta. Un dato que respalda esta lectura: cerca del 26% de los afiliados mayores de 20 años ya tiene 50 años o más, lo que implica actuarialmente una masa considerable de personas que podría pensionarse en los próximos 10 a 20 años.
La sostenibilidad del sistema depende tanto —o más— de la capacidad de Colombia para generar empleo formal y cotización continua, que de las reglas estrictamente pensionales. Si la IA, la informalidad, el bajo crecimiento económico o el desempleo reducen la base de cotizantes, incluso una diferencia relativamente pequeña en el mercado laboral se acumula durante décadas y termina traduciéndose en diferencias enormes en la carga fiscal.
De no haberse aprobado la reforma, y de mantenerse el esquema de la Ley 100 con libertad de elección entre prima media y fondos privados, el monto que el presupuesto nacional habría tenido que destinar a pensiones seguiría creciendo cada año hasta alcanzar el 6,5% del PIB en 2065, equivalentes a 285 billones de pesos de 2026. Dentro de este escenario se modelaron dos variantes: una de caja y otra estructural; la primera resulta menos crítica gracias al traslado de afiliados de fondos privados a Colpensiones al momento de pensionarse, opción más favorable para el trabajador en términos del monto de la pensión.
Con base en esto, puede concluirse que la reforma pensional era un cambio necesario para la sostenibilidad del sistema colombiano. De no haberse realizado, el país habría enfrentado un problema fiscal grave, al tener que destinar cada vez más recursos del presupuesto nacional al pago de pensiones, en detrimento de la inversión en infraestructura y otros frentes clave para el desarrollo.
El costo de la reforma
Sin embargo, nada es gratis. La reducción del gasto proyectado —que en el escenario crítico con IA pasaría de 285 a 140 billones de pesos en 2065 (precios constantes de 2026), es decir, una caída de aproximadamente el 50%— debe financiarse de alguna manera, y esa fuente son las propias pensiones futuras de los jóvenes de hoy. En promedio, las pensiones que recibirán bajo el nuevo régimen serían cerca de un 50% inferiores a las que se otorgan hoy bajo el esquema de prima media de la Ley 100, en la misma proporción del ahorro fiscal generado.
Referencia internacional
No existe un porcentaje único o universalmente aceptado del PIB que un Estado deba destinar al pago de pensiones, pero los organismos internacionales suelen considerar sostenible un gasto público pensional por debajo del 8%-10% del PIB. Superar el 12%-13% del PIB tiende a encender alarmas en los mercados y en entidades como el FMI, pues ese nivel de gasto comienza a desplazar de forma agresiva la inversión en salud, educación e infraestructura.
El umbral de aceptabilidad varía según la región y la madurez del sistema:
América Latina (sistemas jóvenes/mixtos): el promedio ronda el 4% del PIB; superar el 6%-7% ya se considera una presión fiscal severa si la cobertura sigue siendo baja.
OCDE (promedio mundial): 8,1% del PIB.
Unión Europea (sistemas maduros y envejecidos): 12,3% del PIB en promedio, con países como Italia o Francia operando entre el 13% y el 16%, niveles considerados en el límite extremo de resiliencia fiscal.
Reflexión final
Resulta paradójico ver la tranquilidad —e incluso satisfacción— con la que muchos jóvenes en Colombia han recibido la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Es probable que aún no dimensionen del todo su impacto sobre el monto de la pensión que recibirán en el futuro, ni sepan que, en promedio, su mesada podría reducirse en cerca de un 50% frente al esquema actual.
Supuestos del modelo
Tabla 1. Supuestos iniciales del modelo
Tabla 2. Supuestos actuariales
Tabla 3. Distribución de ingresos y comportamiento por edades
Tabla 4. Demografía y reglas de pensión
Tabla 5. Escenarios actuariales, supuestos Laborales e Impacto de la IA
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