Lanzamiento del Programa de Autogestión de Vivienda de Interés Social Urbana (PAVIS 2026)

Lanzamiento del Programa de Autogestión de Vivienda de Interés Social Urbana (PAVIS 2026)

Lanzamiento del Programa de Autogestión de Vivienda de Interés Social Urbana (PAVIS 2026):

Autogestión, territorio y el desafío persistente del déficit habitacional en Colombia

Primera parte

 

Lidya Mabel Castillo Sanabria Doctora por la Universitat Rovira i Virgili (España)/Abogada de la Universidad de la Sabana (Colombia)

El pasado 27 de abril de 2026, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, presentó oficialmente el Programa de Autogestión de Vivienda de Interés Social Urbana (PAVIS 2026), una iniciativa que se inserta en el marco normativo del Decreto 585 de 2025 y que propone una relectura estructural de cómo se produce ciudad en el país.

Más allá de su formulación técnica, PAVIS emerge como una respuesta directa a una realidad persistente: el déficit habitacional en Colombia, que actualmente alcanza el 25,7%. Si bien esta cifra ha mostrado una reducción progresiva en los últimos años, sigue evidenciando la necesidad de mecanismos innovadores, sostenibles y culturalmente pertinentes para garantizar el acceso a una vivienda digna.

En este contexto, el programa introduce un elemento clave que ha sido históricamente subestimado en las políticas públicas formales: la autogestión. Entendida no solo como un mecanismo operativo, sino como una práctica social arraigada, la autogestión reconoce la capacidad organizativa de comunidades, colectivos y hogares para participar activamente en la producción de su propio hábitat. En el caso de PAVIS 2026, este enfoque no es abstracto, sino que se concreta en una orientación clara hacia actores específicos: organizaciones populares de vivienda, cooperativas, asociaciones comunitarias, juntas de acción comunal, colectivos urbanos, así como comunidades étnicas, incluidos resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, entre otros.

Esta delimitación no solo amplía el espectro de beneficiarios, sino que valida estructuras organizativas que históricamente han liderado procesos de acceso al suelo y construcción de vivienda en contextos de informalidad o limitada presencia institucional. Al reconocer a estos actores como sujetos activos -y no meros receptores-, el programa abre la puerta a modelos de gestión colectiva más robustos, donde la toma de decisiones, la ejecución de proyectos y la sostenibilidad del hábitat se construyen desde el territorio y con identidad propia.

Previo a su lanzamiento, el diseño de PAVIS estuvo acompañado por una serie de diálogos nacionales de saberes, en los que participaron comunidades urbanas y rurales, líderes sociales, organizaciones territoriales, así como representantes de resguardos indígenas y otros actores históricamente vinculados a procesos de construcción colectiva del territorio. Estos espacios no solo sirvieron como instancias de socialización, sino como verdaderos ejercicios de retroalimentación, donde el conocimiento técnico se encontró con saberes locales, prácticas tradicionales y experiencias acumuladas de autoconstrucción.

Este enfoque participativo resulta especialmente relevante en América Latina, donde la autoconstrucción ha sido, durante décadas, una de las principales estrategias de acceso a la vivienda, a partir de la vivienda progresiva. Lejos de ser una práctica marginal, la autoconstrucción constituye un fenómeno estructural que ha dado forma a extensas áreas urbanas, reflejando tanto la resiliencia social como las limitaciones del modelo formal de provisión de vivienda.

PAVIS 2026 parece reconocer esta realidad y, en lugar de intentar sustituirla, busca integrarla dentro de un marco institucional que permita mejorar sus condiciones de calidad, seguridad y sostenibilidad. En ese sentido, el programa no solo apunta a reducir el déficit cuantitativo, sino también a incidir en el déficit cualitativo, promoviendo viviendas que respondan a estándares adecuados sin desconocer las dinámicas sociales y culturales de quienes las habitan.

El desafío, sin embargo, es significativo. Incorporar la autogestión dentro de la política pública implica repensar los esquemas tradicionales de financiación, asistencia técnica, regulación urbanística y acompañamiento institucional. Supone también aceptar que la producción de ciudad no es un proceso exclusivamente planificado desde arriba, sino una construcción compleja, donde confluyen múltiples actores, intereses y formas de conocimiento.

Este modelo no solo reconoce la autogestión como práctica válida, sino que la institucionaliza a través de rutas como la autoconstrucción - con participación directa de los hogares - y la construcción delegada - con apoyo de terceros idóneos -, integrando asistencia técnica, subsidios y organización comunitaria en un mismo ciclo de producción del hábitat. En este escenario, el programa se posiciona como una apuesta que trasciende lo programático: plantea una discusión de fondo sobre el derecho a la ciudad, la democratización de la producción del hábitat y el reconocimiento de prácticas históricamente invisibilizadas.

El diseño operativo de PAVIS 2026 permite identificar un cambio de fondo en la manera en que se concibe la producción de vivienda en Colombia. Más que un programa tradicional, se configura como un esquema de corresponsabilidad donde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio financia y habilita, los municipios gestionan el suelo y viabilizan, y las comunidades organizadas ejecutan los proyectos.

Colombia avanza, pero el camino hacia la superación del déficit habitacional requiere no solo continuidad en las políticas, sino una apertura real a modelos más inclusivos, participativos y territorialmente sensibles, donde el enfoque en los colectivos sea central: pensar la vivienda desde la organización comunitaria, la vida en grupo y la construcción compartida del hábitat.

En este marco, los esquemas colectivos no deben entenderse como una alternativa marginal, sino como una vía estratégica para ampliar el acceso, fortalecer el tejido social y hacer más eficiente y justo el uso de los instrumentos de política pública.

En una segunda entrega se desarrolla la hoja de ruta, requisitos y paso a paso para las comunidades que estén interesadas en acceder al programa.

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