Informalidad en Colombia: El freno invisible al desarrollo

Informalidad en Colombia: El freno invisible al desarrollo

Informalidad en Colombia: El freno invisible al desarrollo

Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes.

La informalidad y el desarrollo no son compatibles. Basta observar que los países con mayores niveles de riqueza y desarrollo registran tasas de informalidad muy bajas, generalmente inferiores al 5 %. Esto tiene plena lógica: cuando el empleo es formal, los trabajadores acceden, como mínimo, a un salario legal, a la seguridad social, a la pensión y a las demás prestaciones establecidas por la ley. En cambio, la informalidad limita la capacidad de los trabajadores para mejorar su calidad de vida, reduce los aportes al sistema de protección social y debilita la generación de impuestos necesarios para financiar la inversión social, la infraestructura y el crecimiento económico del país.

Hay un fenómeno que en Colombia no avanza a la velocidad que necesitamos: la reducción del empleo informal. Como se aprecia en el Gráfico 1 y en la Figura 2, durante la última década, en las 13 principales ciudades del país, la informalidad apenas se ha reducido en cerca de cinco puntos porcentuales. De acuerdo con el DANE, se consideran ocupados informales los asalariados o empleados domésticos que no cuentan con cotizaciones a salud ni a pensión derivadas de su vínculo laboral con el empleador. También hacen parte de esta categoría los trabajadores sin remuneración, otros trabajadores, los trabajadores por cuenta propia y los patrones o empleadores que quedan clasificados dentro del sector informal.

Figura 2. Evolución histórica de la proporción de informalidad en Colombia.

Si Colombia se propusiera llegar a una informalidad cercana al 15 %, nivel que se aproxima al promedio de los países miembros de la OCDE —excluyendo a Chile, Colombia, Costa Rica y México—, el panorama sería preocupante. A una tasa de reducción de apenas cinco puntos porcentuales cada década, el país tardaría cerca de ocho décadas, es decir, alrededor de 80 años, en alcanzar ese objetivo. Esa sola proyección evidencia la gravedad del problema y lo absurdo de esperar resultados distintos sin cambios de fondo. Por eso vale la pena preguntarse dónde se origina realmente el problema de la informalidad y, a partir de ese diagnóstico, plantear soluciones más realistas.

Como se evidencia en el Gráfico 2, el empleo informal en las pequeñas ciudades y en las zonas rurales alcanza el 83,2 %. Aunque la cifra es alarmante, no resulta sorprendente: las empresas se concentran principalmente en las grandes ciudades, y son precisamente ellas las que tienen mayor capacidad de ofrecer empleos formales. En muchas regiones del país, las personas no tienen otra alternativa que trabajar por cuenta propia o vincularse informalmente. En la práctica, la economía de estos territorios opera en gran medida al margen de la formalidad, y las normas del Estado no siempre llegan, ni se cumplen, con la misma fuerza que en los grandes centros urbanos.

 A esto se suma que no todas las empresas tienen capacidad para sostener empleos formales. Como se observa en la Tabla 1, en las microempresas la informalidad llega al 84,3 %. Esta situación es comprensible: para muchos pequeños negocios, asumir todos los costos de la formalidad laboral resulta demasiado oneroso. Por eso, algunos emprendedores terminan contratando trabajadores de manera informal o bajo modalidades de pago a destajo. A medida que aumenta el tamaño de la empresa, la informalidad disminuye, probablemente por una mayor capacidad financiera para asumir estos costos y por el mayor control que ejercen las entidades del Estado sobre las empresas de mayor tamaño.

Al analizar la informalidad por ciudades, se observa que varias capitales de la Costa Caribe —como Sincelejo, Valledupar, Riohacha, Santa Marta y Montería— presentan tasas elevadas. A ellas se suman ciudades como Cúcuta, Quibdó, Pasto y Florencia. Es razonable pensar que estos niveles están asociados con una baja presencia de pequeñas, medianas y grandes empresas capaces de generar empleo formal de manera sostenida.

Para comprobar si esta hipótesis tiene sentido —es decir, si existe una relación entre el número de empresas o unidades económicas y los niveles de informalidad—, resulta útil revisar la Tabla 2. Resulta llamativo que varios de los departamentos con mayores niveles de informalidad sean, al mismo tiempo, aquellos con menor cantidad de unidades económicas por cada 1.000 habitantes, como ocurre con Cesar, Atlántico, Chocó y Magdalena.

Al comparar las empresas formalizadas con el total de unidades económicas, se observa que, en promedio, solo el 61 % de estas unidades estaría formalizado. Este dato agrava el problema, especialmente en los departamentos con menor número de unidades económicas frente a su población. En territorios como Chocó y Magdalena, el número de empresas formales por cada 1.000 habitantes podría ser incluso más bajo que el de Atlántico (14,2%), si se mantiene una baja tasa de formalización empresarial.

Tabla 2. Densidad de unidades económicas por cada 1.000 habitantes.

La Tabla 1 también deja una conclusión clara: mientras más grandes y formales son las empresas, mayor es su capacidad de ofrecer empleos formales. En cambio, las microempresas, por sus limitaciones económicas y operativas, difícilmente pueden absorber por sí solas el costo de la formalización laboral.

Tabla 3. Empresas formales vs población

En conclusión, mientras persistan las condiciones económicas actuales en las zonas rurales y en los pequeños municipios de Colombia —especialmente el bajo número de empresas por cada 1.000 habitantes—, la informalidad laboral seguirá dominando buena parte del mercado de trabajo. El país necesita pensar en medidas realmente disruptivas. De lo contrario, podríamos pasar 80 años más discutiendo el mismo problema, con resultados apenas marginales.

¿Cuáles podrían ser esos cambios disruptivos? En primer lugar, incentivar la creación de nuevas empresas privadas en ciudades pequeñas e intermedias, mediante beneficios tributarios reales y estables, tanto en industria y comercio como en impuesto de renta y otros impuestos, como el IVA. En segundo lugar, apoyar la formalización empresarial con reglas simples, estabilidad tributaria y procesos de reporte menos complejos. En tercer lugar, promover el crecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante créditos blandos para inversión en infraestructura y capital de trabajo. Finalmente, crear incentivos económicos directos para las empresas que aumenten de manera verificable el número de empleos formales. Sin más empresas, sin empresas más fuertes y sin una política agresiva de formalización, la informalidad seguirá siendo uno de los grandes frenos al desarrollo económico del país.

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