La Crisis en la justicia
El país no sale de su estupor por lo que se ha llamado el escándalo de la justicia, situación que ha permeado todos los estamentos del Estado colombiano. La crisis de la justicia no es un tema de hoy, por eso me atrevo a titular mi entrada en plural, creo que tristemente estamos ante varias crisis asociadas a un tema transversal.
La Constitución de 1991 creyó resolverlo con la creación de más jurisdicciones y el aseguramiento de las elecciones de los magistrados por varias fórmulas entra la cooptación, la nominación, la confirmación, inter alía. No obstante lo anterior, lo que sucedió fue que se abrió una puerta que permitió a las cortes convertirse en nominadoras y electoras, así como al poder legislativo en el definidor de los jueces y su presupuesto, binomio perverso.
Este mal matrimonio desató lo que era previsible, la función judicial se desnaturalizó en funciones electorales y nominadoras, y esto derivó en que el poder judicial fuese permeado por el legislativo.
El hablar mal de la rama legislativa ya es paisaje en nuestro país, todos sabemos que el congreso tiene graves problemas, pero de alguna manera lo toleramos como algo consustancial a su función política, su baja calidad, y los malos resultados que arroja, al punto de pensar que es un mal necesario y no una institución virtuosa.
Pero, la justicia se empieza a corromper cuando su rol social e institucional se ve distorsionado por una función política y electoral, y de allí que los estudios internacionales y locales sobre alta permeabilidad o justicia politizada hayan hecho juiciosos análisis sobre las diferentes cortes de nuestra región, y cuál ha sido su comportamiento a través de la historia y frente a los gobiernos de turno.
No olvidemos que en muchos Estados el poder judicial tuvo que coexistir con un poder ejecutivo contralado por dictaduras, por la ausencia de pesos y contrapesos legislativos, y por sociedades que debían conformarse con un control a veces meramente formal de la judicatura.
En Colombia pasamos de las cortes notables y la justicia penal que se tuvo que enfrentar al narcotráfico, que se vio hecha cenizas por la asociación criminal entre guerrillas y carteles, y el hecho de que su presupuesto y su capacidad administrativa fuera rehén del poder ejecutivo y del poder legislativo.
Atrás quedaron esos valientes que enfrentaron a Escobar, Gacha, los Rodríguez, al paramilitarismo y a las Farc, y nos quedamos con los negociantes, intrigadores y escaladores de posiciones judiciales, que lo único que buscaban era lucrase con sus decisiones, establecer verdaderas empresas criminales entre acusados, defensores y jueces, así como ensanchar el poder judicial en cargos y gastos, pero no en capacidad y eficiencia.
No hay que desgastarse mucho para determinar qué es lo que está mal, pero si me atreveré a dejar sentadas algunas ideas de algo en lo que trabajé desde la academia, y que creo firmemente debe consolidarse en una reforma verdadera y no coyuntural, o en una hoja de ruta que un gobierno valiente sea capaz implementar:
- Simplificación de las cortes: si bien nuestro sistema cuenta con una jurisdicción ordinaria, otra constitucional y otra contencioso – administrativa, ese es el panorama que debe permanecer, no más “cortes” de judicatura, ni cortes especiales, ni cortes transicionales, el sistema está en crisis y el establecimiento de la JEP mucho me temo que no hará nada más que empeorarlo como se vio con “justicia y paz” y demás híbridos de coyuntura.
- Presupuesto definido: es vergonzoso ver a magistrados y jueces, de diferentes jurisdicciones y niveles, mendigando por los pasillos del congreso las partidas presupuestales cada vez que se está discutiendo la ley general del presupuesto. Esto hace que el poder judicial sea rehén de la dictadura fiscal impuesta por el ejecutivo, y que, al negociar desunidos, el ministerio de hacienda haga de las suyas sometiéndolos con las partidas. Necesitamos una justicia con un porcentaje fijo año a año en la ley general del presupuesto. Ahora con los $2 Billones estimados de costo de la JEP, el panorama es aún más sombrío para la justicia permanente.
- Control profesional: el desafortunado consejo superior de la judicatura creado por la Carta de 1991 se convirtió en un hibrido entre administrador de la justicia y administrador de justicia disciplinaria, no se aguantó las ganas y empezó a colapsar el sistema adoptando decisiones judiciales en materia de tutela y, a más de ello, se convirtió en otra puerta giratoria y pensionaderode magistrados y políticos, lo que, como vimos, tenía que salir mal. A los jueces los debe vigilar disciplinariamente el ministerio público, y a los abogados nos deben vigilar nuestros colegas en colegios y asociaciones, así como la justicia ordinaria ante la comisión de delitos. Tristemente “aforar” en Colombia es inmunizar, no proteger.
- Escindir la administración de justicia de la administración judicial: el botín más preciado en la última reforma fue la del “gerente de la rama judicial” - ya veremos esto como sale -, simplemente esto da la razón sobre dos discusiones en torno a la “justicia”, una cosa es la administración de la justicia, que debería estar en cabeza del ministerio de justicia y del derecho (con el presupuesto fijo y las responsabilidades del caso), y otra cosa es la administración de justicia, que está en cabeza de las diferentes jurisdicciones. Cuando los magistrados se convierten en políticos o cajeros, pasa lo mismo que cuando los políticos se convierten en jueces y nominadores.
- Oposiciones permanentes, equidad salarial y transparencia: parecería la más obvia de las formulas pero es la menos aplicada, los jueces deben llegar por concurso, deben ser evaluados y reevaluados, y aquellos que lleguen a las altas cortes debe llegar en edad de pre pensión y como último escalón de su vida profesional. No podemos seguir con magistrados que después salen a litigar ante sus excompañeros y a montar oficinas con el eslogan de que conocen como se manejan las cosas por dentro, es por ello que no tenemos juristas sino negociantes. No puede seguir existiendo tal disparidad salarial entre los jueces de primera instancia y los magistrados de corte, ello no incentiva el ascenso, deslegitima la función judicial, y ha demostrado que, al no tener que llegarse por concurso o carrera a las cortes, estás se han llenado de oportunistas, abogados con intereses privados, y personas ambiciosas e inescrupulosas. Debe ser una carrera escalonada, exigente y una decisión de vida.
Otra discusión que espero poder traer en la siguiente entrada es qué clase de abogados estamos formando, y qué clase de escuelas de derecho son las que tenemos. Es irresponsable pensar que los abogados se descarrían por el camino, algo está fallando, algo en nuestra sociedad y en nuestra educación, no tenemos a los mejores juristas en las cortes, y los egresados de las mejores universidades prefieren el ejercicio privado que la judicatura.
Es odioso hablar de facultades y escuelas, pero gran parte del debate y del dilema pasa por ahí, ¿de verdad necesitamos tantas?, ¿hay tan buenos abogados y somos tan necesarios?, este debate de las crisis en la justicia también tiene mucho que ver con cantidad, calidad y pertinencia.
Como colofón de esta debacle la solución del gobierno es un referendo a la justicia que me hace evocar los decretos de Nicolás Maduro, como si por arte de magia o la rapidez de la pluma los problemas estructurales se pudieran solucionar.
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