Después del terremoto, la pregunta urgente es: ¿dónde vivirán las familias afectadas?

Después del terremoto, la pregunta urgente es: ¿dónde vivirán las familias afectadas?

Después del terremoto, la pregunta urgente es: ¿dónde vivirán las familias afectadas?

 

Lidya Mabel Castillo Sanabria Doctora por la Universitat Rovira i Virgili (España)/Abogada de la Universidad de la Sabana (Colombia)

Colombia atraviesa uno de esos momentos en los que las cifras dejan de ser estadísticas para convertirse en historias familiares. El terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó y una magnitud de 7,4, ha dejado una tragedia humana de enormes proporciones y una afectación habitacional que apenas comienza a dimensionarse. Los balances preliminares reportan viviendas destruidas, miles de inmuebles averiados y comunidades enteras enfrentadas a la incertidumbre sobre dónde podrán vivir en los próximos días y semanas.

En medio de las labores de rescate, la atención médica, la remoción de escombros y la entrega de ayuda humanitaria, aparece una pregunta que necesariamente tendrá que ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno Nacional: ¿qué ocurrirá con las familias que perdieron su vivienda o cuya casa quedó en condiciones que no permiten habitarla?

La respuesta no puede limitarse a la emergencia de las primeras horas. Una catástrofe de esta magnitud exige pensar, desde ahora, en tres momentos diferentes: el alojamiento inmediato, la solución habitacional transitoria y la reconstrucción o reubicación definitiva.

Primero: un techo seguro para hoy

La primera obligación es garantizar que ninguna familia afectada tenga que regresar a una vivienda que represente un riesgo para su vida o su integridad. En este punto cobra especial importancia el anuncio gubernamental sobre la utilización de subsidios o apoyos para el pago de arrendamiento de las familias damnificadas. Esta herramienta no es nueva dentro del sistema colombiano de atención de emergencias. El ordenamiento contempla mecanismos de apoyo habitacional para quienes han perdido su vivienda como consecuencia de desastres y permite utilizar el arrendamiento como una solución temporal mientras se define una alternativa definitiva.

La experiencia demuestra, además, que el subsidio de arriendo puede convertirse en una herramienta particularmente útil durante las primeras semanas: permite que las familias salgan de zonas inseguras, evita una permanencia prolongada en albergues y ofrece un mínimo de estabilidad mientras se realiza el diagnóstico técnico de los inmuebles afectados.

Pero el Gobierno tendrá que responder pronto preguntas muy concretas: ¿quiénes serán beneficiarios?, ¿cuál será el monto?, ¿por cuánto tiempo se entregará?, ¿cómo se realizará la identificación de los hogares?, ¿qué ocurrirá con las familias que viven en zonas rurales o en municipios donde prácticamente no existe oferta formal de alquiler?

No basta con anunciar el subsidio. Hay que hacerlo llegar rápidamente a quien lo necesita.

Segundo: no confundir una ayuda temporal con una solución de vivienda

Este punto merece especial atención.

Un subsidio de arrendamiento puede resolver la necesidad inmediata de contar con un techo, pero no soluciona por sí mismo el problema habitacional de una familia cuya vivienda fue destruida.

Por ello, una vez superada la fase crítica de la emergencia, el Gobierno deberá pasar rápidamente a una segunda etapa: determinar qué viviendas pueden ser reparadas, cuáles requieren intervención estructural y cuáles deben ser demolidas; establecer qué familias pueden permanecer en sus territorios y cuáles necesitan ser reubicadas; identificar los terrenos seguros disponibles y definir las fuentes de financiación para la reconstrucción.

La legislación colombiana ya contempla distintas modalidades para atender estas situaciones: adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, autogestión, mejoramiento y apoyo financiero para arrendamiento. En situaciones excepcionales, además, se han establecido mecanismos para simplificar requisitos y acelerar la asignación de subsidios a partir de los censos oficiales de damnificados.

Esto significa que el Gobierno no parte de cero. El país cuenta con herramientas jurídicas. Lo que ahora se necesita es capacidad de ejecución.

Tercero: reconstruir no significa simplemente volver a construir

La tragedia obliga también a formular una pregunta más profunda: ¿se deben reconstruir exactamente las viviendas donde estaban? La respuesta no siempre será afirmativa.

Cuando un desastre demuestra que determinados terrenos presentan condiciones de riesgo, la reconstrucción debe estar acompañada de decisiones de ordenamiento territorial. El objetivo no puede ser devolver a las familias al mismo lugar y reproducir las condiciones que las hicieron vulnerables.

Por eso, la respuesta habitacional deberá coordinar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, gobernaciones y alcaldías. Los municipios tendrán un papel fundamental en la identificación de zonas afectadas, la determinación de necesidades de reubicación y las decisiones urbanísticas correspondientes. El Ministerio, por su parte, deberá estructurar las soluciones de vivienda, mejoramiento, reconstrucción o reasentamiento, mientras Fonvivienda podrá concurrir con recursos para subsidios y adquisición de suelo.

La experiencia reciente frente a otras emergencias ha demostrado que estos procesos pueden ser complejos y prolongados. En febrero de este mismo año, por ejemplo, el Gobierno reconoció que la magnitud de una emergencia puede superar la capacidad ordinaria de respuesta y adoptó medidas excepcionales para agilizar soluciones habitacionales, incluyendo apoyo al arrendamiento, autogestión, mejoramiento, construcción y reasentamiento colectivo.

La lección es evidente: la velocidad importa, pero la velocidad sin planificación puede producir una segunda tragedia, las regiones afectadas exigen una respuesta diferencial. El territorio, las condiciones de acceso, las características culturales y constructivas, la disponibilidad de suelo y la existencia de comunidades étnicas obligan a diseñar soluciones diferenciadas.

El propio Ministerio de Vivienda ha venido desarrollando en Chocó experiencias de intervención con organizaciones y consejos comunitarios, incluyendo programas de mejoramiento que reconocen las características territoriales y culturales de las viviendas. En enero de este año, por ejemplo, el Ministerio informó sobre una alianza público-comunitaria destinada a ejecutar 3.200 mejoramientos de vivienda en el departamento.

Ese conocimiento acumulado debería ser aprovechado ahora. La reconstrucción no puede hacerse únicamente para las comunidades; debe hacerse también con las comunidades.

En los próximos días Colombia verá una enorme movilización de solidaridad. Organizaciones sociales, empresas, ciudadanos, organismos de socorro y gobiernos extranjeros continuarán aportando recursos y asistencia. Pero llegará un momento en que las cámaras abandonarán los lugares más afectados y la emergencia dejará de ocupar las primeras páginas. Será entonces cuando comenzará la etapa más difícil.

Porque reconstruir viviendas requiere suelo, recursos, diseños, licencias o mecanismos excepcionales de autorización, servicios públicos, infraestructura, financiación, contratación, supervisión y, sobre todo, coordinación institucional. Y será necesario evitar que la urgencia termine convirtiéndose en improvisación.

Colombia tiene antecedentes que deberían servir como aprendizaje. La historia de las emergencias nacionales demuestra que una vivienda anunciada no equivale a una vivienda construida y que un subsidio asignado no necesariamente significa que una familia haya recuperado su hogar.

La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ha documentado recientemente retrasos muy prolongados en soluciones habitacionales para familias damnificadas por emergencias anteriores, una advertencia que no debería pasar inadvertida cuando comienza una nueva reconstrucción.

La pregunta que debe responder el Gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella acaba de asumir el Gobierno en medio de una de las primeras y más graves pruebas de su administración. La tragedia no fue provocada por su Gobierno, pero la respuesta sí estará bajo su responsabilidad.

Por eso, además de rescatar vidas y atender la emergencia humanitaria, el país necesita conocer cuanto antes la hoja de ruta habitacional.

Los colombianos necesitan saber qué familias serán atendidas con subsidios de arrendamiento, cómo se financiarán, qué viviendas serán reparadas, cuáles deberán ser reconstruidas, dónde se desarrollarán los proyectos de vivienda definitiva y qué mecanismos se utilizarán para las familias que deban ser reubicadas.

También será necesario conocer los recursos disponibles, los cronogramas y las entidades responsables, porque después de un terremoto no basta con reconstruir paredes, hay que reconstruir hogares, comunidades y proyectos de vida.

Y esta emergencia plantea al nuevo Gobierno una oportunidad - dolorosa, pero ineludible - para demostrar que la política de vivienda puede convertirse realmente en una política de Estado: rápida cuando la emergencia lo exige, técnica cuando se reconstruye, sensible frente a las particularidades territoriales y suficientemente sólida para evitar que las familias damnificadas queden atrapadas durante años en soluciones provisionales.

Hoy Colombia necesita solidaridad. Mañana necesitará reconstrucción. Y desde ahora necesita saber cómo se garantizará que quienes perdieron su casa puedan volver a tener un hogar.

La vivienda no puede ser el capítulo que se atienda cuando termine la emergencia.

La vivienda es parte esencial de la respuesta a la emergencia.

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