En un reciente y mediático pronunciamiento de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, se condenó la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional y Policía Nacional por el secuestro, la violación a la libertad e integridad personal, a la garantías fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y la protección especial y diferenciada de los Derechos del Niño. No obstante, a pesar de haberse declarado la responsabilidad del Estado, de manera novedosa, como garante del principio de reparación integral y en atención a las obligaciones consignadas en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado por el Gobierno Nacional de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, dicha Corporación se pronunció sobre la exigibilidad del deber de reparar a las víctimas a cargo de las FARC como organización o aparato organizado de poder.