Agenda 2030: La vivienda digna será la primera gran prueba del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Agenda 2030: La vivienda digna será la primera gran prueba del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Agenda 2030: La vivienda digna será la primera gran prueba del Gobierno de Abelardo de la Espriella

 

Lidya Mabel Castillo Sanabria Doctora por la Universitat Rovira i Virgili (España)/Abogada de la Universidad de la Sabana (Colombia)

El próximo 7 de agosto se abre un nuevo capítulo para Colombia. Con la posesión del presidente Abelardo de la Espriella llega el momento en que las promesas dejan de ser consignas de campaña para convertirse en decisiones de gobierno. Y entre todas ellas, existe una que no admite más aplazamientos: garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna para millones de colombianos.

La vivienda no puede seguir siendo una aspiración inalcanzable para las familias de menores ingresos. Tampoco puede continuar dependiendo exclusivamente de los ciclos económicos, de la incertidumbre presupuestal o de programas que aparecen y desaparecen con cada administración. No se trata únicamente de una política pública: el artículo 51 de la Constitución Política consagra el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna y ordena al Estado fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Ese mandato constitucional convierte la política de vivienda en uno de los pilares del desarrollo social, de la reducción de la pobreza, de la formalización del empleo y de la construcción de territorios más seguros, sostenibles y equitativos.

Durante la campaña presidencial, el hoy presidente electo presentó una propuesta ambiciosa bajo el lema "Colombia, país de propietarios". Planteó facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios con tasas cercanas al 2 % anual, plazos de hasta treinta años y cuotas similares al valor de un arriendo. Prometió impulsar un acuerdo nacional para eliminar la cuota inicial en la compra de vivienda nueva, fortalecer la competencia bancaria para reducir las tasas de interés, construir más de un millón de viviendas durante su gobierno y reactivar los subsidios dirigidos a la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Además, anunció programas de mejoramiento de vivienda, legalización de barrios y modelos habitacionales que permitan combinar el hogar con el desarrollo de actividades productivas familiares.

Son compromisos de enorme trascendencia, no solo por el impacto que tendrían sobre el déficit habitacional que enfrenta Colombia, sino porque representan una oportunidad histórica para dinamizar la economía nacional. La construcción ha sido tradicionalmente uno de los principales motores del empleo, de la inversión y del crecimiento económico. Cada proyecto de vivienda genera miles de empleos directos e indirectos, impulsa industrias conexas, fortalece las finanzas territoriales y mejora la calidad de vida de las comunidades.

Sin embargo, el verdadero reto comienza ahora. Gobernar exige convertir las promesas en políticas públicas técnicamente viables, financieramente sostenibles y jurídicamente sólidas. La ciudadanía demanda mucho más que anuncios; espera resultados medibles, cronogramas claros, recursos garantizados y una articulación efectiva entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sistema financiero, los constructores, las cajas de compensación familiar y todos los actores que intervienen en la política pública de vivienda.

La vivienda social debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública. Son precisamente los hogares pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 los que enfrentan las mayores barreras para acceder al crédito, reunir una cuota inicial o cumplir los requisitos exigidos por el sistema financiero. Para estas familias, la ausencia de una política pública robusta significa prolongar durante años el pago de arriendos que consumen buena parte de sus ingresos, perpetuar condiciones de informalidad o permanecer en asentamientos precarios con escaso acceso a servicios públicos, equipamientos urbanos y oportunidades de desarrollo.

Por ello, el éxito de la propuesta presidencial no podrá medirse únicamente por el número de viviendas iniciadas o entregadas. Será indispensable evaluar la calidad de los proyectos, su ubicación, el acceso a transporte, educación, salud, espacio público, empleo y servicios básicos. Una vivienda adecuada no consiste únicamente en levantar muros; implica construir ciudad, fortalecer comunidades y garantizar condiciones de habitabilidad que dignifiquen la vida de las personas.

En este escenario adquiere una relevancia especial el compromiso internacional que Colombia asumió con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 propone lograr ciudades y comunidades sostenibles, promoviendo el acceso de todas las personas a viviendas adecuadas, seguras y asequibles, así como la urbanización inclusiva, la mejora de barrios vulnerables y el fortalecimiento de la planificación territorial.

El calendario no deja margen para aplazamientos. El año 2030 ya no constituye una meta lejana; está a la vuelta de la esquina. Cada año que transcurre sin avances significativos reduce las posibilidades de que Colombia cumpla con los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y, sobre todo, con las expectativas de millones de ciudadanos que esperan oportunidades reales para acceder a una vivienda digna.

El Gobierno que inicia tiene en sus manos una responsabilidad histórica. No bastará con anunciar grandes metas de construcción. Será indispensable garantizar seguridad jurídica para la inversión, agilizar los procesos de licenciamiento urbanístico, fortalecer los mecanismos de financiación, recuperar la confianza del sector constructor y asegurar la continuidad de los subsidios destinados a la población más vulnerable. La política pública de vivienda debe convertirse en una verdadera política de Estado y no en un programa sujeto a las contingencias presupuestales o a las prioridades de cada administración.

También será fundamental reconocer el papel estratégico que cumplen los departamentos y municipios. El acceso al suelo urbanizable, la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, la disponibilidad de servicios públicos, la movilidad y la planificación urbana serán factores determinantes para que las metas nacionales puedan materializarse, y para ello se necesita mayor acompañamiento del Gobierno Nacional. Sin una coordinación efectiva entre la Nación y los gobiernos territoriales, cualquier objetivo cuantitativo corre el riesgo de quedarse únicamente en el papel.

Hoy Colombia no necesita nuevas promesas; necesita que las ya formuladas se conviertan en resultados. Durante la campaña presidencial, los colombianos escucharon compromisos claros en materia de financiación hipotecaria, acceso al crédito, subsidios y construcción masiva de vivienda para las familias de menores ingresos. Es momento de que esas iniciativas empiecen a materializarse en políticas públicas concretas, con metas verificables y mecanismos efectivos de ejecución.

Incluso vale la pena abrir una reflexión sobre la manera en que el país ha denominado históricamente esta política pública. Tal vez ha llegado el momento de dejar de hablar de "vivienda de interés social" y empezar a referirnos, simplemente, a vivienda social. El interés por acceder a una vivienda digna no distingue estratos ni condiciones económicas; constituye una aspiración legítima de toda familia. Lo esencial no radica en el calificativo, sino en que esa vivienda sea accesible, suficiente y capaz de ofrecer bienestar, estabilidad y oportunidades a quienes más la necesitan.

Ahora corresponde al Gobierno demostrar que las propuestas presentadas durante la campaña constituyan un proyecto de transformación nacional que materialice el derecho de miles de familias a tener un hogar propio y convierta la política pública de vivienda en uno de los pilares del desarrollo social y económico del país.

El cumplimiento de estos compromisos representaría mucho más que una victoria política. Significaría ofrecer estabilidad a millones de familias, reducir el déficit habitacional, fortalecer la economía, generar empleo formal, disminuir la pobreza y avanzar hacia ciudades más sostenibles e incluyentes.

La historia medirá el éxito de esta administración no por la contundencia de sus discursos, sino por su capacidad para convertir las promesas en hogares, los anuncios en oportunidades y las expectativas de millones de colombianos en una realidad tangible.

La vivienda digna no admite más esperas. La vivienda social debe convertirse en una prioridad nacional. El cumplimiento de la Agenda 2030 depende, en buena medida, de las decisiones que se adopten desde este mismo momento.

Señor Presidente, Colombia ha depositado en usted la confianza para liderar este nuevo capítulo de la Nación. Confiamos en que las propuestas que inspiraron a millones de colombianos se traduzcan en políticas públicas eficaces, porque garantizar una vivienda digna no solo significa cumplir una promesa de gobierno: significa honrar el compromiso del Estado con sus ciudadanos y acercar al país al cumplimiento de la Agenda 2030.

El tiempo de las campañas terminó. Ahora comienza el tiempo de gobernar. Y gobernar también significa cumplir.

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