Salario mínimo suspendido, legalidad en tensión y en tiempos de Tik Tok

Salario mínimo suspendido, legalidad en tensión y en tiempos de Tik Tok

Salario mínimo suspendido, legalidad en tensión y en tiempos de Tik Tok

 

El Consejo de Estado acaba de decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo legal mensual para el año 2026 al incrementarlo en un 23%. La decisión es excepcional, pues no solo suspende el Decreto demandado, sino que ordena al Ejecutivo expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, debidamente motivado, mientras se adopta una decisión de fondo.

El auto es claro en su fundamento y el Despacho advierte, prima facie, la infracción del inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996,  esto es, en síntesis el conjunto de criterios legales y constitucionales que obligatoriamente deben guiar la fijación del salario mínimo. No se trata de una discusión política ni ideológica, sino de un problema clásico de legalidad, pues lo que se vislumbra en el Decreto es la ausencia de una motivación económica suficiente, verificable y explicada con rigor.

El auto proferido, además evita el vacío normativo, pues se difieren los efectos de la suspensión, protegiendo las situaciones ya causadas o pagadas y exige que el nuevo Decreto explique cómo se ponderan los criterios económicos, cuál es la operación lógica empleada y cuáles son las fuentes oficiales que respaldan la cifra final de su fijación, luego el mensaje es claro e inequívoco: no basta con decidir; hay que explicar y el nuevo Decreto que se expida regirá hasta que se resuelva el fondo.

Este escenario ya era complejo, pero en términos hacendísticos se torna aún más tenso con la declaratoria de una nueva emergencia económica por las inundaciones que han afectado a gran parte del país, lo que implica la adopción de nuevas medidas extraordinarias y posibles decisiones tributarias excepcionales. Entonces, una nueva emergencia decretada en medio de dos decretos de emergencia suspendidos provisionalmente por la Corte Constitucional y de la fijación de un salario mínimo también suspendido provisionalmente configuran hechos sin precedentes en la historia institucional colombiana.

Todo ello ocurre, además, en un marco preelectoral, con un debate público degradado y una clase política más concentrada en el espectáculo y ridiculizaciones de Tik Tok y demás redes sociales, que en la deliberación seria sobre límites, legalidad y responsabilidad; De hecho, mientras usted lee este artículo, y se dirige a las redes sociales de los candidatos presidenciales y al Congreso de la República, todos hablaran sobre lo mismo y si, algunos lo expresaran bailando. En ese contexto, el derecho está corriendo el riesgo de volverse incomprensible para la ciudadanía, como en el proceso de Kafka, donde las decisiones producen efectos, pero sus razones nunca quedan del todo claras.

Al mismo tiempo, todo esto ocurre en medio de debates públicos que se han visto progresivamente desplazados por dinámicas de comunicación inmediata, emocional y simplificada, como el Tik Tok. En ese entorno, la explicación jurídica rigurosa cede terreno frente al mensaje breve, la consigna y la puesta en escena. El riesgo no es insignificante, pues cuando la política económica se comunica en segundos, pero el derecho exige razones, el resultado suele ser la incomprensión ciudadana de decisiones trascendentales que producen efectos profundos y duraderos.

Ahora bien, si el Consejo de Estado decidiera reducir el incremento del salario mínimo, que es lo más probable, no se retrotraen los pagos ya efectuados ni se exige devolución alguna, pues se supone que debe ajustarse lo que viene. El efecto es prospectivo y sitúa al país en un escenario de corrección económica preventiva mientras se decide el fondo del asunto con una sentencia.

Todo esto no constituyen hechos menores, pues son señales claras de alerta institucional. Como lo advirtió Orwell en 1984, el mayor peligro no es que el derecho desaparezca, sino que se vacíe de contenido mientras la excepcionalidad se normaliza. Este momento histórico exige rigor y debe invitar a la reflexión, pues incluso en contextos de emergencia, bajo presión política y la inmediatez del Tik Tok, la legalidad no es opcional, es un deber institucional ineludible.

 

 

 

Oscar A. Rueda

Abogado tributarista y Docente Universitario

oruedagomezabogado@gmail.com

 

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