Nuevo régimen sancionatorio aduanero: las claves y alertas del Proyecto de Ley 312

Nuevo régimen sancionatorio aduanero: las claves y alertas del Proyecto de Ley 312

Nuevo régimen sancionatorio aduanero: las claves y alertas del Proyecto de Ley 312

• El Proyecto de Ley 312 de 2025 introduce inteligencia artificial, trazabilidad y gestión de riesgos en el sistema aduanero colombiano.

• KPMG Colombia identifica avances en modernización, pero advierte vacíos que podrían afectar la seguridad jurídica y la competitividad.

• La firma enfatiza en la importancia de incorporar ajustes técnicos que equilibren control, tecnología y garantías para los operadores de comercio exterior.

 

Colombia, noviembre de 2025. Colombia se prepara para una de las reformas más importantes en materia aduanera de la última década. El Proyecto de Ley 312 de 2025, radicado ante el Senado el 30 de octubre, busca actualizar el régimen sancionatorio aduanero con nuevas reglas de control, trazabilidad y gestión de riesgos. Aunque la iniciativa incorpora herramientas tecnológicas y mecanismos de transparencia, su discusión ya despierta inquietud en el sector empresarial y legal por el impacto que podría tener en la seguridad jurídica y la competitividad del comercio exterior.

De acuerdo con un análisis de los expertos de KPMG Colombia, el proyecto representa avances técnicos valiosos (como la adopción de inteligencia artificial y la interoperabilidad de sistemas), pero también introduce riesgos regulatorios que podrían generar incertidumbre y litigiosidad si no se corrigen durante el debate legislativo.

“La reforma introduce innovaciones necesarias, pero aún carece de un equilibrio claro entre el control aduanero y la garantía de derechos para los operadores”, explicó Sebastián Mendivelso, Gerente de Global Customs & Excise en KPMG Colombia , “Si no se definen mejor las conductas sancionables y los mecanismos de defensa, podrían mantenerse los escenarios de inseguridad jurídica que la Corte Constitucional ya había advertido”.

El análisis elaborado por la firma señala que el proyecto se alinea con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), al promover el uso de inteligencia artificial y big data para fortalecer la gestión de riesgos y detectar operaciones sospechosas. También resalta la digitalización e interoperabilidad de los sistemas, que permitirá mayor trazabilidad documental y transparencia, así como la apertura de espacios de diálogo con gremios y operadores, un avance hacia una regulación más consensuada y ajustada a la realidad del comercio internacional.

No obstante, los expertos advierten que el texto aún presenta zonas grises en la definición de infracciones y otorga amplias facultades sancionatorias a la DIAN, sin fortalecer de forma proporcional los mecanismos de defensa. A ello se suma el riesgo de mayores cargas administrativas para las pymes, que podrían ver comprometida su competitividad frente a los nuevos requerimientos de reporte y trazabilidad.

El debate se da pocos meses después de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que reiteró la obligación del Estado de garantizar el debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en materia sancionatoria. Para KPMG, el texto actual no corrige plenamente las deficiencias señaladas por la Corte, lo que podría derivar en mayores controversias administrativas y nuevos retos legales para la autoridad tributaria. Por ello, la firma considera fundamental que el Congreso incorpore ajustes técnicos que aseguren una regulación moderna, clara y alineada con las mejores prácticas internacionales.

El Proyecto de Ley 312 representa una oportunidad para modernizar el modelo aduanero colombiano, siempre que su enfoque tecnológico vaya de la mano de garantías sólidas para los operadores. “Colombia puede aprovechar esta reforma para construir un sistema más transparente, digital y predecible añadió Mendivelso, pero debe hacerlo sin sacrificar la seguridad jurídica que permite atraer inversión y fortalecer la confianza en el comercio exterior.”

ANÁLISIS PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN SANCIONATORIO ADUANERO

 

El Proyecto de Ley 312 de 2025 fue radicado ante la Secretaría General del Senado de la República el pasado 30 de octubre de 2025, marcando un nuevo capítulo en la evolución normativa del régimen aduanero colombiano. Su discusión ha generado interés en el sector empresarial, gremial y académico, dada la relevancia de los cambios propuestos en materia de sanciones, procedimientos y garantías para los operadores de comercio exterior.

La normativa sancionatoria aduanera en Colombia ha estado regida principalmente por la Ley 1609 de 2013 y el Decreto 1165 de 2019, que establecen el catálogo de infracciones, procedimientos administrativos y criterios de graduación de sanciones. Se ha advertido que, si bien estos instrumentos han contribuido a la formalización y control del comercio exterior, también han generado escenarios de inseguridad jurídica por la ambigüedad en la interpretación de algunas conductas y la severidad de las sanciones impuestas por la DIAN.

En los últimos años, la tendencia internacional y local ha sido migrar hacia sistemas de gestión de riesgos, con un enfoque preventivo y proporcional en la aplicación de sanciones. Sin embargo, la normativa colombiana aún presenta rezagos en la garantía del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de los operadores, especialmente en lo relativo a la presunción de buena fe y la posibilidad de defensa efectiva.

El Proyecto de Ley 312, introduce modificaciones sustanciales que pueden ser catalogadas como avances y retrocesos en comparación con la normativa vigente:

Avances:

• Fortalecimiento de la gestión de riesgos: Se propone la adopción de tecnologías de inteligencia artificial y big data para la identificación de operaciones sospechosas, alineándose con estándares internacionales y recomendaciones de la OMA.

• Claridad en la trazabilidad documental: El proyecto exige la interoperabilidad de sistemas y la digitalización de procesos, lo que facilitará el control y la transparencia en las operaciones aduaneras.

• Participación sectorial: Se contempla la creación de mesas técnicas y espacios de diálogo con gremios y operadores, lo que puede contribuir a la construcción de una normativa más consensuada y ajustada a la realidad del comercio exterior.

Retrocesos o Riesgos:

• Ambigüedad en la definición de infracciones:  El proyecto mantiene zonas grises en la tipificación de conductas sancionables, lo que podría perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la DIAN.

• Incremento de facultades sancionatorias: Se amplían las facultades de la DIAN para imponer sanciones de mayor cuantía y alcance, sin que se fortalezcan de manera proporcional los mecanismos de defensa y revisión, lo cual podría vulnerar el principio de proporcionalidad y el debido proceso.

• Impacto en la competitividad: Las nuevas exigencias de reporte y trazabilidad pueden representar una carga administrativa significativa para las empresas, especialmente para las pymes, afectando su competitividad en el mercado internacional.

Ahora bien, el trámite legislativo del proyecto contempla:

1. Discusión en comisión y presentación de ponencias.

2. Audiencias públicas y participación de gremios, firmas legales y academia.

3. Debate en plenaria del Senado y posterior traslado a la Cámara de Representantes.

4. Conciliación de textos y sanción presidencial.

La complejidad técnica y el impacto económico del proyecto sugieren que el proceso será extenso y estará marcado por intensos debates sectoriales.

Lo que genera una pregunta de gran relevancia que es ¿Cumple el Proyecto de Ley 312 con la Sentencia C-072 de 2025?

La Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, publicada el 12 de marzo de 2025, reiteró la necesidad de garantizar el debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en la aplicación de sanciones aduaneras. El Proyecto de Ley 312, aunque incorpora avances en materia de gestión de riesgos y transparencia, no resuelve plenamente las deficiencias identificadas por la Corte, especialmente en lo relativo a la definición clara de infracciones y la garantía de defensa efectiva para los operadores.

Resulta previsible que si el proyecto se aprueba en su versión actual, persistirán riesgos de litigiosidad y escenarios de inseguridad jurídica, lo que podría contravenir lo dispuesto en la Sentencia C-072. Por tanto, es fundamental que el Congreso incorpore ajustes sustanciales durante el trámite legislativo, asegurando la plena conformidad con la jurisprudencia constitucional y las mejores prácticas internacionales.

Por lo que resulta imperante que, los actores del comercio exterior puedan participar activamente en el proceso legislativo, presentando observaciones técnicas y propuestas de mejora. Asimismo, es indispensable que la DIAN fortalezca los mecanismos de capacitación y divulgación, para evitar que las nuevas medidas induzcan al error y generen impactos negativos en la competitividad y seguridad jurídica del sector.

 

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