LA INCLUSI

La implementación del acuerdo de paz con las FARC, la negociación de futuros acuerdos y el logro de una paz sostenible son hechos históricos en nuestro país que sólo podrán ser sellados con el compromiso de todos de asumir los retos y cargas que implican.

Por ende, cada ciudadano, desde sus diferentes roles en la sociedad, debe estar preparado para entablar relaciones dialogantes con los excombatientes y las víctimas que cobijarán desde aspectos éticos hasta económicos, con el fin de construir espacios de reconciliación nacional.

En particular, el sistema financiero colombiano tendrá que jugar un papel fundamental en el proceso de reparación de lazos de la comunidad, no sólo dándoles acceso a estos segmentos de la población a los recursos públicos dispuestos para la transición sino también brindándoles oportunidades para construir un futuro lejos de las armas. De ahí que el sistema financiero deberá actuar en cierta medida como distribuidor de la riqueza para lograr la inclusión de los desmovilizados a la vida civil y la verdadera reparación a las víctimas del conflicto.

Al respecto, el Superintendente Financiero ha asegurado que el 98% de los 7.405 excombatientes de las FARC cobijados por el acuerdo pueden acceder a servicios financieros. Sin embargo, existen algunos que por encontrarse en la Lista Clinton tendrían restricciones1.

Por su parte, en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (mayo de 2016) se indica que el Gobierno decidió distribuir a través de cuentas de ahorro del sistema financiero las transferencias monetarias condicionadas de Más Familias en Acción y otros programas sociales dirigidos a jóvenes y víctimas del conflicto armado. Así mismo, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (junio de 2017) contempla acciones para aumentar la inclusión financiera de la población vulnerable, donde se incluye a las víctimas del conflicto.

Adicionalmente, existen programas dirigidos específicamente al desarrollo de ciertos proyectos productivos de víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, en marzo de este año se anunció que pequeños productores de cacao del departamento de Caldas víctimas del conflicto armado serán beneficiados por un fondo de servicios financieros que constituirán la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria) y la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) con el apoyo de la Fundación Citi.

Cabe resaltar que un sistema financiero incluyente no se refiere únicamente a aquel que les permite a las personas tener una cuenta de ahorros y retirar dinero con cierta periodicidad. Por el contrario, implica que todos puedan acceder a fuentes de financiamiento para sus proyectos personales y/o productivos, a seguros para ellos y sus familias, y a planes de ahorro e inversión de acuerdo a sus necesidades.

Bajo este contexto, las medidas que se adopten para el acceso de excombatientes y víctimas al sistema financiero colombiano deberían contemplar su vinculación a las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, con el fin de comenzar su historial crediticio con la apertura fácil de una cuenta.

Adicionalmente, sería recomendable que se abrieran líneas especiales de crédito para víctimas y desmovilizados que les dieran oportunidades de financiamiento y no sólo de ahorro. Sobre este punto, vale la pena recordar que uno de los puntos del acuerdo es el desarrollo rural integral, lo que necesariamente implica que se destinen recursos para proyectos que permitan avanzar en el cumplimiento de esta meta.

Esto podría verse complementado con medidas como una regulación flexible del crowdfunding que permitiese a este segmento de la población acceder a recursos a través de plataformas tecnológicas u otros sistemas que se encarguen de acercar a los oferentes y demandantes de liquidez sin incurrir en mayores costos por la intermediación. La ventaja más significativa de este tipo de financiamiento es que las personas que prestan el dinero pueden acercarse directamente a los proyectos, estudiar su viabilidad y comprometerse con el desarrollo de éstos.

También, es un paso fundamental el diseño de una estrategia de educación financiera que permita tanto a los excombatientes como a las víctimas entender mejor los productos financieros, los costos asociados a éstos, sus beneficios y tomar decisiones que se ajusten cada vez más a su situación actual y sus planes a futuro.

Ahora bien, como lo ha mencionado el Superintendente Financiero durante la instalación del XVII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, no es posible desconocer que debe existir un equilibrio entre la inclusión financiera de los excombatientes y la protección del sistema financiero colombiano de cualquier actividad destinada al lavado de activos.

Por lo cual, es necesario que las entidades financieras se preparen en esta etapa con Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) robustos que les permitan mitigar el riesgo de ser utilizadas como instrumento para el blanqueo de dineros. De igual manera, es necesario reevaluar las políticas de las entidades en materia de administración del riesgo de crédito para que éstas no se vuelvan un impedimento para la inclusión de las personas en el sistema financiero, por supuesto, sin comprometer su estabilidad.

En todo caso, es de resaltar que alrededor del mundo hay diversos casos exitosos donde entidades financieras han actuado como agentes de cambio social, y no se han enfrentado al dilema de escoger entre su misión y sus ganancias. Precisamente, es necesario retomar la noción de un sector financiero que aunque persigue intereses privados también está sujeto al valor superior del interés público. Por ejemplo, Vancity Credit Union es una cooperativa financiera en Canadá que administra $25.6 billones en activos, y los utiliza para mejorar la calidad de vida de sus miembros, así como el desarrollo de comunidades prosperas desde un punto de vista social, económico y ambiental. De hecho, en el 2016 financió el desarrollo de 1,042 unidades de vivienda asequibles para las personas en la provincia de British Columbia, Canadá.

En conclusión, este es el momento para que el sistema financiero colombiano se comprometa con la eliminación de las brechas existentes en materia de equidad, las cuales se han identificado como factores productores de violencia en nuestro país, y un primer paso es abriles las puertas y darles oportunidades tanto a excombatientes como a víctimas para seguir adelante.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1 RCN Radio (11 de julio de 2017). No hay limitación para que un exguerrillero abra una cuenta bancaria: abogado de las Farc. Disponible en: http://www.rcnradio.com/nacional/no-hay-limitacion-para-que-un-exguerrillero-abra-una-cuenta-bancaria-abogado-de-las-farc/ .