LA CAPTURA DE MADURO: MORALMENTE DEFENDIBLE, JURÍDICAMENTE CONTROVERSIAL

LA CAPTURA DE MADURO: MORALMENTE DEFENDIBLE, JURÍDICAMENTE CONTROVERSIAL

LA CAPTURA DE MADURO: MORALMENTE DEFENDIBLE, JURÍDICAMENTE CONTROVERSIAL

 

Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes.

El 3 de enero de 2026 quedó marcado como el día en que, por fin, alguien se atrevió a tocar la puerta que el mundo llevaba años fingiendo que no existía: la del poder dictatorial en Venezuela. Las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales.

Para muchos venezolanos —y para no pocos latinoamericanos— la noticia no fue una “crisis diplomática”: fue una bocanada de aire fresco. Porque la pregunta que flota desde hace más de una década no es si el régimen cometió abusos, sino por qué el sistema internacional se volvió experto en redactar comunicados, pero permaneció indolente mientras primero Chávez, y luego Maduro aplastaba a la oposición, silenciaba a la prensa, expropiaban empresas, expropiaba inmuebles sin proceso judicial, encarcelaba a miembros de la oposición, controlaban los tres poderes del estado y muchas más acciones reprochables que seguramente aún desconocemos.

La reacción de celebración no es infundada. Nace de una realidad medible: Venezuela pasó de ser un país con instituciones defectuosas pero competitivas y libres, a uno catalogado como “No Libre o dictadura”, con un puntaje bajísimo en libertades políticas y civiles. Nace también de una represión sostenida, documentada por organizaciones de derechos humanos: Human Rights Watch reporta más de 15.800 detenciones por motivos políticos desde 2014,y cientos de presos políticos en periodos recientes. Y del propio sistema de Naciones Unidas: su oficina de DD. HH. ha descrito una intensificación “sin precedentes” de la represión tras las elecciones de 2024, donde se evidenció, un fraude monumental cometido por el Nicolás Maduro y sus esbirros.

A eso se suma el derrumbe social: la ENCOVI, una de las mediciones más citadas sobre condiciones de vida, llegó a reportar en 2019/20 pobreza en 96% de los hogares y pobreza extrema en 79%. Para 2024 hay mejoras parciales, pero el tamaño del daño sigue siendo enorme: se reporta que la pobreza de ingresos afecta a 73,2% de los hogares y la pobreza multidimensional a 56,5%, mientras la pobreza extrema rondaría 36,5%. Y el éxodo es una cicatriz continental: organismos de la ONU sitúan el total de refugiados y migrantes venezolanos en casi 7,9 millones.

Con ese telón de fondo, es entendible, y, sí, defendible, que haya quienes vean la captura como un punto de quiebre: por primera vez, el mensaje no fue “condenamos”, sino “actuamos”.

Pero aquí viene la parte incómoda: que algo sea moralmente satisfactorio no lo vuelve automáticamente legal. Y una democracia que renace sobre un atajo jurídico corre el riesgo de heredar, desde el primer día, una grieta de legitimidad.

¿Fue legal la captura bajo el derecho internacional? El derecho internacional, en su núcleo, es celoso con el uso de la fuerza. La Carta de la ONU prohíbe la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de un Estado (Artículo 2(4)), salvo excepciones muy concretas. Esas excepciones suelen reducirse a dos: autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa (Artículo 51).

Hasta ahora, no hay un consenso de que existiera autorización del Consejo de Seguridad, y varios análisis apuntan a que la operación sería, prima facie, una violación si no encaja en legítima defensa o consentimiento del Estado territorial.

La administración estadounidense ha intentado enmarcarlo como “operación policial” (ejecución de una orden de captura) más que como guerra. El problema es que, bajo derecho internacional, “llamarlo policial” no desactiva el hecho material: hubo una incursión armada en territorio extranjero. Y eso vuelve a encender la alarma del Artículo 2(4).

¿Podría justificarse por legítima defensa? Es debatible. Algunos sostendrán que redes criminales transnacionales, narcotráfico o amenazas a la seguridad nacional pueden activar el argumento; otros responderán que el estándar jurídico tradicional exige un “ataque armado” o condiciones estrictas, y que la captura de un líder por cargos penales no equivale a repeler un ataque inminente.

En otras palabras: la defensa moral puede ser fuerte; la defensa jurídica internacional es, como mínimo, polémica.

Otro argumento a favor de la intervención, es que en este caso el artículo 2(4) de la carta de la ONU no aplica, dado que en Venezuela se había perdido de libertad y la democracia, y por tanto su gobierno era ilegitimo, razón por la cual una incursión militar de un país extranjero, es válido para restaurar la democracia y devolverle la libertad a su pueblo de elegir su futuro.

¿Y bajo el derecho de Estados Unidos? Aquí ocurre algo casi irónico: el debate cambia de idioma y de reglas. En el plano interno, han circulado análisis sobre el fundamento de autoridad presidencial para ordenar una operación limitada sin declaración formal de guerra, y el tema está siendo discutido intensamente.

Además, incluso si la captura fuese ilegal (internacionalmente), eso no necesariamente impediría el juicio en Estados Unidos. Existe una línea doctrinal en el derecho penal estadounidense (Doctrina Ker–Frisbie) que, en términos simples, ha permitido que tribunales ejerzan jurisdicción aunque el acusado haya sido traído de forma irregular. Ese es el corazón del principio “captura mala, detención buena” del que hablan juristas: la irregularidad del “cómo llegó” no invalida automáticamente el proceso.

A esto se suma la pelea por inmunidad: la defensa de Maduro ha insinuado argumentos de inmunidad como jefe de Estado, pero en la práctica los tribunales estadounidenses suelen alinearse con la posición del Ejecutivo sobre reconocimiento.

El argumento que no es jurídico: la ONU y la industria del “comunicado”. Durante años, el sistema internacional lució impotente ante dictaduras que se eternizan, aplastan disidencia y empobrecen a su gente. Venezuela es un ejemplo; Ucrania, otro, de un tipo distinto, donde el Consejo de Seguridad queda paralizado por el veto. La ONU no es muy eficaz para afrontar problemas serios, porque su músculo coercitivo depende de un tablero político que suele ser complejo.

Entonces, cuando una potencia decide actuar por fuera del guion multilateral, mucha gente siente alivio, como en este caso; y es comprensible. Porque, como mínimo, rompe la rutina de la impunidad, pero que también puede traer consecuencias graves.

El dilema: victoria táctica, costo estratégico. Podemos estar de acuerdo con la captura de Maduro como acto de justicia política, por el daño probado y la anulación de la democracia durante tantos años, y, al mismo tiempo, reconocer que deja un precedente riesgoso.

Riesgoso porque el día que normalizamos que un país capture a un líder extranjero sin autorización internacional clara, abrimos una puerta que otros también querrán usar. Hoy la celebran quienes odian a Maduro; mañana podría celebrarla alguien capturando a un disidente en el exilio, o justificando una incursión “quirúrgica” con excusas de seguridad.

Si el objetivo real es el retorno de la democracia, el reto inmediato no es solo “que Maduro no vuelva”, sino que el nuevo orden nazca con reglas mejores que las del régimen que cayó.

 

¿Qué debería venir ahora?

 

• Transición verificable y elecciones con observación internacional y garantías de transparencia, no una “administración provisional” indefinida de parte de Estados Unidos.

• Liberación y garantías para presos políticos, más reparación a víctimas.

• Recuperación económica con enfoque social, porque la pobreza no se derrota con discursos: se derrota con instituciones, empleo, servicios, salud, educación, libre empresa y Estado de derecho.

• Justicia para las víctimas y juzgamiento con el debido proceso a quienes cometieron delitos, crímenes y abusaron del poder que les fue otorgado. El país no necesita cambiar de opresor; necesita dejar de tenerlos.

Al final, la captura de Maduro puede ser el principio de una restauración democrática, que es lo que la mayoría deseamos, o el inicio de una nueva era donde la ley internacional se vuelve opcional y la fuerza reemplaza al consenso.

Es paradójico que, por este mismo hecho, que quienes admiran a Trump, tienen una justificación más para amarlo y aplicarle el atributo de héroe, y quienes lo odian, una muy fuerte para detestarlo, argumentando que solamente le interesa el petróleo de Venezuela y nada más.

Es increíble, que después de milenios de civilización, aún el mundo se rige por las reglas de la fuerza y la guerra que imperaban en sus inicios. Quién tenga el poderío militar, puede tomar lo que quiera, y escasearan los valientes que se opongan, excepto los directamente afectados. A la mayoría de país parece importarle muy poco la suerte de los demás, pocos están dispuestos a poner dinero, o sus soldados para detener una injusticia, así ocurra en un país vecino, por ejemplo, Venezuela y Cuba.

La realidad normalmente supera la fantasía. Es verdad que la dictadura instaurada por Chávez y luego por Maduro, debió haberse evitado por el mismo pueblo venezolano, pero infortunadamente, siguiendo la escuela de los Castro en Cuba, ellos (Chávez y Maduro) pudieron doblegar a todo un país con 28 millones de habitantes y volverlos esclavos de unos pocos. Venezuela es la prueba histórica y fehaciente de la fragilidad de un pueblo, debido a la ignorancia de sus habitantes, y a la efectividad de las estrategias enseñadas por Nicolás Maquiavelo y su libro El Príncipe, del cual son seguidores dichos personajes y todos los políticos que se proponen esclavizar una sociedad.

Ojalá, esta vez sea la última, en que América Latina, tenga que acudir a una potencia extranjera, para restaurar su democracia, pero realmente lo dudo.

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