Colombia busca soluciones a sus problemas
Colombia busca soluciones a sus problemas
Lo que proponen los candidatos a la presidencia frente a seguridad, corrupción, salud y empleo
Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes.
Al analizar de manera comparada las encuestas más recientes, se concluye que los cuatro temas que deberían ocupar el centro de la agenda presidencial para el periodo 2026–2030, por ser los que generan mayor preocupación entre los colombianos, son: la seguridad, el orden público y la criminalidad; la corrupción y la crisis de la justicia y de las instituciones; la salud; y el empleo, la pobreza y las oportunidades económicas.
Esta conclusión se sustenta en que, según la encuesta de Invamer de febrero de 2026, el orden público se ubica como el principal problema del país, con un 30 %, por encima de asuntos como la economía, el desempleo, la corrupción y las necesidades básicas. A su vez, en la medición de AtlasIntel/Bloomberg del mismo mes, los temas que recibieron mayor atención fueron la corrupción (70,6 %), el estado del sistema de salud (41,3 %), la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico (38,8 %) y, posteriormente, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades (13,2 %).
El propósito de este ejercicio es revisar los planes de gobierno de los cuatro candidatos que hoy encabezan las encuestas y sintetizar sus propuestas en torno a estos cuatro ejes o temas críticos para el país. De esta manera, buscamos ofrecer a nuestros lectores una herramienta de consulta ágil, clara y útil, que les permita comparar de forma rápida las principales apuestas de cada candidato frente a los problemas más urgentes por resolver.
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Seguridad, el orden público y la criminalidad
Iván Cepeda
La propuesta de Iván Cepeda se aparta del enfoque tradicional de “mano dura” y plantea una visión de seguridad humana ligada a la paz, los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Su planteamiento busca cerrar el ciclo histórico de la violencia mediante el diálogo, la reconciliación nacional y la consolidación de reformas que reduzcan las causas estructurales del conflicto, al tiempo que rechaza el regreso a políticas de guerra total y violaciones de derechos humanos. En ese enfoque, la seguridad no se entiende solo como control armado, sino como protección de la vida, fortalecimiento de la democracia y garantía de justicia social.
Paloma Valencia
En seguridad, orden público y criminalidad, la propuesta de Paloma Valencia gira alrededor de una política de “seguridad total” basada en autoridad, firmeza y restablecimiento de la legalidad. Su planteamiento combina el golpe a las finanzas de las estructuras criminales, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía con más equipamiento e inteligencia, y una estrategia de presencia estatal en barrios y regiones. Al mismo tiempo, incluye sustitución de cultivos con ingresos dignos y alianzas productivas, de modo que la seguridad no se limite a la acción represiva, sino que también busque debilitar el crimen desde sus fuentes de financiación y control territorial.
Abelardo de La Espriella
La propuesta se centra en una política de autoridad y choque frontal contra el crimen, basada en la idea de que la paz no debe negociarse con las estructuras criminales, sino imponerse mediante resultados operativos concretos. Su planteamiento combina control territorial, reducción del homicidio, la extorsión y el secuestro, desmantelamiento total de organizaciones delictivas, lucha contra las economías criminales y fortalecimiento de la Fuerza Pública con más inteligencia, tecnología y cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos e Israel. Además, propone acciones inmediatas en los primeros 90 días, como capturar cabecillas de alto valor, reactivar la aspersión con bioherbicidas contra cultivos ilícitos y establecer puestos de mando unificado en cada departamento, todo dentro de un enfoque de firmeza institucional, dirección civil y respeto por los derechos humanos.
Sergio Fajardo
Propone una política integral orientada a recuperar el control territorial del Estado, fortalecer la seguridad ciudadana en ciudades y zonas rurales, y cerrar el paso al crimen transnacional mediante control de fronteras y cooperación internacional. Su enfoque combina autoridad dentro del Estado de derecho, fortalecimiento de la Fuerza Pública, inteligencia, acción coordinada con la justicia y prevención social, con medidas como aumentar en 40.000 el número de policías, duplicar los grupos Gaula, intervenir cárceles desde donde se coordinan delitos y desarrollar planes especiales para regiones críticas como Catatumbo, Cauca, Chocó y Guaviare.
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Corrupción y crisis de justicia/instituciones
Iván Cepeda
Propone crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, entendiendo la corrupción no como una suma de casos aislados, sino como una estructura criminal que captura instituciones, distorsiona mercados y victimiza a la sociedad. Su propuesta incluye prevención y alertas tempranas, una unidad especializada de investigación en la Fiscalía, una instancia de juzgamiento especial, recuperación de bienes, reparación a víctimas y presencia territorial del Estado, todo acompañado por control ciudadano y movilización social. En esencia, plantea una lucha anticorrupción más estructural, con transparencia total, sanciones efectivas y recuperación de lo robado para reinvertirlo en derechos y servicios públicos.
Paloma Valencia
propone un Estado austero y funcional, con menos burocracia, menos trámites y mayor rendición de cuentas. En ese marco, plantea una postura especialmente dura frente a la corrupción: llevar a los corruptos a la cárcel, extinguir el dominio de sus bienes y recuperar los recursos robados para devolverlos al servicio de la ciudadanía. Su enfoque apunta a que la lucha anticorrupción no sea solo un discurso moral, sino una acción concreta de sanción, recuperación de activos y eficiencia institucional.
Abelardo de La Espriella
Plantea crear un Bloque Anticorrupción con mando directo desde la Presidencia, concebido como una fuerza de tarea permanente que articule a la UIAF, la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para perseguir de forma coordinada el dinero, los bienes y las redes de los corruptos. Su enfoque no se limita a castigar penalmente, sino que busca atacar el patrimonio ilícito mediante extinción de dominio acelerada, uso intensivo de tecnología para rastrear operaciones financieras y cooperación internacional para seguir activos fuera del país, con el objetivo de romper el incentivo económico de la corrupción, recuperar recursos públicos y evitar que los procesos se diluyan en la burocracia.
Sergio Fajardo
Plantea una línea de cero impunidad y máxima transparencia, basada en castigos reales para los corruptos, recuperación del dinero robado, control ciudadano en tiempo real y fortalecimiento técnico de las instituciones. Propone transformar la Secretaría de Transparencia en una Agencia Anticorrupción, crear un Tablero de la Transparencia, exigir identificación pública de proponentes en licitaciones, perseguir evasores, proteger denunciantes y someter proyectos estratégicos a vigilancia especial. En justicia, complementa esta agenda con una reforma para reducir la impunidad, descongestionar procesos, digitalizar expedientes, fortalecer la Fiscalía y despolitizar la elección de altas dignidades judiciales y órganos de control.
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Salud
Iván Cepeda
Aunque en los apartes visibles del programa este tema no aparece desarrollado con el mismo nivel de detalle que la corrupción o la seguridad, sí se inscribe dentro de una política social de garantía de derechos. Cepeda vincula la defensa de la salud con la superación de la desigualdad, la protección de los recursos públicos y la reparación de los daños causados por la corrupción, señalando incluso que cuando esta golpea sectores como la salud, los bienes recuperados deben destinarse a fortalecer ese sistema y reparar a sus víctimas. En su visión general, la salud forma parte de una ampliación de derechos sociales que debe consolidarse en una segunda etapa del cambio, junto con justicia social, participación ciudadana y mayor presencia estatal en los territorios.
Paloma Valencia
En salud, su propuesta se resume en la idea de “más medicamentos, menos filas; más camas, menos pasillos; más médicos, menos espera”. El plan busca resolver la deuda del sistema, mejorar la atención a los pacientes —en especial a las personas con discapacidad—, garantizar mejores ingresos y pagos oportunos al personal médico y de enfermería, y fortalecer la atención en regiones apartadas mediante hospitales padrinos, tecnología y especialistas. Además, plantea vigilar y controlar los hospitales públicos, rescatar el sistema y mantener la libertad de los ciudadanos para elegir entre aseguradores públicos, privados o solidarios.
Abelardo de La Espriella
La propuesta parte de diagnosticar una crisis humanitaria del sistema y plantea un plan de choque inmediato para rescatar la atención a los pacientes, garantizar la entrega oportuna de medicamentos, reactivar tratamientos represados y normalizar el flujo de recursos del sector. Su enfoque incluye destinar recursos para pagar nóminas y obligaciones atrasadas, saldar deudas con proveedores, restablecer la UPC y los presupuestos máximos, además de dignificar al talento humano mediante estabilidad laboral, mejores garantías y formación especializada. También propone reducir barreras administrativas, modernizar el sistema con tecnologías como inteligencia artificial, big data y blockchain, y crear una agencia nacional de compras para medicamentos, con el objetivo de volver más eficiente, humano y sostenible el sistema de salud.
Sergio Fajardo
Su propuesta se centra en poner orden y estabilizar el sistema para garantizar atención oportuna, acceso a medicamentos, sostenibilidad financiera y confianza entre los actores del sector. Fajardo plantea un plan de recuperación en los primeros 100 días con auditorías a las EPS intervenidas, medidas urgentes de liquidez y eliminación de barreras para citas, medicamentos y servicios críticos. Además, propone recalcular técnicamente la UPC, fortalecer la Superintendencia de Salud, impulsar un modelo territorial con atención primaria, medicina familiar y comunitaria, formalizar y dignificar al talento humano, modernizar el sistema con salud digital y dar prioridad especial a la salud mental.
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Empleo, pobreza y oportunidades económicas
Iván Cepeda
propone profundizar las reformas sociales ya iniciadas, con énfasis en una reforma agraria efectiva, el fortalecimiento de la economía campesina y popular, la educación como garantía de futuro para la juventud, una renta básica para la población más pobre y un modelo económico productivo con equidad social y protección de la riqueza natural. Su propuesta no apunta a una economía estatizada, sino a transformar estructuralmente el modelo para que produzca bienestar, reduzca la pobreza y abra oportunidades reales en los territorios. En ese sentido, el empleo y la superación de la pobreza aparecen ligados a justicia social, democratización económica y fortalecimiento de la participación popular en las decisiones del Estado.
Paloma Valencia
propone una agenda orientada a que haya más plata en el bolsillo de los colombianos, mediante menos impuestos, mejores salarios, reactivación de la inversión privada y mayor formalización laboral y empresarial. Su programa incluye crédito popular subsidiado para emprendedores, tenderos, campesinos y microempresarios, apoyo a trabajadores informales para facilitar su formalización, subsidios para madres cabeza de hogar, adultos mayores y jóvenes que estudien ciclos cortos, así como impulso al campo con crédito barato, alianzas productivas y transformación económica. En conjunto, su visión económica busca combinar crecimiento, empleo digno, apoyo social focalizado y ampliación de oportunidades para los sectores más vulnerables.
Abelardo de La Espriella
La propuesta se basa en impulsar un modelo de capitalismo popular que fortalezca al emprendedor, promueva salarios dignos y convierta al ciudadano en actor productivo y no solo en receptor de ayudas. Su planteamiento combina apoyo al campo mediante alianzas entre campesinos y empresa privada, tecnificación, crédito, innovación, titulación de predios y seguridad jurídica rural, con una agenda más amplia de crecimiento basada en menos cargas impositivas, menos trámites, formalización gradual, infraestructura, inserción en cadenas globales de valor y promoción de una “Colombia exportadora”. En conjunto, su propuesta busca que el crecimiento económico se traduzca en empleo, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y mayor prosperidad sostenible para las familias colombianas.
Sergio Fajardo
Articula su propuesta alrededor de una agenda de desarrollo productivo con inclusión social, en la que la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento se convierten en motores para generar empleo formal y reducir desigualdades. Su visión busca transformar el modelo económico para producir más y mejor, exportar más alimentos transformados, manufacturas, servicios y conocimiento, apoyando sectores con capacidad de generar empleo y conectando esa estrategia con las vocaciones productivas de cada región. A la vez, plantea un compromiso social que garantice ingreso mínimo, trabajo digno, inclusión productiva y cierre de brechas históricas entre personas y territorios, especialmente para jóvenes, mujeres y poblaciones históricamente excluidas
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Conclusiones
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