Canal 1 inicia batalla jurídica contra el MinTIC y la SIC para defender su continuidad y proteger la libertad de prensa

Canal 1 inicia batalla jurídica contra el MinTIC y la SIC para defender su continuidad y proteger la libertad de prensa

Canal 1 inicia batalla jurídica contra el MinTIC y la SIC para defender su continuidad y proteger la libertad de prensa

 

 

Ramiro Andrés Avendaño

 

Bogotá, diciembre de 2025. Plural Comunicaciones S.A.S., concesionario del Canal 1, y sus directivos Ramiro Andrés Avendaño y Santiago Valencia Becerra presentaron acción de tutela al considerar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, de información, de prensa y al debido proceso. Según el Canal 1, esta acción constitucional busca contrarrestar y evitar decisiones administrativas adoptadas en un ambiente de presión que amenazan la operación y continuidad de ese medio de comunicación y su independencia editorial.

El punto central del conflicto es la apertura de un proceso administrativo sancionatorio por parte de la SIC en el que se ha desconocido el derecho al debido proceso de Canal 1 y sus directivos, así como la orden del Gobierno Nacional de adelantar una nueva licitación para operar el Canal, pese a que el contrato vigente con Plural Comunicaciones tiene plena validez hasta 2037. Por un lado, en el proceso administrativo, la SIC ha actuado en contra de sus posturas anteriores solicitando requisitos no exigidos por el ordenamiento jurídico y, además, ha limitado de manera reiterada el derecho a la defensa de los accionantes.

Por otro lado, la instrucción de abrir una nueva licitación a MinTIC no solo desconoce el marco legal, sino que constituye un riesgo para la continuidad del canal y para la estabilidad jurídica del país. De acuerdo con la tutela, no existe ningún sustento normativo que permita iniciar una nueva licitación antes de 2037, pues la Ley 1978 de 2019 fijó en 20 años la duración de las concesiones activas al momento de su expedición, como es el caso del Canal 1.

Aun así, el entonces ministro TIC, Julián Molina, afirmó en repetidas ocasiones que el ministerio ya estructuraba el cronograma de la supuesta nueva licitación, que esta buscaría “priorizar el cambio del concesionario” y que no existía duda de que el contrato terminaría en 2027. Para el Canal 1, estas declaraciones muestran una intención abierta de desconocer un contrato vigente, lo que podría desencadenar un litigio millonario para el Estado por una eventual terminación anticipada y anormal del acuerdo.

Se advierte también que una decisión de este tipo generaría graves consecuencias fiscales y disciplinarias para los funcionarios que la ejecuten, además de abrir la puerta a reclamaciones judiciales por perjuicios. Por eso, los accionantes solicitan medidas urgentes para impedir que se declare la caducidad del contrato, se abra un proceso licitatorio irregular o se sancione al Canal y sus directivos sin ningún fundamento jurídico.

El abogado Jorge Tirado Navarro, socio de Rincón Castro Abogados y apoderado del Canal 1 y sus directivos, aseguró que esta acción judicial busca “salvaguardar los derechos fundamentales de un medio de comunicación frente a actuaciones estatales que buscan afectar su operación, su libertad editorial y su capacidad de seguir informando sin presiones”. Señaló que el caso “pone en juego la vigencia efectiva de la Constitución y el respeto a los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de prensa”.

Para el Canal 1, este proceso no es únicamente una controversia de índole particular, sino es una defensa del derecho de los medios y de los periodistas a ejercer control social sin temor a represalias. El canal afirmó que seguirá utilizando todas las herramientas legales para garantizar su operación, la defensa de sus derechos adquiridos y la protección del pluralismo informativo en Colombia

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