Impacto de la ley de Pagos a Plazos Justos

Impacto de la ley de Pagos a Plazos Justos

 

Impacto de la ley de Pagos a Plazos Justos

Con el inicio del 2023, se cumplen dos años de la entrada en vigor de la controvertida Ley 2024 de 2020, "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”, (la “Ley” o la “Ley de Plazos Justos”), por lo que resulta pertinente preguntarse por el impacto que ha tenido hasta el momento, y su eficacia.

La Ley fue diseñada para proteger e impulsar a las Pymes, al garantizarles recibir los pagos de sus facturas en un plazo determinado, de esta forma impidiendo que las grandes empresas se financien con las Pymes. No obstante, hay quienes advirtieron en su momento que podría tener el efecto contrario, desincentivando la contratación de Pymes y generando un aumento en la preferencia por los productos importados o producidos por grandes empresas. 

Con el objetivo de aportar a la generación de liquidez en el flujo de caja de las Pymes, la Ley establece que el pago de todas las obligaciones dinerarias debe darse máximo dentro de los 60 días calendario durante el primer año de entrada en vigor (2021) y, a partir del segundo año (2022), dentro de los 45 días siguientes contados a la recepción de las mercancías o a partir de la terminación de la prestación de servicios. 

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), realiza trimestralmente una Encuesta de Desempeño Empresarial (EDE), que incluye un seguimiento al impacto de leyes, programas y subsidios. En materia de la  Ley de Plazos Justos, para el tercer trimestre del 2022, al consultarle a los empresarios en cuántos días reciben el pago de sus facturas, la ACOPI encontró que el 54,3% lo recibe entre 1 y 45 días, el 27,6% entre 46 y 60 días y el 18,1% a más de 60 días 1 .

Por su parte, en los resultados de la EDE para el primer y segundo trimestre del 2022, se observa que se les consultó a los empresarios sobre su percepción de la Ley, a lo cual alrededor del 80% manifestaron considerarla positiva, al haber experimentado un aumento del flujo de caja. Sin embargo, un 17,6% 2 en el primer trimestre y un 18,4% 3 en el segundo trimestre del 2022, indicaron que la Ley no era positiva, debido principalmente a su baja adopción y al deterioro de las relaciones comerciales. 

Estas cifras sugieren que, en un porcentaje de casos, la Ley no está teniendo el efecto deseado. No obstante, es posible afirmar que la inflación de la economía, el panorama internacional y el escenario político del país, son factores que generan incertidumbre y contribuyen a la ineficacia de la Ley.

A lo anterior se le suma la reactivación económica tras la pandemia de COVID - 19. Un aspecto positivo de la pandemia es que ha hecho a las Pymes más flexibles y ha impulsado fuertemente su evolución hacia lo digital. En los últimos años, ha aumentado entre las Pymes la adopción y el aprovechamiento del e-commerce, lo cual ha permitido su crecimiento, en medio de un panorama de inestabilidad.  

Si bien es cierto que se trata de una intervención del Estado en la economía, al ser una ley basada en incentivos (por ejemplo, las empresas que realicen sus pagos en plazos menores a los establecidos en la Ley se les otorgará un reconocimiento, y aquellas que no lo hagan se enfrentarán a acciones judiciales y/o sanciones administrativas), no se pueden ignorar otros factores al momento de evaluar su eficacia. 

La realidad es que, son varios los retos actuales a los que se enfrentan las Pymes, desde diversas perspectivas. Las distintas coyunturas de los últimos años dificultado un estudio acertado del impacto de la Ley, sin embargo, sí han confirmado que ha tenido un impacto positivo y el flujo de caja ha mejorado, permitiendo las Pymes endeudarse para objetivos diferentes al capital de trabajo. 

 

Autor

María Juliana Perales

Asociada

Juliana es Asociada de la Firma en el área de práctica de Solución de Conflictos y en el equipo de Energía & Cambio Climático en el sector de Minería.

Es abogada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con énfasis en Derecho Privado.

Juliana tiene experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales, asimismo, ha participado en la redacción y negociación de diferentes tipos de contratos civiles y comerciales.

 

Fuente: https://cms.law/es/col/publication/impacto-de-la-ley-de-pagos-a-plazos-justos#li

 

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