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Derecho de defensa ante el Comité de Convivencia: ¿se requiere abogado?
Laboral
Derecho de defensa ante el Comité de Convivencia: ¿se requiere abogado?
Derecho de defensa ante el Comité de Convivencia: ¿se requiere abogado?
La participación de los trabajadores en las diligencias adelantadas por el Comité de Convivencia Laboral plantea diversos interrogantes sobre las garantías que deben observarse durante su desarrollo, particularmente en lo relacionado con el ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de comparecer acompañados de un profesional del derecho.
Para abordar esta cuestión, resulta necesario examinar la naturaleza jurídica del Comité de Convivencia Laboral, las funciones que le han sido atribuidas por la legislación colombiana y el alcance de las garantías s aplicables a sus actuaciones, con el fin de determinar si el acompañamiento de un abogado constituye una exigencia legal o una condición indispensable para garantizar los derechos de las partes involucradas.
En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 3461 de 2025 del Ministerio del Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral constituye una instancia de carácter preventivo, orientador, conciliador y canalizador, cuya finalidad es contribuir a la prevención de situaciones de acoso laboral y promover ambientes de trabajo seguros y respetuosos de la dignidad de los trabajadores. En consecuencia, sus funciones no comprenden la facultad de determinar la existencia o inexistencia de conductas constitutivas de acoso laboral, competencia que corresponde a las autoridades legalmente facultadas para ello.
Esta naturaleza jurídica ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la Sentencia SL2038 de 2025, en la cual se reiteró que el Comité constituye una instancia interna de carácter preventivo y conciliador, sin competencia para declarar la existencia de conductas de acoso laboral. Al respecto, la Corporación señaló:
“En efecto, como lo prevé el artículo 9.º ibidem, el comité constituye un canal válido para la radicación inicial de la queja dentro de los procedimientos preventivos y correctivos, sin que ello implique atribuirle competencia para declarar probadas o no las conductas, función que el artículo 12 reserva a una autoridad externa como el juez laboral (…)”.
En concordancia con lo anterior, el artículo 4 de la Resolución 3461 de 2025 contempla la posibilidad de que el Comité establezca sus propias reglas de funcionamiento, incluidos los acuerdos de confidencialidad y los mecanismos y protocolos necesarios para garantizar el adecuado tratamiento de la información conocida en el ejercicio de sus funciones.
Así las cosas, las diligencias adelantadas por este órgano tienen como propósito escuchar a las partes involucradas, conocer las situaciones que puedan afectar la convivencia laboral y promover espacios de diálogo que permitan identificar alternativas de solución. Por tanto, no constituyen, por sí mismas, procedimientos disciplinarios, judiciales o administrativos destinados a declarar responsabilidades o imponer sanciones, sino mecanismos internos orientados a la prevención y resolución de conflictos en el entorno laboral.
Esta distinción resulta especialmente relevante al analizar el alcance del derecho de defensa y la necesidad de contar con acompañamiento de un abogado durante dichas diligencias. Sobre el particular, es importante precisar que la legislación laboral no establece expresamente la obligación de que los trabajadores comparezcan acompañados de un abogado ante el Comité de Convivencia Laboral, ni condiciona la validez de sus actuaciones a la presencia de un profesional del derecho.
Sin embargo, la ausencia de esta exigencia legal no significa que las actuaciones del Comité se encuentren excluidas del respeto por las garantías constitucionales de los trabajadores. Por el contrario, aun cuando se trate de una instancia preventiva y conciliadora, resulta indispensable que sus procedimientos se desarrollen bajo criterios de imparcialidad, objetividad, confidencialidad y respeto por los derechos de las partes involucradas.
En relación con este aspecto, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-262 de 2025, se pronunció sobre las garantías que deben observarse en el trámite de las quejas relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral, destacando la importancia de asegurar el ejercicio efectivo del debido proceso. En dicha oportunidad, señaló:
“El debido proceso. En los procedimientos preventivo, correctivo y sancionatorio, donde se conozcan quejas por acoso laboral, debe respetarse el derecho al debido proceso.[138] Esto implica reconocer a las partes la posibilidad de allegar todo el material probatorio con que cuenten, reconocer al acusado la posibilidad de defenderse frente a las imputaciones hechas y resolver con celeridad. El reconocer estas garantías mínimas -previstas en el artículo 29 de la Constitución y aplicables a todo tipo de proceso judicial o administrativo- permite, igualmente, limitar el poder de quien está llamado a resolver una queja. Esta persona no podrá zanjar la discusión que le es propuesta sobre la base de su propio y caprichoso criterio, sino atendiendo a una valoración probatoria adecuada y razonable.”
De este pronunciamiento se desprende que las actuaciones relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral deben garantizar a las partes la oportunidad de ser escuchadas, presentar su versión de los hechos, aportar los elementos probatorios que consideren pertinentes y ejercer su derecho de defensa. No obstante, resulta necesario distinguir entre la obligación de garantizar estos derechos y la exigencia de contar con asistencia jurídica profesional, pues el respeto por el debido proceso no supone necesariamente que todas las actuaciones internas de naturaleza laboral deban desarrollarse con la intervención de un abogado.
Sobre este último aspecto, resulta pertinente considerar la postura de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, respecto del acompañamiento jurídico durante las diligencias de descargos. En particular, en un pronunciamiento que hace referencia a la Sentencia SL679 de 2021, se indicó:
“De otra parte, en cuanto a lo relativo a consultar a un abogado, se advierte que no tuvo incidencia, en la medida en que la diligencia de ampliación fue suspendida, sin realizarse alguna pregunta al accionante; a lo que se suma que tampoco aparece demostrado que para ese trámite se exigiera la presencia de un profesional del derecho. Recuérdese que «la legislación laboral no exige el acompañamiento de abogado para acompañar al trabajador cuando sea llamado a descargos, en razón al uso de las causales de terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador» (CSJ SL679-2021).”
Si bien este criterio jurisprudencial fue desarrollado en el contexto de diligencias de descargos y actuaciones relacionadas con la terminación del contrato de trabajo, constituye un referente para el análisis, en la medida en que permite establecer que el acompañamiento de un abogado no representa, por regla general, una condición indispensable para el ejercicio del derecho de defensa en las actuaciones internas de naturaleza laboral.
En ese sentido, si la legislación laboral no contempla, de manera general, la obligatoriedad de la asistencia jurídica en determinadas actuaciones internas que pueden tener consecuencias sobre la continuidad del vínculo laboral tampoco resulta procedente trasladar automáticamente dicha exigencia a las diligencias adelantadas por el Comité de Convivencia Laboral, cuya finalidad es esencialmente preventiva y conciliadora.
Por consiguiente, la ausencia de un abogado durante estas diligencias -o la prohibición de permitir su ingreso- no constituye una vulneración del derecho al debido proceso, siempre que se garantice a las partes la posibilidad real y efectiva de intervenir, exponer sus argumentos, aportar información relevante y participar en condiciones de imparcialidad y respeto.
En conclusión, de conformidad con las disposiciones normativas y los criterios jurisprudenciales expuestos, no existe una obligación legal que exija el acompañamiento de un abogado durante las diligencias adelantadas por el Comité de Convivencia Laboral. Lo anterior, en la medida en que el ejercicio del derecho de defensa no se encuentra condicionado a la asistencia de un profesional del derecho, sino a que las partes tengan la oportunidad efectiva de ser escuchadas, exponer sus argumentos y aportar los elementos que consideren pertinentes. En consecuencia, la ausencia de acompañamiento jurídico no constituye, por sí misma, una vulneración del debido proceso, máxime cuando las actuaciones del Comité no tienen por objeto declarar responsabilidades, imponer sanciones ni adoptar decisiones que impliquen la disposición de los derechos de las partes involucradas, quienes, en todo caso, conservan la facultad de acudir ante las autoridades competentes para la protección de sus derechos.
ANGELA MARIA NOREÑA BERNAL
Asesora Laboral Álvarez Liévano Laserna
Abogada egresada de Universidad Santo Tomás y Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana.
Álvarez Liévano Laserna es una Firma de Abogados que se fundó en 2016 por los anteriores socios de AESCA, la cual tuvo una trayectoria de mercado en el ejercicio del derecho laboral por más de 40 años. Álvarez Liévano Laserna, ha sido reconocida en Banda 1 y Tier 1 por los directorios Chambers & Partners Latin America 2025, así como Firma del año 2024 en Labour & Employment y como firma boutique del año 2025 por The Legal 500. Así, como LatinLawyer 250 edición 2027. También fue reconocida como Leading Firm 2024 en Leaders League, Firma del año 2020 y 2023 en materia laboral por Best Lawyers , entre otros reconocimientos internacionales y cuenta con la certificación Great Place to Work 2025-2026.
Es una firma encargada de asesoría integral de empresas en consultoría preventiva, procesos de reestructuración, planes de retiro voluntario, negociación colectiva, atención de procesos judiciales ante la justicia ordinaria y la justicia de lo contencioso administrativo, y en general, asesoría en el manejo del recurso humano a nivel individual, colectivo y en seguridad social, tanto en el sector público como en el sector privado.
Carlos Álvarez Pereira. Socio fundador de las firmas AESCA y Álvarez Liévano Laserna. Desde 1963 hasta la fecha ha ejercido el derecho del trabajo con continuidad y exclusividad. Ha sido Presidente del Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo de Colombia en dos oportunidades, Conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Director del Departamento Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y de la especialización de Derecho Laboral de la misma institución, miembro activo de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Docente de las cátedras de derecho laboral colectivo y derecho laboral procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Fue reconocido como Senior Statespeople 2026 por Chambers & Partners y Hall of Fame en The Legal 500- 2027.
Felipe Álvarez Echeverri. Managing partner de la Firma. Asesora un numeroso grupo de empresas en diferentes aspectos relacionados con el derecho laboral individual, colectivo y en seguridad social, con más de 25 años de experiencia. Gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo para el período 2022. Amplia experiencia liderando procesos complejos de Negociación Colectiva. Miembro activo del Comité Jurídico de ACRIP y de la ANDI. Reconocido individualmente en los Rankings internacionales de Chambers & Partners (Banda 2) 2026 y Legal 500 (Leading Partners- 2027). Además, desde 2019 es reconocido por Best Lawyers como abogado recomendado para la práctica Labor And Employment Law.
Claudia Liévano Triana. Asesora empresarial en materia laboral con más de 30 años de experiencia profesional en consultoría, negociaciones colectivas, procesos de reestructuración y representación judicial. Ha sido reconocida por su actividad en consultoría y litigios laborales, dirigiendo planes de retiro, negociaciones colectivas y planes de reestructuración; así como numerosos procesos de debida diligencia. Es reconocida por Chambers & Partners en la Banda 1 2026, por Best Lawyers como abogada recomendada para la práctica Labor And Employment Law desde 2018, Leading Partners en Legal 500 – 2027, resaltando su desempeño estratégico y práctico en el entorno laboral corporativo. Docente en reconocidas universidades por más de 25 años. Miembro activo del Colegio de Abogados del Trabajo, del Comité Jurídico de ACRIP y de la ANDI.
Maria Lucía Laserna Angarita. Directora del Departamento de Auditoría. Magister en Relaciones Laborales en la Escuela de Relaciones Laborales e Industriales en la Universidad de Cornell (EE. UU.). Asesora a un numeroso grupo de empresas en todos los aspectos que tienen que ver con el derecho laboral individual, procedimientos internos y seguridad social. Atiende los requerimientos de los entes de control, específicamente de la UGPP en relación con los aportes a seguridad social y demás pagos laborales. Más de 20 años de experiencia específica en Derecho Laboral, en Consultoría y Litigios, y reconocida en Chambers & Partners en Banda 3, ascendida este año a Banda 2 y ha sido reconocida por Best Lawyers como abogada recomendada para la práctica Labor And Employment Law desde 2019, así como Leading Partners en Legal 500 – 2027.
Carlos Arturo Barco Alzate. Ex-Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y Magíster en Literatura. Especialista en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo. Cuenta con más de 12 años de experiencia en consultoría empresarial y litigios laborales, así como en el servicio público en la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial. Docente de pregrado y posgrado en Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Derecho Probatorio de reconocidas universidades del país como la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad Sergio Arboleda, Universidad de la Costa y la Universidad de los Andes. Lidera el área de Litigios, formación y creación de contenidos legales. Obtuvo el reconocimiento de Next Generation Partner por Legal 500 desde el 2023 para la práctica Labour Law y desde 2022 por Best Lawyers como abogado recomendado para la práctica Labor And Employment Law.
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