LA REDUCCI
Es de público conocimiento que desde el año 2012, aproximadamente, se ha venido presentando la disminución en los precios internacionales del barril de petróleo que han generado una caída en los ingresos fiscales de economías dependientes de esta materia prima, tales como Colombia, que no ha sido ajena a esta afectación de sus finanzas y que ha conllevado la implementación de dos reformas tributarias (2012 y 2014) cuya finalidad exclusiva fue procurar garantizar el recaudo de impuestos, sin tener en cuenta la reducción de la confianza inversionista a nivel nacional e internacional.
Lo anterior implica también una serie de problemas tales como la devaluación del peso frente al dólar, el encarecimiento de las importaciones y el aumento del costo de vida en un país con grandes desigualdades a nivel de América Latina, ya que una buena parte de la sociedad pertenece a la clase baja y es quien sufre las consecuencias de la variación de los precios de la canasta familiar, servicios y bienes que adquieren para poder llevar una congrua subsistencia.
Si bien en la reciente reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) se tuvieron diversos aspectos en cuenta tales como la eliminación del CREE, sobretasa, reducción de la tarifa del impuesto de renta, entre otros, esto implicó en la práctica el reemplazo por la sobretasa del impuesto de renta y el incremento en un tres por ciento (3%) en la tarifa del impuesto sobre las ventas, pasando del 16 al 19% a partir del año 2017, y al ser tributo de carácter regresivo sus efectos se sienten especialmente en la clase media y baja.
Los denodados esfuerzos del Gobierno en 2016 por mantener la calificación del riesgo de inversión por parte de las calificadoras internacionales derivó en la implementación de la citada reforma tributaria, junto con el incremento del IVA y el mantenimiento del gravamen a los movimientos financieros (4X1000) para garantizar los ingresos al Estado, por cuenta de aquellos que se dejaron de recibir con la reducción del precio del petróleo; no obstante una serie de factores que no fueron tenidos en cuenta en las políticas fiscales del Gobierno fueron la continua desaceleración económica, el aumento del déficit fiscal, la posibilidad de que la meta de inflación no converja con la planeada por el Estado y el reducido incentivo que ha recibido la economía nacional con la disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la República.
Nuevamente las calificadoras han advertido sobre los comportamientos de la economía colombiana y algunos organismos internacionales han reducido la meta de crecimiento económico para los años 2017 y 2018, tendencia que el Gobierno ha seguido al manifestar que para 2017 el crecimiento ya no será del 2,3% sino del 2% y en la vigencia fiscal 2018 del 3,5 al 3%; ello refleja que la economía colombiana, especialmente dependiente de la variación de los precios de los commodities a nivel internacional, no se ha comportado de la manera que el Gobierno espera.
No se han implementado programas efectivos y palpables que permitan demostrar la pretensión de reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo, la ampliación del aparato productivo y el fortalecimiento del conglomerado industrial nacional, y aunque es sabido que no se trata de un cambio que se pueda realizar en un solo periodo presidencial ya que es algo para pensar y desarrollar en el mediano plazo, tampoco se ha visto un mecanismo adecuado que permita pensar que al menos el primer paso para el cambio ya fue dado.
Aunque no se puede esperar que toda iniciativa provenga del Gobierno, ya que debe existir compromiso del sector privado para afrontar de manera positiva los cambios, es necesario indicar que las políticas fiscales del Estado desde el 2012 han sido exclusivamente de procurar mantener el recaudo sin importar ahogar con altas tasas impositivas a las empresas nacionales e internacionales, generando desindustrialización y brindando pocas perspectivas de que Colombia sea una economía segura para invertir, de manera que no se puede tener gobierno que está implementando “reformas tributarias” cada dos o seis años sino que se debe proponer una verdadera reforma, en la cual se cambien totalmente las bases del sistema tributario colombiano y permitan un modelo mucho más progresivo, equitativo y que tenga una visión sobre las finanzas públicas a largo plazo, mas no para financiar al gobierno de turno.
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