Vivienda, movilidad y servicios públicos: la tríada olvidada de las ciudades colombianas

Vivienda, movilidad y servicios públicos: la tríada olvidada de las ciudades colombianas

Vivienda, movilidad y servicios públicos: la tríada olvidada de las ciudades colombianas

 

Lidya Mabel Castillo Sanabria Doctora por la Universitat Rovira i Virgili (España)/Abogada de la Universidad de la Sabana (Colombia)

En Colombia hemos aprendido a construir ciudades al revés. Primero levantamos las viviendas - casi siempre en los bordes urbanos - y solo después, con el paso de los años, intentamos conectar a sus habitantes con transporte público, equipamientos colectivos y servicios esenciales. Es un modelo que se repite sin cesar y que parece formar parte de la inercia institucional: construir primero, planear después. Pero sus consecuencias son profundas, costosas y, sobre todo, inhumanas.

Durante décadas, la política de vivienda social en Colombia ha apostado por el suelo barato ubicado en las periferias. Desde allí se levantan enormes proyectos habitacionales que prometen dignidad y acceso a la propiedad, pero que rápidamente se ven rodeados por la precariedad. El sueño de la casa propia termina chocando con la realidad de trayectos interminables, servicios públicos deficientes y una desconexión total con centros de empleo, educación y salud. La vivienda se convierte, paradójicamente, en un factor que limita la calidad de vida de quienes pretendía beneficiar.

La movilidad es uno de los elementos más golpeados por este modelo expansivo. Miles de colombianos emplean entre dos y cuatro horas diarias - cuando no más - desplazándose desde su hogar hasta su lugar de trabajo. Quien vive en la periferia y trabaja en zonas centrales debe madrugar antes del amanecer, enfrentar largas esperas de transporte, y regresar al final de la noche. Ese tiempo, que debería invertirse en descanso, recreación o vínculos familiares, se convierte en un pasivo invisible que deteriora la salud física, emocional y social de millones. En la práctica, la ciudad nos roba tiempo de vida.

A ello se suma que los sistemas de transporte suelen llegar tarde a estos nuevos desarrollos urbanos. Y cuando llegan, lo hacen saturados, insuficientes o sin integrarse adecuadamente al entorno. No es casualidad: la infraestructura vial y de transporte masivo requiere décadas de planificación e inversión, mientras que un edificio de vivienda puede levantarse en pocos años. El desfase entre ambos ritmos revela una falta de coordinación estructural entre los sectores responsables.

Los servicios públicos replican esa misma lógica de rezago. Barrios nuevos nacen con redes básicas incompletas o precarias, y la cobertura plena llega solo después de demandas ciudadanas, inversiones extraordinarias o adaptaciones forzadas de infraestructura. El agua puede llegar con baja presión, la energía con cortes frecuentes, el alcantarillado incompleto; ni hablar de los equipamientos necesarios para la vida diaria como parques, bibliotecas, centros de salud o colegios. Muchos de estos se construyen décadas después, cuando ya el déficit social ha hecho mella.

Todo esto revela un problema central: la vivienda no puede seguir pensándose de manera aislada. La vivienda es apenas una pieza dentro de un sistema urbano que funciona - o se rompe- en la medida en que sus elementos dialogan. No basta con ofrecer un techo; ese techo debe estar conectado con oportunidades, servicios y vida comunitaria.

La clave está en conciliar vivienda, movilidad y servicios públicos desde el inicio, como una tríada inseparable. Y esto no es una idea novedosa: las ciudades exitosas del mundo entienden este principio. Sin embargo, en Colombia persiste una visión sectorializada donde cada entidad cumple su función sin integrarla con las demás. Urbanismo, transporte, vivienda y servicios públicos siguen operando como islas técnicas, cuando deberían formar un mismo archipiélago.

 

 

¿Qué implicaría este cambio de enfoque?

En primer lugar, priorizar proyectos de vivienda bien ubicados, incluso si ello significa invertir más en suelo. Pagar más por un terreno central o bien conectado es, en realidad, más eficiente para el Estado que construir periferias aisladas que luego requieren billonarias inversiones para conectarse.

En segundo lugar, se requiere planificación coordinada obligatoria. Ningún proyecto de vivienda social debería ser aprobado sin demostrar, con rigor técnico, su acceso inmediato a transporte público eficiente y a servicios básicos garantizados, así como la disponibilidad de equipamientos esenciales. No después, no “en fases”, no “con proyección”, desde el primer día.

En tercer lugar, es necesario atacar el problema de fondo: el modelo de expansión urbana sin control. Las ciudades no pueden seguir creciendo hacia donde el suelo es más barato; deben crecer donde sea sostenible. De lo contrario, perpetuaremos la desigualdad espacial: los pobres en los bordes y los servicios de calidad en el centro.

Y, finalmente, hay un componente social que pocas veces se menciona: el derecho al tiempo. El tiempo libre, el tiempo de descanso, el tiempo para los hijos, el tiempo para uno mismo. En nuestra agenda política siempre se habla de vivienda digna, pero casi nunca de movilidad digna o de tiempo digno. En Colombia, la mala planificación urbana ha convertido el tiempo de millones en una moneda de cambio silenciosa.

La urgencia de conciliar vivienda, movilidad y servicios públicos no es un capricho técnico: es una necesidad humana. La ciudad debería ser un espacio que acerque, no que expulse; que conecte, no que desgaste; que libere tiempo para vivir, no que lo devore en trayectos interminables.

Mientras sigamos construyendo periferias desconectadas, estaremos fabricando desigualdad. Y mientras sigamos celebrando viviendas sin ciudad, seguiremos construyendo apenas paredes, pero no futuro.

 

“Es hora de que Colombia entienda que una vivienda sin movilidad y sin servicios no es una solución: es un problema postergado”.

 

Compartir