Las fronteras de Colombia: Las zonas más pobres del país.
Las fronteras de Colombia: las zonas más pobres del país.
Kátherin Díaz Velilla Abogada, Magister en tributación internacional.
Cuenta con 9 años de experiencia en el área tributaria nacional e internacional, se desempeña actualmente como a Socia de derecho tributario en la firma de consultoría L&B Managers y docente de maestría de derecho tributario.
El abandono territorial ha sido una de las grandes variables que determinan los índices de pobreza en Colombia. Según el Mapa de Pobreza para los Municipios en Colombia 2018-2019, estudio realizado por el DPS y CEPAL, los mayores índices de pobreza extrema en Colombia se concentran principalmente en las zonas fronterizas en donde los índices de pobre multidimensional están entre el 70,1% y 98,5%.
Según el informe CONPES 3805 de 2014, las zonas de frontera de Colombia, que comprenden 13 departamentos, 77 municipios y 12 corregimientos departamentales, son el hogar del 9.1% de la población total del país. Lo que es más relevante, el 38% de esta población vive en áreas rurales y el 21.7% pertenece a grupos étnicos, como los Raizales, Rom, Indígenas y Afrodescendientes.
Es importante destacar que estos grupos étnicos representan el 49% de la población indígena del país. Además, el 22% de la población afrocolombiana del país también se encuentra en estas áreas.
Esto plantea una serie de desafíos para el desarrollo y la inclusión de estas comunidades. Las zonas de frontera suelen ser marginadas y enfrentan desafíos únicos debido a su ubicación geográfica y su proximidad a otros países.
Con este contexto, en 2021 entró en vigencia la Ley de Fronteras, que tiene como objeto fomentar el desarrollo integral y diferenciado de los departamentos fronterizos, los municipios y las áreas no municipalizadas fronterizas, declarados como zonas de frontera, propiciando desde todas las organizaciones del Estado, con plena articulación entre las entidades del orden central y territorial competentes, tanto el aprovechamiento de sus potencialidades endógenas como el fortalecimiento de sus organizaciones e instituciones públicas, privadas y comunitarias, así como la integración de sus propios territorios y de éstos con el interior del país y con las zonas fronterizas de los países vecinos.
Esta ley buscaría implementar medidas que incentiven el crecimiento económico, así como el bienestar de la población, tales como: la creación de nuevas zonas de régimen especial aduanero, medidas que incentiven el comercio transfronterizo, criterios especiales de comercialización de combustible líquido, inclusión de políticas transfronterizas en sus planes de desarrollo, entre otras.
Una importante figura que trae esta Ley es la de Zonas Especiales de Intervención Fronteriza, la cual busca la adopción oportuna de medidas diferenciales para salvaguardar el bienestar de la población, sus derechos fundamentales, la productividad económica, la correcta prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad que pueda verse perjudicada, sea por actos del Estado o por situaciones de fuerza mayor, tales como desastres naturales. Esta figura resultaría una medida de urgencia automática para solventar de la manera más rápida los daños causados por la situación de riesgo.
En este contexto es importante recordar los desastres naturales que el año pasado aquejaron a la frontera sur occidental de Colombia por el desastre ocurrido en la Vía Panamerícana, así como la afectación a la zona del archipiélago (San Andrés y Providencia) por la crisis de los vuelos comerciales, demostrando el estado de alta vulnerabilidad en el que vive la población de estas zonas del país. En este sentido la aplicación de esta Ley habría sido una solución rápida, sin embargo, hasta la fecha no ha sido reglamentada, situación que pone en debate el ánimo del gobierno por, realmente, querer tomar medidas para tratar a los departamentos fronterizos con justicia y equidad, con suficiente y real presencia institucional.
A pesar de la falta de celeridad en la reglamentación de una ley que puede resultar la medida que las zonas fronterizas necesitan, en el mes de abril de 2023 se dio a conocer un borrador de decreto que, finalmente, reglamentaría esta. Este borrador señala los procedimientos para la determinación de los territorios fronterizos, así como el de Zonas Especiales de Intervención Fronteriza. Igualmente expone de forma expresa los municipios y corregimientos que se denominarían Zonas Fronterizas, dentro de los que se destacan en Nariño: Pasto, Ipiales, Túquerres y otros; San Andrés y Providencia; en la Guajira: Riohacha, Manaure, Uribia y otros; en Amazonas: Leticia, Puerto Nariño y otros. Y otros ubicados en los departamentos fronterizos.
En ese borrador se da a conocer, también, la declaratoria de San Andrés como Zonas Especiales de Intervención Fronteriza de forma inmediata por el término de 90 días prorrogables, con el fin de recuperar la dinámica económica y social del Departamento, especialmente para la protección de los medios de subsistencia y el abastecimiento de bienes y servicios necesarios para el normal desarrollo de sus habitantes.
Con ocasión a la regulación de esta figura sobre Zonas Especiales de Intervención Fronteriza, sería importante revisar la necesidad de que se incluyan municipios y/o corregimientos del suroccidente que todavía se ven afectados por el desastre ocurrido el año anterior en al Vía Panamericana, la cual es la vía principal para el acceso de víveres y combustible que tiene esta zona del país, y aún hoy en día no se ve normalizada su situación.
Es la oportunidad para que el Gobierno se reivindique del abandono institucional en el que tradicionalmente se han visto inmersas las zonas fronterizas. Esto, siempre que con las herramientas que prevén tanto la ley, como en el texto del borrador del decreto reglamentario, se ordene el desarrollo de proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes, en cuanto a infraestructura vial y prestación de servicios públicos, que denotan gran precariedad.
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