Impotencia y abandono Los connacionales privados injustamente de la libertad por el r
He venido haciéndole seguimiento a un caso que ha sido documentado e investigado por el periodista Jesús Blanquicet en el periódico El Heraldo de Barranquilla.
La situación se refiere a 59 colombianos que cumplen más de 500 días recluidos en Caracas, Venezuela, quienes fueron falsamente acusados por el régimen de Nicolás Maduro de ser “paramilitares”.
Muchos de ellos llevaban varios años residiendo legalmente en Venezuela, y en una batida orquestada por las autoridades venezolanas el 1º de septiembre de 2016, denominada “Operación Libertad del Pueblo”, decidieron que un positivo en materia de seguridad era acusar y encarcelar a varios colombianos para responsabilizarlos de actividades de desestabilización en el vecino país.
Según Nicolás Maduro ese 1º de septiembre las autoridades habían encontrado un “campamento paramilitar colombiano” a menos de 500 metros del Palacio de Miraflores, en donde casi 100 colombianos orquestaban actividades mercenarias.
Lo curioso es que todos fueron detenidos en diferentes locaciones y en diferentes momentos, y fueron trasladados a diferentes ubicaciones hasta que los agruparon para hacer este burdo montaje.
Sin embargo, de los 92 colombianos capturados en la “Operación Libertad del Pueblo” 59 siguen en prisión desde el mes de septiembre de 2016, a pesar de que el 21 de noviembre de 2017 el juzgado 27 de control de Caracas ordenó “la libertad plena de los ciudadanos de nacionalidad colombiana de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar la libertad individual, el derecho a la salud y cumplir con los convenios y tratados internacionales establecidos en los artículos de la Constitución de la República Bolivariana”.
A través de un comunicado la Cancillería informó a el diario El Heraldo que, hasta el 14 de enero de 2018, la Embajada de Colombia en Venezuela y el Consulado de Colombia en Caracas “habían elevado numerosas notas y sostenido reuniones al más alto nivel con las autoridades venezolanas, solicitando su concurso para lograr la resolución de la situación jurídica a los connacionales”.
“El Consulado continúa brindando asistencia jurídica y social a los connacionales y sus familiares, acompañando el desarrollo del proceso legal, realizando visitas periódicas en el sitio de reclusión, velando por la alimentación y atención médica oportuna de los connacionales en La Yaguara. Es de destacar que, debido a las gestiones realizadas por la mencionada misión consular, se ha logrado la libertad de algunos de ellos”.
No obstante lo anterior, los familiares de los prisioneros, así como su abogado, han manifestado que esto no es verdad, y que incluso han recibido tratos incongruentes como el hecho de que en diciembre el consulado “les llevaría buñuelos”, lo que en manera alguna exculpa la inoperancia del aparato consular colombiano, o mitiga el sufrimiento de estos connacionales abandonadas a su suerte en una prisión venezolana que viola cualquier estándar internacional en materia de derechos humanos.
Ante el agotamiento de la asistencia consular, es de notar que la Cancillería colombiana debería elevar notas de protesta contra Venezuela como medida diplomática y política, además de elevar el tema ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, del cual Venezuela hace parte, algo que es absurdo porque ese país tiene un récord internacional en detenciones abusivas sin órdenes judiciales, o casos más aberrantes como el de estos 58 colombianos acusados falsamente, y quienes aun cuando fueron exonerados por la justicia, no tienen certeza sobre su puesta en libertad y repatriación.
La organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch a través de su oficina Caracas, se ha pronunciado sobre este caso señalando que “los 58 colombianos que siguen detenidos en Venezuela, a pesar de contar con una orden de liberación plena hace semanas, son rehenes del gobierno de Maduro. Este asunto demuestra que en el raro caso en que una jueza adopta una decisión que protege derechos humanos, las autoridades siguen teniendo la última palabra sobre la libertad de las personas, dejando en absoluta evidencia la falta de estado de derecho en el país”.
En noviembre de 2017 la ONG Amnistía Internacional también se refirió al caso señalando que “no se puede pasar por encima del sistema de justicia y acusar a un grupo de personas por el simple hecho de ser extranjeras de estar cometiendo un delito, la sentencia judicial debe ser ejecutada de inmediato”.
Es increíble que después de que un juez venezolano ordenara la libertad de los 58 colombianos detenidos en Carcas desde el pasado mes de noviembre de 2017, estos aún se encuentren detenidos. Esto viola los derechos humanos de los connacionales, al tiempo que demuestra una total ineficiencia del aparato consular colombiano en esa ciudad venezolana.
La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, así como la constitución y la ley colombiana señalan las funciones de los cónsules, esta es la de proteger a los connacionales y ocuparse de este tipo de casos, máxime cuando estamos hablando de un número tan grande y un hecho tan espantoso como esa falsa acusación que los mantiene injustamente privados de la libertad.
El hecho de que Venezuela sea un Estado que no reconozca la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la exime del cumplimiento del derecho internacional.
De otra parte, es evidente que Colombia también tiene su cuota de responsabilidad por la falla del servicio consular, del aparato diplomático y la incapacidad y desidia en el acompañamiento eficaz en este caso.
Más allá de las visitas carcelarias y la estrategia epistolar de elevar notas, los connacionales esperamos un mayor esfuerzo cuando tenemos un aparato estatal tan grande y un derroche y abultamiento de la nómina del ejecutivo, en donde tal parece que en materia de servicio exterior el dinero está yendo a parar a las tareas equivocadas o a las personas incorrectas.
El precio de haber hecho de Venezuela un amigo de ocasión para una agenda política de coyuntura como fue el denominado Acuerdo de Paz, hoy nos pasa factura en este y otros temas como lo hemos evidenciado con la diplomacia meliflua e ineficaz que ha implantado este gobierno en el ocaso.
Andrés Barreto González
Of Counsel en MONCADA ABOGADOS
Secretario General del Colegio Colombiano de Juristas
Miembro Fundador de ACCOLDI y miembro de la International Bar Association (IBA)
www.andresbarreto.org
Comentarios
Artículo sin comentarios