EL PROCESAMIENTO PARCIAL EN EL PROYECTO DE DECRETO DE ZONAS FRANCAS

EL PROCESAMIENTO PARCIAL EN EL PROYECTO DE DECRETO DE ZONAS FRANCAS

El proyecto de decreto de zonas francas que el gobierno viene impulsando a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el cual se encuentra en etapa de discusión con diversos sectores de la industria tiene como propósito, entre otras, fortalecer las zonas francas permanentes y las permanentes especiales en materia de servicios. Así las cosas, y con fundamento en el nuevo estatuto aduanero (decreto 390 de 2016), las funciones de aprobación, seguimiento y administración pasarán a manos del Ministerio de Comercio, mientras que las de fiscalización continuarán en poder de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Ahora bien, uno de los puntos de mayor controversia del proyecto es la reforma en lo concerniente al procesamiento parcial por parte de los usuarios industriales en el resto del territorio aduanero nacional. La normatividad vigente, esto es decreto 2685 de 1999 y la resolución 4240 de 2000 (DIAN) faculta a los usuarios industriales de zonas francas a realizar parte del proceso industrial fuera de éstas, siempre y cuando el tiempo de permanencia de las mercancías en el TAN no excedan los seis meses prorrogables hasta por tres meses más con debida justificación. Cabe anotar, que dicha disposición es una excepción al principio de la exclusividad que rige a los usuarios industriales de dicho régimen. Con base en ese precepto, los usuarios industriales de bienes y/o de servicios han desarrollado su objeto social en el más de un centenar de zonas francas existentes en Colombia. 

Sin embargo, el revolcón que se avecina con el proyecto de decreto, entre otros aspectos tiene que ver con esta materia, ya que implica un cambio sustancial del decreto 2685 de 1999, al pretender establecer un tope máximo porcentual de procesamiento industrial fuera de la zona franca, que no podrá ser superior al 20% del costo de producción del bien o servicio terminado. Desde esta perspectiva, las empresas industriales calificadas en zonas francas, bajo la normatividad vigente podrían verse afectadas e incluso descalificadas por parte de los usuarios operadores en el evento de que no se ajusten a estos porcentajes, generando inestabilidad jurídica al régimen, y por consiguiente un freno en el crecimiento del sector. 

Desde este punto de vista, se observa que el proyecto trae consigo buenas intenciones en la búsqueda de fortalecer la prestación de servicios desde éstas zonas especiales, tal como lo muestra el desarrollo de proyectos de zonas francas de salud, sin embargo, es necesario ajustar y brindar mayor flexibilidad y seguridad jurídica al régimen para que dicha figura siga siendo atractiva para los inversionistas. Sin embargo, cambios sustanciales como el aquí señalado son factores que inciden en un mayor crecimiento del sector y que van en contravía de sus finalidades.

 

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