El gran problema invisible: construir vivienda sin construir ciudad

El gran problema invisible: construir vivienda sin construir ciudad

El gran problema invisible: construir vivienda sin construir ciudad

 

Hay una pregunta que pocas veces hacemos cuando hablamos de vivienda: ¿dónde estamos construyendo esas viviendas y qué ciudad estamos construyendo alrededor de ellas?

Durante años, buena parte de la discusión sobre vivienda en Colombia se ha concentrado en una cifra: cuántas viviendas necesitamos construir para reducir el déficit habitacional. Es una pregunta necesaria, pero insuficiente, una vivienda no es solamente cuatro paredes, una cocina, unas habitaciones y un techo, una vivienda forma parte de un territorio y, por tanto, de una estructura urbana que determina las posibilidades reales de quienes la habitan.

Podemos construir miles de viviendas y, sin embargo, no estar construyendo ciudad. Este es, quizá, uno de los problemas menos visibles de la política habitacional: la tendencia a medir el éxito por el número de unidades construidas sin preguntarnos suficientemente si esas viviendas responden a las necesidades reales de las familias y si están integradas a una ciudad que les permita desarrollar una vida digna.

 

La vivienda no termina en la puerta de la casa

Cuando una familia recibe una vivienda nueva, la pregunta no debería terminar en si la vivienda tiene determinado número de metros cuadrados, habitaciones o condiciones de habitabilidad, debería comenzar allí.

¿Dónde está el colegio de los niños? ¿A qué distancia se encuentra el centro de salud? ¿Dónde se compra el mercado? ¿Existe transporte público cercano y accesible? ¿Hay parques, espacios deportivos y lugares de encuentro? ¿Dónde pueden trabajar los miembros del hogar? ¿Cuánto tiempo tendrán que invertir diariamente para desplazarse desde su casa hasta sus actividades cotidianas? Estas preguntas parecen evidentes, pero no siempre ocupan el lugar que deberían tener cuando se planifica la construcción de vivienda.

La Ley 388 de 1997 entendió hace décadas que la vivienda no podía separarse del ordenamiento territorial. La propia legislación exige que los municipios y distritos determinen sus necesidades de vivienda social y definan objetivos, estrategias e instrumentos para atenderlas. A su vez, los instrumentos de planificación urbana deben articular la vivienda con las infraestructuras y los equipamientos necesarios para soportar esos nuevos desarrollos. Por tanto, el problema no es necesariamente la ausencia de herramientas jurídicas. El desafío está en utilizarlas de manera integral.

 

No todas las familias necesitan la misma vivienda

Existe además otra cuestión que deberíamos incorporar con mayor fuerza al debate: no existe una única familia colombiana y, por tanto, tampoco debería existir un único modelo de vivienda pensado para todas las familias. Una familia puede estar integrada por una pareja con dos hijos, otra puede incorporar a los abuelos. puede existir un hogar monoparental, una persona sola, una pareja joven sin hijos, una familia extensa o un hogar en el que conviven varias generaciones, y entender que las necesidades espaciales, económicas y de localización no son iguales.

Una familia con niños pequeños necesita determinadas condiciones de proximidad y seguridad. Un hogar con adultos mayores puede requerir accesibilidad, servicios de salud cercanos y menor dependencia del transporte. Una familia monoparental puede necesitar que el colegio, el comercio y el transporte estén particularmente próximos, porque el tiempo disponible para desplazamientos es limitado. Incluso dentro de una misma vivienda, las necesidades pueden cambiar con el tiempo.

Los hijos crecen, los adultos mayores envejecen, cambian las condiciones laborales y pueden variar los ingresos familiares. Por eso, pensar la vivienda únicamente como una unidad física que se entrega a un hogar supone desconocer que la vivienda es también un espacio de vida y que las familias evolucionan con ella.

 

La ciudad de los 30 minutos: una idea que Colombia debería mirar con atención

En diferentes ciudades del mundo ha cobrado fuerza la idea de la denominada ciudad de los 15 o 30 minutos: un modelo urbano en el que buena parte de las actividades esenciales de la vida cotidiana puede desarrollarse razonablemente cerca del lugar de residencia. No se trata de que cada persona deba resolver toda su vida dentro de un radio exacto de quince o treinta minutos. Se trata de recuperar una idea mucho más sencilla: la proximidad importa.

Una ciudad que obliga a una familia a realizar largos desplazamientos todos los días para llevar a sus hijos al colegio, acudir al trabajo, comprar alimentos o acceder a un servicio médico está trasladando a los hogares un coste que muchas veces no aparece en el precio de la vivienda. Una vivienda aparentemente económica puede terminar siendo costosa si exige dos o tres horas diarias de desplazamiento, varios medios de transporte y una parte importante de los ingresos familiares destinada a movilidad. Por eso, cuando hablamos de vivienda, también deberíamos hablar de tiempo.

El tiempo que una madre o un padre dedica a desplazarse hasta su trabajo, el tiempo que un niño necesita para llegar a su colegio, el tiempo que un adulto mayor requiere para acudir a una cita médica, o el tiempo que una familia pierde diariamente porque su vivienda está físicamente alejada de todo aquello que necesita para vivir. La distancia también tiene un precio.

 

Construir vivienda no puede significar simplemente ocupar suelo

Aquí adquiere especial importancia el ordenamiento territorial. La construcción de vivienda debería estar vinculada a una planificación previa de las infraestructuras, los servicios públicos, la movilidad, el espacio público y los equipamientos colectivos. No basta con encontrar suelo disponible y preguntarnos cuántas viviendas caben en él.

La verdadera pregunta debería ser cuántas viviendas puede soportar adecuadamente ese territorio y qué necesita ese territorio para recibir nuevos habitantes. Los instrumentos de planificación existentes ya permiten avanzar en esta dirección. Los planes parciales, por ejemplo, están concebidos como instrumentos de planificación intermedia para desarrollar los POT y establecer, entre otros aspectos, las obligaciones de cesión, construcción y dotación de equipamientos, espacios y servicios públicos.

Del mismo modo, las operaciones urbanas integrales contemplan la habilitación de suelo para vivienda junto con infraestructura vial, transporte, servicios públicos, espacios públicos y equipamientos colectivos. Esto demuestra que el Derecho ya reconoce que la vivienda necesita ciudad alrededor, lo que debemos preguntarnos es si en la práctica estamos logrando que esa integración ocurra con la misma velocidad con la que construimos las viviendas. Una vivienda lejos de todo puede terminar siendo una solución incompleta

Cuando una vivienda se localiza en un sector sin suficiente comercio, colegios, centros de salud, transporte o espacio público, la familia termina dependiendo de otros territorios para satisfacer necesidades básicas. La consecuencia puede ser una ciudad más extensa, más dependiente del automóvil o del transporte público, con mayores tiempos de desplazamiento y mayores costes económicos y ambientales. Pero existe también una consecuencia social. Cuando las familias de menores ingresos son enviadas a zonas periféricas porque allí el suelo es más barato, corremos el riesgo de construir una ciudad en la que la distancia se convierte en una nueva forma de desigualdad.

El precio de la vivienda puede ser asequible, pero el precio de vivir lejos puede no serlo. Y esto debería preocuparnos especialmente cuando hablamos de vivienda de interés social o prioritaria, porque precisamente estamos hablando de hogares con menor capacidad económica para asumir los costes adicionales que genera una localización deficiente.

 

La vivienda debe responder a la familia, pero también al territorio

La política habitacional necesita, por tanto, una mirada más amplia. No basta con identificar cuántas viviendas faltan. También necesitamos conocer quiénes necesitan esas viviendas, cómo están conformados los hogares, qué edades tienen sus integrantes, cuáles son sus ingresos, dónde trabajan, dónde estudian sus hijos y qué servicios necesitan. Ese diagnóstico debería dialogar con el territorio.

Una política de vivienda verdaderamente integral tendría que preguntarse no solamente cuántas viviendas necesita una ciudad, sino qué tipo de viviendas necesita, para qué hogares, en qué lugares y acompañadas de qué infraestructuras y servicios. Esto exige fortalecer la coordinación entre las políticas nacionales de vivienda y los instrumentos territoriales de los municipios y distritos. También exige que las decisiones sobre suelo y vivienda no se tomen de manera aislada de las políticas de movilidad, educación, salud, espacio público y desarrollo económico.

La vivienda no puede ser una política sectorial desconectada de la ciudad. Construir ciudad también es una forma de construir vivienda. Quizá necesitamos cambiar una idea profundamente arraigada: que la política de vivienda empieza cuando comienza la construcción del proyecto. En realidad, debería comenzar mucho antes, cuando se decide dónde localizarlo y qué condiciones debe reunir el territorio para recibir a sus futuros habitantes.

 

Construir vivienda es construir ciudad

Por eso, cada nuevo proyecto habitacional debería preguntarnos qué ciudad estamos ayudando a formar. Si estamos creando barrios conectados o aislados; si estamos generando proximidad o dependencia; si estamos acercando oportunidades o simplemente trasladando población hacia la periferia.

El reparto equitativo de cargas y beneficios previsto por la Ley 388 de 1997 ofrece precisamente mecanismos para obtener suelo destinado a infraestructuras viales y de servicios públicos, áreas verdes, recreativas y equipamientos sociales, y para financiar obras de urbanización asociadas al desarrollo urbano.

Tenemos, entonces, herramientas jurídicas para hacerlo. El desafío consiste en que la vivienda deje de ser entendida como una unidad aislada y empiece a ser concebida como una pieza dentro de un sistema urbano. No necesitamos solamente más viviendas, necesitamos mejores lugares para vivir Colombia necesita construir vivienda. De eso no hay duda. Pero la discusión no debería terminar cuando se entrega la llave de una nueva casa o apartamento. Debería comenzar allí. Porque una vivienda digna no puede medirse únicamente por sus condiciones internas. También debe poder ofrecer a quienes la habitan acceso razonable a servicios, equipamientos, movilidad, espacio público, oportunidades de empleo, educación, salud y relaciones sociales.

No podemos seguir construyendo viviendas sin preguntarnos qué ocurre alrededor de ellas. No podemos pensar únicamente en metros cuadrados cuando también estamos construyendo tiempos de desplazamiento, oportunidades o desigualdades. Y tampoco podemos diseñar viviendas para una familia abstracta, porque las familias reales tienen edades, necesidades, historias y formas de vida diferentes.

El gran reto de la política habitacional colombiana no debería ser solamente construir más. Debería ser construir mejor, construir donde se necesita y construir pensando en las personas que van a habitar esas viviendas. Porque al final, una vivienda no es solamente el lugar donde dormimos. Es el lugar desde el cual vivimos la ciudad. Y si queremos construir viviendas dignas, tendremos que empezar a construir también ciudades dignas alrededor de ellas

Compartir