¿Cómo regula el Proyecto de Ley 149 de 2024 la extranjerización de tierras agrícolas en Colombia?

¿Cómo regula el Proyecto de Ley 149 de 2024 la extranjerización de tierras agrícolas en Colombia?

¿Cómo regula el Proyecto de Ley 149 de 2024 la extranjerización de tierras agrícolas en Colombia?

 

POR: JAIR ANDREY BARRAGÁN

Abogado Editor Especialista. Notinet

El Proyecto de Ley 149 de 2024, radicado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, se presenta como una respuesta a la creciente preocupación por la extranjerización de tierras en Colombia. Esta iniciativa busca regular la propiedad, posesión y tenencia de tierras agrícolas por parte de extranjeros, promoviendo así la soberanía alimentaria, la protección de los derechos de la población campesina y rural, y el cumplimiento del Acuerdo Final para la Paz.

El proyecto parte de una premisa fundamental: la tierra agrícola es un recurso limitado y esencial para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar nacional. En este sentido, establece límites claros sobre la propiedad de tierras dentro de la frontera agrícola para extranjeros, permitiendo que estas personas naturales y jurídicas posean únicamente una Unidad Agrícola Familiar. Además, fija un techo máximo del 15% del total de tierras agrícolas en cada municipio que puede estar en manos extranjeras.

La construcción de esta propuesta fue respaldada por mesas de trabajo con entidades como el Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), entre otras. Durante este proceso, se identificó un grave problema de desactualización y falta de coherencia en los datos sobre la propiedad y uso de tierras en Colombia. Por ejemplo, el IGAC registra apenas el 75% de la información nacional, y el 86% de estos datos está desactualizado. Además, la SNR no distingue adecuadamente entre propietarios nacionales y extranjeros, dificultando la evaluación precisa del fenómeno de extranjerización.

Este vacío de información, sumado a dinámicas internacionales de adquisición masiva de tierras por parte de empresas y gobiernos extranjeros, hace urgente la regulación. Ejemplos de países como Argentina, Brasil y Senegal muestran cómo la extranjerización puede comprometer derechos de comunidades locales, afectar el medio ambiente y amenazar la soberanía alimentaria.

En Colombia, la extranjerización de tierras ya es una realidad preocupante. Según la UPRA, el país cuenta con 43 millones de hectáreas dentro de su frontera agrícola, representando el 37,8% del territorio nacional. De estas, un porcentaje creciente está en manos extranjeras. Por ejemplo, la multinacional estadounidense Cargill adquirió casi 55 mil hectáreas en el departamento de Vichada entre 2010 y 2012, tierras originalmente destinadas a la reforma agraria. Este caso emblemático evidencia cómo los capitales extranjeros, a menudo a través de complejas figuras jurídicas, concentran tierras destinadas al bienestar de las comunidades campesinas.

Además de la concentración de tierras, el índice de Gini agropecuario en Colombia, refleja una alarmante desigualdad en la distribución de la tierra. Esto no solo dificulta el acceso a recursos básicos para las comunidades rurales, sino que también exacerba los conflictos socioambientales y alimenta las dinámicas de violencia en el país.

 

El proyecto se encuentra sustentado en el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia, que establece limitaciones razonables a los derechos de propiedad para extranjeros en aras del interés general. También se enmarca en el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz relacionadas con la Reforma Rural Integral, las cuales buscan garantizar el acceso equitativo a la tierra como una medida para la construcción de paz y justicia social.

En este contexto, la regulación de la propiedad extranjera de tierras no solo responde a una necesidad económica y social, sino que también refuerza la soberanía nacional. Como lo ha señalado la Corte Constitucional, el concepto de soberanía ha evolucionado hacia una interpretación más flexible, adecuada a las dinámicas contemporáneas de interdependencia global. Sin embargo, esta flexibilidad no debe comprometer el núcleo esencial de la autodeterminación estatal, especialmente en temas tan sensibles como el acceso y uso de la tierra.

El Proyecto de Ley 149 de 2024 representa un esfuerzo por equilibrar el derecho a la propiedad privada con los principios de soberanía nacional y justicia social. Al establecer límites claros a la extranjerización de tierras agrícolas, protege los derechos de las comunidades campesinas, promueve la seguridad alimentaria y refuerza la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales. En un contexto global donde el acceso a la tierra se vuelve cada vez más estratégico, Colombia da un paso firme hacia la defensa de su territorio y la construcción de un futuro más equitativo y sostenible, dando las herramientas a esta iniciativa no solo la regulación a la tenencia de tierras, sino que también reafirma el compromiso del país con los valores consagrados en su carta política y en los acuerdos de paz.

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