GLP: Trasiego y Almacenamiento

Así y más específicamente, como las actividades de trasiego y de almacenamiento hacen parte del proceso necesario para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible, surge una nueva pregunta ¿Son estas actividades complementarias?

Transporte de GLP y beneficios tributarios – Zonas fronterizas Decreto 1135 de 2022

el Decreto señala que, para ejercer la actividad de refinación, importación, almacenamiento, transporte, distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos y sus mezclas con biocombustibles y para actuar como gran consumidor, los interesados deberán obtener autorización de la Dirección de Hidrocarburos del MME.

Zonas No Interconectadas, ¿Finalmente Conectadas?

El Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS) publicó para comentarios un proyecto de resolución que buscará en parte, la prestación de energía eléctrica en Zonas no Interconectadas por medio de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

Pero ¿qué son las Soluciones Solares Fotovoltaicas y cómo se financiarán? Estos son los verdaderos interrogantes, los cuales son respondidos a lo largo del proyecto de resolución.

La carbono neutralidad: ¿Redirección o incoherencia?

Por un lado, puede ser que en la resolución CREG 226 de 2021 se incluya un elemento que en la CREG 186 de 2020 no existía, con la finalidad de abrirle paso en el mercado de gas en Colombia o, por otro lado, se sumió un poco en la incoherencia tras no tomar en cuenta para su emisión, los compromisos que Colombia ha adquirido internacionalmente y lo largo de los años en materia medio ambiental.

EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ES DE CARÁCTER FUNDAMENTAL Y DEBE PREVALECER ANTE LA EXIGENCIA DE FORMALIDADES.

El acceso a la administración de justicia es un derecho, que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.