LIBERTAD DE EXPRESI

LIBERTAD DE EXPRESI

Estas semanas se puede afirmar definitivamente lo que hace algún tiempo se venía sospechando sobre España. Y también aquello que muchos defendemos.

Lo primero:

que la democracia en España, tras 40 años de constitucionalismo formal, no ha madurado, ni siquiera se ha asentado, y si en algún momento lo hizo (se asentó), ese pilar se desvanece como un castillo de naipes. Se trata de la libertad en general y de la libertad de expresión en concreto (en su más amplio sentido, esto incluye la libertad de expresión propiamente dicha, la libertad de prensa, de creación literaria, artística o científica, la libertad de cátedra, es decir, el artículo 20 de la Constitución española).

Lo segundo:

que un Estado de Derecho no implica que sea un Estado democrático. El simple cumplimiento de las leyes en un Estado de Derecho no garantiza la convivencia democrática cuando las leyes van contra la propia democracia. Paradigma de ello es el reciente referéndum constitucional turco, bajo el paraguas del Derecho se albergan implicaciones en la sociedad nada democráticas.

¿Por qué todo esto?

Como decía al principio, ha sido en estas semanas de atrás cuando la Audiencia Nacional de España ha confirmado la pena de cárcel e inhabilitación para una persona por hacer chistes en Twitter. ¿Tiene relevancia que sea en Twitter? No. La Constitución española garantiza  la libertad de expresión por cualquier medio (no así el Estado de Derecho español, por lo visto). La Ley Suprema es clara e inequívoca. El resto de excusas, huelga, y las interpretaciones judiciales, más.

Lo que a esta persona se le aplica no es el Código Penal vigente como se alude (por cierto un Código Penal poco garantista de los Derechos Fundamentales y muy restrictivo con el ejercicio de los mismos). No, se aplica a toda la opinión pública una censura previa (prohibida taxativamente por la Constitución española en el mismo artículo 20 antes referido) y una purga de maestros al estilo de la hecha por el régimen dictatorial del General Franco en los comienzos de su era política.

¿En qué modo sucede esto? A través del miedo, la famosa espiral del silencio que llama Noelle-Neumann. Porque la persona condenada es una persona joven, estudiante de Historia y que quiere dedicarse a la enseñanza. Una persona que sabe que Franco fue un dictador y sus gobiernos ilegítimos. Una persona que en un futuro cercano enseñaría que Franco fue un genocida y cometió crímenes de lesa humanidad, delitos imprescriptibles y reconocidos por Naciones Unidas (se estima que 114.000 personas desaparecieron y 30.000 niños fueron robados) y que la justicia española (la misma que la ha condenado) se niega a investigar y a colaborar con otros países (como Argentina) que sí están ayudando a las víctimas de la dictadura franquista y de su Estado de Derecho. Bien, a esta persona se la ha inhabilitado por 7 años lo que significa que no puede ser profesora, su sueño, y para lo que se prepara a sus veintipocos años. De la cárcel se puede librar, la avisan, de momento si el juez lo tiene a bien pero otro chiste la convierte en reincidente.

En el año 79, el durante muchos años Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, publico su tesis bajo el título El delito de opinión pública. No voy a analizar el trabajo, ello me llevaría a otra tesis doctoral seguramente, pero el título nos indica por donde van las lindes. Penalizar la opinión pública. A través del miedo a caer en un delito se evita que la opinión pública tenga esa libertad que, por ejemplo, preconiza el propio Tribunal Constitucional español cuando define la opinión pública libre como una institución política fundamental. Tal vez no tan fundamental si se demoniza, ora directamente como en el caso de la tesis doctoral citada, ora indirectamente como en el caso de Cassandra (este es el nombre real de la estudiante de Historia, ex-futura profesora).

Volviendo a este caso, el fondo de la cuestión (siempre lo importante y no la forma) es penalizar una expresión libre en una cuenta privada en una red social, que además se acompaña de un tono jocoso (los españoles somos muy dados a ello). La excusa: las víctimas del terrorismo. El chiste es sobre el asesinato de Carrero Blanco, Presidente del gobierno ilegítimo del régimen dictatorial de Franco, que voló literalmente por los aires en su maravilloso Dodge 3700GT y saltó por encima de un edificio. ¿Pero cuál es el fondo de la cuestión?

¿Tal víctima debería considerarse víctima realmente? En primer lugar, era, como decimos, el jefe del gabinete de la dictadura. En segundo lugar, digamos que este caso es “el JFK español”. Se achacó el ataque a ETA oficialmente pero nadie sabe quienes estuvieron implicados realmente. Hay mucha literatura al respecto. Podría entenderse ofendida, en todo caso, la nieta de aquél, nieta que ha declarado que no entiende que alguien sea juzgado en España por hacer un chiste de la muerte de su abuelo. Las autoridades judiciales han ignorado estas declaraciones, ¿por qué?

Tal vez les da igual la justicia y buscan con ella la censura previa mediante el miedo. Por supuesto, no cabría esperar otra cosa de la sociedad civil, que sí es verdaderamente democrática a diferencia de los poderes que se esconden tras la falacia del Estado de Derecho, que apoyar a esta víctima del mal llamado Estado de Derecho en cuanto sinónimo de democracia. Y grandes personalidades públicas españolas lo ha hecho siguiendo haciendo humor con la muerte del Presidente franquista. La fiscalía y la Audiencia Nacional no han respondido a tales provocaciones. Tal vez sigan en su línea de no otorgar la misma justicia para todos, lo que sería otra herramienta del miedo más.

En conclusión, en un Estado democrático, el Derecho no puede limitar la libertad de la opinión pública. Si eso es, no es un Estado democrático, entre otras cosas porque se excluye del Derecho a la Ley de leyes, la Constitución, por la vía de hecho, se incapacita a la Norma Suprema, en el caso de la Constitución española dejando sin efectos los valores supremos del ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo (todos ellos reflejados a lo largo de este artículo). Y un Estado sin Constitución efectiva…puede ser de Derecho, sí, pero no democrático.

Y en España, el caso de Cassandra, la estudiante de Historia, no es un caso solitario de penalizar la libertad de expresión. Se está tornando costumbre. En la última semana de febrero de 2017 fueron juzgadas por la Audiencia Nacional siete internautas por expresar opiniones o hacer chistes sobre actos terroristas. Peculiares son los casos de unos actores detenidos tras una representación teatral, la persecución judicial (y política a un grupo de rock) y la condena a un cantante, pero estos casos merecen ser observados por separado.

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