Predicciones para 2018 en infraestructura
2017 fue un año complejo para el sector de la infraestructura en general y para las Concesiones de Cuarta Generación en particular; con el escándalo de Odebrecht y sus implicaciones en algunos contratos de generaciones previas ocupando parte importante de la atención, pero también con situaciones como la de la imposibilidad de ejecutar el proyecto Cesar – Guajira, las noticias que rondan sobre Ruta del Sol III y los disturbios por la instalación de peajes en el Urabá Antioqueño han generado preocupación a constructores e inversores por igual. Si bien esto hizo que la financiación de los proyectos de infraestructura se tornara más lenta y difícil, 2018 debe ser un punto de inflexión en la materia.
Así, siendo enero es un mes de optimismo y de predicciones, el sector de la infraestructura no puede ser ajeno a esto.
El año que inicia debe ser el momento en el que se cierren las financiaciones de los proyectos 4G que aún no lo han logrado. La CCI lista 8 proyectos que durante 2017 obtuvieron los recursos necesarios, destacando la colocación de bonos hecha por Odinsa para la vía Bolombolo – La Pintada y la financiación de la IP Antioquia – Bolívar; sin embargo, identifica al menos 10 proyectos que deben lograr sus financiaciones a lo largo de 2018. Para esto, la recién expedida Ley 1882 de 2018 resulta esencial y era esperada con anhelo por todos los actores del sector.
Los inversionistas requieren la certeza que, cuando sean terceros de buena fe que resulten afectados por una declaratoria de nulidad del contrato de concesión, sus aportes al proyecto serán reconocidos al momento de la liquidación, siendo precisamente este el punto que atiende el artículo 20 de la norma. La promulgación de la norma es, con seguridad, un elemento que otorgará confianza a los inversores.
En igual sentido, la financiación de las Concesiones 4G está sustentada en dos pilares fundamentales: la confianza en que el estado colombiano cumplirá con sus compromisos de aporte y pago de vigencias futuras, y el que en el mediano plazo se contará con unos ingresos de peaje mínimos.
Frente a esto último, lo sucedido en el proyecto Autopista al Mar 2 donde dos peajes fueron incendiados resulta de suma gravedad, y aún más las manifestaciones de las autoridades departamentales y nacionales en el sentido de revisar la instalación o tarifas de dichos peajes. La estructuración de los proyectos 4G establece como un riesgo del Estado la imposibilidad de ubicar las estaciones de peaje, debiendo el concesionario sólo asumir el costo financiero de la recepción de los ingresos mínimos de peaje hasta los años 8, 13 y 18 de la concesión.
Así, en este año que inicia las autoridades deben tener presente que la atención de vías de hecho de los usuarios, no pueden alterar sin consecuencias esta estructura de riesgos, ya que lo contraria implicaría tornar inviable la financiación de las obras de infraestructura.
Precisamente, los proyectos de 4G son una gran apuesta por la modernización del país, cuya estructuración y contratación tomó más de 4 años. Se han presentado también frente a los mercados financieros nacionales e internacionales como una inversión prometedora, al punto de estarse estructurando entre FDN y la Bolsa de Valores de Colombia mecanismos para canalizar a estos proyectos recursos de miles de colombiano. Así, ni frente a los usuarios ni a los financiadores, el Estado colombiano puede darse el lujo de fracasar.
El optimismo propio de enero nos lleva a predecir que el cumplimiento de lo pactado en los contratos de concesión y la confianza de los inversores no será defraudada.
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