Los pueblos indígenas en Colombia, y su derecho al territorio: Un movimiento social en desarrollo desde hace varias décadas, en tiempos de covid-19.
Los pueblos indígenas en Colombia, y su derecho al territorio: Un movimiento social en desarrollo desde hace varias décadas, en tiempos de covid-19.
LIDYA MABEL CASTILLO SANABRIA Abogada de la Universidad de la Sabana (Colombia), Antropóloga Urbana de la URV (España), Abogada Internacional del ISDE (España). Especialista en Estudio de Títulos Inmobiliarios, legalización de garantías hipotecarias, consultor legal externo para entidades bancarias, financieras, constructores e inmobiliarias.
Hace unos 15 o 20 días pudimos ver la gran movilización de indígenas que marcharon desde el Cauca hacia Bogotá, buscando ser escuchados en sus peticiones constantes y permanentes. Este hecho para muchos no fue bien visto precisamente porque estamos en este momento cruzando por todo el mundo con el coronavirus, y era evidente que la marcha no solo traería contagios sino mayor número de enfermos. Sin embargo, de esto, la marcha se dio, y Bogotá recibió a los diferentes líderes y activistas.
¿Pero entendemos porque protestan los grupos indígenas? ¿Es claro entender si se les han violado derechos fundamentales o no? En este breve artículo, hare un corto relato desde la historia hasta el hoy.
Lo primero es señalar que, Colombia es una de las naciones con un mayor número de comunidades indígenas en Latinoamérica, aunque el gobierno colombiano ya reconoce 87 grupos indígenas distintos, la Organización Nacional Indígena de Colombia mantiene que hay 102 comunidades distintas. La Constitución de 1991 significó cambios importantes para Colombia y estos grupos indígenas, porque se genera “por fin” el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a su autonomía, territorialidad y ancestralidad.
Pero pese a este reconocimiento, finalizando la década de los 90, las manifestaciones de los pueblos nativos empezaron a hacerse visibles ante la amenaza de exterminio, ante esta vulneración del derecho a la vida, es que nace la Minga, entendida como un proceso de diálogo para llegar a acuerdos, pero con desarrollos en la práctica que han marcado los capítulos recientes de las protestas sociales desarrolladas en el país.
La población indígena de Colombia a lo largo de los siglos ha mostrado sus inconformidades porque sienten que han sido invisibilizados y discriminados por los diferentes gobiernos. Actualmente, muchas de las peticiones están relacionadas directamente con los territorios indígenas, afros y campesinos, buena parte de estas son transversales al día a día de todas y todos los colombianos. El derecho a la vida, la implementación de los Acuerdos de paz y la protección del medio ambiente han estado en las congregaciones siempre, sin embargo, de que hoy, en la movilización de octubre se hicieron relevantes cuatro puntos principales que busca tratar la Minga Indígena son
- Los asesinatos de líderes sociales
- Luego de cuatro años de firmado el documento, el Incumplimiento de los acuerdos de paz con las antiguas Farc
- Incumplimiento de pactos alcanzados en pasadas movilizaciones y
- Que se retomen los diálogos de paz con el ELN.
En cuanto al tema del derecho a la vida, es prudente advertir que este año, ha sido uno de los años más violentos de la historia reciente del país, con más de 50 masacres registradas en lo que va del año, viendo un incremento del 85 % en asesinatos de líderes sociales, sobre todo, siendo más notorio por las personas que viven en los territorios controlados por los grupos armados al margen de la ley.
En el tema de territorio, es y será uno de los ejes de la eterna guerra de Colombia. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Colombia vive una crisis respecto al uso del suelo ya que el área potencial del suelo destinado a la agricultura es del 19,3 % y solo se usa el 4,7 %. Por eso desde la minga se está pidiendo una reforma agraria integral, pensada en el beneficio de la población campesina.
La tan ambicionada Paz. Históricamente las comunidades afro, indígenas y campesinas han sido las más afectadas por el conflicto colombiano. Por eso una de las banderas de lucha más grandes que trae la minga es la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la FARC y que se retomen los diálogos de paz con el ELN. Adicionalmente se está pidiendo que se respeten los procesos de diálogos humanitarios y pactos de paz regionales y los acuerdos hechos entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
Quiero dedicar estas últimas líneas al Acuerdo de paz firmado en la Habana y lo relacionado con la tenencia de la tierra y los territorios étnicos, por tratarse de mi especialidad. Para el caso de los pueblos indígenas, los que no habitan en la región amazónica, en la del Pacífico y en las sabanas de la planicie oriental del país, que en términos demográficos son la mayoría de la población indígena del país, existe una deuda histórica en materia de acceso a la tierra. Las poblaciones indígenas que se asientan en la región central del país, al igual que comunidades afrodescendientes en los valles de los ríos Cauca y Magdalena y de la Costa Caribe, no disponen de tierras suficientes para garantizar su seguridad alimentaria, menos aún producir para el mercado.
Para la redistribución de la tierra, el acuerdo contempla la conformación de un fondo de tierras de tres millones de hectáreas que sería integrado, entre otras, con tierras provenientes de procesos de extinción de dominio (judicial y administrativa), de recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados y de sustracción de áreas de reserva forestal. De un lado, los indígenas en diferentes oportunidades han manifestado que a dicho fondo no deben ingresar tierras reclamadas por ellos, que pueden ser objeto de extinción de dominio o baldíos recuperados. Sobre los baldíos, históricamente han rechazado ese concepto por cuanto desconoce la ocupación ancestral por las comunidades indígenas, y también se oponen a la sustracción de áreas de reserva forestal, porque éstas en gran medida convergen con territorios étnicos, que no todos están titulados. En su lugar han propuesto afectar la gran propiedad terrateniente, poner límites a la concentración de la propiedad y prohibir el acaparamiento de tierras, demandas que claramente no quedaron incluidas en los acuerdos de La Habana
El tema de la tenencia de tierras, su implementación está sujeta a la adopción de normas y políticas que en su momento serán definidas en escenarios de participación. Dado que nada indica que sea la gran propiedad la que se va a afectar para resolver la tenencia de los pobladores rurales, resulta previsible que la lucha por acceder a las pocas tierras disponibles se mantenga entre los sectores rurales postergados, es decir, entre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Por ello, en las múltiples propuestas generadas por las organizaciones representativas de estos sectores de cara al proceso de paz, fue reiterativa su demanda de que cualquier decisión al respecto sea fruto de acuerdos entre los diferentes sectores sociales para evitar superposiciones y conflictos interétnicos. Este tipo de conflictos ya se han suscitado en algunas regiones a causa de la entrega de tierras y también se verifican tensiones frente a la conformación de Zonas de Reservas Campesinas, en algunos casos alentadas por intereses contrarios a esta figura de ordenamiento que le pone límites a la extensión de la propiedad rural y le da prioridad a la propiedad campesina.
Es claro que los acuerdos de La Habana no significan por sí mismos la solución de los conflictos de tierras o del desarrollo rural, ni el fin de la violencia en las zonas rurales, pero no obstante deben verse como una oportunidad para pensar a fondo cuestiones esenciales en esos temas, que hacen al futuro de la población rural, sus opciones de vida y de desarrollo.
Comentarios
Artículo sin comentarios