EL DESPERTAR DE UN PEQUEÑO GIGANTE.

Nicaragua, Dieciocho de abril del dos mil dieciocho, fecha en que despierta el pequeño gigante (Juventud de Nicaragua) y pide a gritos en las calles de Managua que exista un cambio social; pero ¿Cómo se llegó a esta solicitud que ya no sólo es parte de la juventud Nicaragüense, sino de todos los sectores sociales?

Desde 1996 se venía observando un estancamiento en la democratización, particularmente por el tal llamado “pacto” y las respectivas reformas tanto en la Constitución Política de Nicaragua como en la Ley electoral que derivaron del mismo en años anteriores entre los partidos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). A partir de este “arreglo” político que se resumen en:

Reducción del piso electoral para ganar en la primera vuelta del 45 al 35 por ciento.
El presidente y el Vicepresidente del periodo anterior pasaban a ocupar un cargo como diputados.
Ambos partidos se distribuyen los cargos en los Poderes del Estado.

Se elimina la postulación de candidatos a Cargos públicos por suscripción popular. En el caso de la distribución de Cargos en los cuatro poderes del estado conllevó a que estos se fueran partirizando, no permitiendo que se realizara una transición democrática.

Para hablar de democracia en un país donde se respeten las leyes se deben cumplir tres requisitos:
Libertades civiles.
Estado de Derecho.
Elecciones Transparentes.

Esto lo menciona el informe anual de la Democracia 2018 de la Organización V-Dem y la Universidad de Gotemburgo, el cual refleja el gran deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua en el periodo 2007-2017, y así mismo es mencionado en el informe de coyuntura 2018 del FUNIDES.

Las libertades civiles en Nicaragua ya no existen en su totalidad, pero para resumir uno de los tantos derechos humanos que nuestra constitución política establece como es el de la Libertad de expresión, entendido como el derecho de expresarse y divulgar informaciones, ideas y opiniones, a la vez que el derecho a recibir y buscarlas, es uno de los derechos fundamentales e inherentes a toda persona, y que varios tratados internacionales firmados por el Estado de Nicaragua la reconocen y deberían de promover. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la libertad de expresión “es una condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre”. (Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5 del 13 de Noviembre de 1985).Y eso es lo que realmente le falta a Nicaragua.

La crisis socio política de Nicaragua nace con la noticia que un diecisiete de abril de que la Vicepresidenta del país señora Rosario Murillo, imponía el decreto 03-2018 en donde reformaba la Ley de Seguridad Social, violentado el procedimiento que imponen las leyes del país para la aprobación de nuevas tasas a como lo indica el artículo 114 de la Constitución política. El decreto más neoliberal que un gobierno que dice llamarse “Socialista” hace a un pueblo que a medio puede sobrevivir se le aumente la tasa de cotización del seguro social, el cual por años ha sido saqueado por el gobierno. Todos estos años del régimen de Daniel ortega mantuvo un Modelo de Consenso con la Empresa Privada, el cual se rompe al aprobarse el decreto. La mañana del dieciocho de abril hace que los sectores más vulnerables como es el caso de los Jubilados volvieran a salir a las calles, siendo atacados por grupos de choques, por tal efecto en la tarde de ese mismo día el pequeño gigante (La Juventud de Nicaragua) despierta y por más de cuatros meses salieron a la calles a buscar ese derecho de Libre Expresión que con poca dificultad existe en Nicaragua.

De acuerdo con el índice de la Libertades civiles políticas publicado por V-Dem, Nicaragua ha pasado de ser clasificado como un país con “Libertad Política” en la década de los noventa, a uno con “censura significativa· hacia sus ciudadanos en el 2017. Esta clasificación es similar a la obtenida durante la década de los ochenta. Es decir hemos retrocedido enormemente en el respeto a los derechos humanos. Y es algo que el Informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que el Estado de Nicaragua cuya representación la mantiene el señor Daniel Ortega ha cometido delitos de esa humanidad en contra del pueblo nicaragüense. Y es que a diferencia de Venezuela que existe una oposición, en Nicaragua desde hace años atrás los partidos político de alguna u otra manera son aliados del gobierno, como consecuencia del mismo pacto, es decir no existe institucionalidad alguna, ya bien mencionaba Jorge Ordoñez, Director de Instituto Centroamericano de Gobernabilidad (ICG), en un artículo que escribió en el Diario Extra, San José Costa Rica en Agosto del 2014 reflexionaba “Los sistemas presidenciales generan la perversión de gobiernos donde opera el principio de “juego suma cero”: quien gana el Poder Ejecutivo asume que ha ganado la totalidad del “botín” para su partido y para su grupo de adherentes y bases electorales” y es que al parecer Nicaragua se ha convertido en el botín de los que no quieren aceptar que han cometido errores en su forma de gobernar.

Desde la histórica Sentencia Judicial No. 504 emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de las cinco de la tarde del diecinueve de Octubre del dos mil nueve, que permite abolir el artículo 147 de la Constitución Política lo que abre la posibilidad de la reelección indefinida en Nicaragua, que buen premio para aquel que jamás le importo cumplir con los tratados de paz, como son Esquipulas I y II, al cual fue firmante, y es que Ortega decía una década atrás que quería ganar “para acabar con el presidencialismo” y que “el poder quede en el pueblo”. El tiempo pasó y, para el pueblo, el mandatario no ha hecho más que acumular poder en torno a él y su familia.

En Nicaragua con la crisis a la fecha hay 561 ciudadanos muertos, 1578 ciudadanos heridos, 1336 ciudadanos secuestrados, 767 presos políticos, los cuales se les mantiene procesos que violan el procedimientos del debido proceso, además de recibir torturas y que a diario son expuestas por sus familiares; a eso le tenemos que agregar las violaciones que han recibido las presas política, la censura a la prensa nacional por tal razón hay más de 55 periodista exiliados debido a la persecución y represión de la Libertad de Expresión; más de 20 mil exiliados los cuales se encuentran refugiados en el País de Costa Rica, los cuales viven un éxodo fuera de su patria, viviendo en casi un hacinamiento, falta de vivienda y oportunidades por no tener papeles para trabajar y a eso agrégale la terapia psicológica que tienen que tener porque tal vez han perdido un familiar o por las violencia a la que fueron expuestos por parte de paramilitares. El Informe “Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el Contexto de las protestas en Nicaragua, realizado por el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, resume la crisis en tres etapa:

La primera etapa se extiende desde el 13 de abril hasta el once de junio del 2018, manifestándose la represión tradicional con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía Nacional y grupos parapoliciales en contra de los manifestante en las calles, así como la suspensión del Dialogo nacional. La segunda etapa abarca del 12 de Junio al 24 de Julio del 2018 llamada “operación de Limpieza” que trataba de operativos por parte de los grupos paraestatales en coordinación con la policía nacional con el objetivo de desmantelar las diferentes barricadas y bloqueos que los ciudadanos levantaron como forma de manifestarse.

La tercera etapa que comprende del 25 de julio a septiembre del dos mil dieciocho estuvo orientada a una represión selectiva en la cual se persigue y criminaliza a líderes de movimientos sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos asociados a las manifestaciones o percibidos como opositores del gobierno, dando como consecuencia la cuarta etapa la cual se mantiene a la fecha que comprende es una estrategia estatal para impedir cualquier manifestación a través de la ocupación de todo espacio público además de intimidar y criminalizar a las voces opositoras del gobierno a los organismos de derechos sociales y a los medios de comunicación independientes en el país.

A diez meses de que se continúan violando derechos humanos el gobierno del señor Daniel Ortega decide ir a una negociación que no cumple con las condiciones para la ciudadanía y de esta manera darle una solución a la crisis socio política ya que uno de los invitados son a aquellos que alguna vez consensuaron por más de once años con el gobierno, pero se les niega el derecho a los otros sectores de la sociedad que exigen un cambio.

Por más de Once atrás de este contexto existieron otros pequeños gigantes que buscan un cambio para el futuro; de aquí mi reflexión de que Nicaragua tiene serios problemas de memoria histórica, porque olvidó a aquellos héroes que en verdad dieron su vida por liberarnos de una dictadora y se aferraron al caudillismo de ver que alguien podría solucionar nuestros problemas, cuando es el pueblo JUNTOS quienes con un gobierno abierto que busque la participación ciudadanía para implementa políticas públicas que satisfagan las necesidades de los sectores más vulnerables en igualdad de condiciones saldremos adelante. Es decir, Nicaragua sigue escribiendo su historia de aquella revolución que se le fue robada.